Diálogo
Por David Figueroa O.
Articulo 19.
El ataque a la corrupción debe ser real, efectivo, contundente, por ser uno de los reclamos más sentidos de los mexicanos al ser un cáncer, que parece imbatible, fomenta la impunidad, que cuesta demasiado a México y limita el desarrollo económico y social,.
Las reformas al artículo 19 de la Constitución, que se discutirán en estos días en la Cámara de Diputados, deben constituirse en una “tranca” para la llamada “puerta giratoria” del nuevo sistema de justicia penal que permite a los delincuentes salir inmediatamente después de cometer un delito. Se les debe castigar con prisión preventiva para que no regresen a robar.
El Senado aprobó el 6 de diciembre, con 91 votos a favor y 18 en contra, reformar el artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a diversos delitos.
La minuta aprobada por la Cámara Alta ya pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados y se realizarán audiencias con analistas, juristas y organizaciones para elaborar una propuesta que se discutirá en el Pleno Legislativo.
Tiene como propósito ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva a fin de que los presuntos responsables tengan que enfrentar su proceso penal en prisión. En la nueva relación se incluyen los delitos de:
- Abuso sexual o violencia sexual contra menores
- Robo en casa-habitación
- Feminicidio
- Uso de programas sociales federales con fines electorales
- Corrupción en los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
- Robos al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
- Delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
- Uso de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de sus diputados de Morena, pretende impulsar tres delitos en lo particular: El uso de programas sociales con fines electorales; en materia de hidrocarburos -por el grave problema de los “huachicoleros”- y el de la corrupción, en los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Y me voy a referir a este último, por ser la corrupción en México la principal barrera para el desarrollo económico aún por encima de la inseguridad. En las consultas a las cámaras empresariales y a los hombres de negocios: La corrupción es la que limita el desarrollo económico del país.
México pierde al año 5% del Producto Interno Bruto (PIB) por actos de corrupción y falta de transparencia, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, a noviembre de 2018. https://www.dineroenimagen.com/actualidad/cuanto-le-cuesta-la-corrupcion-mexico/104846
El costo de la corrupción puede alcanzar hasta el 10% del PIB, según el Banco Mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coincide en esta cifra al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).https://www.reporteindigo.com/indigonomics/los-altos-costos-de-la-corrupcion-en-mexico-segun-cifras-de-la-ocde/
Según el informe de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupción de la región en la prestación de servicios públicos. https://verificado.mx/corrupcion-cuesta-pib/
La corrupción nos cuesta demasiado y la Organización de Transparencia Internacional estima que son arriba de 347 mil millones de pesos que equivalen a ese 10 por ciento del PIB.
Sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados en México y siempre los cometidos por mandos inferiores no por los altos jefes. De 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, desde 1998 al 2012, sólo siete personas fueron consignadas, es decir apenas el 1.5 por ciento, según datos del Legislativo.
La corrupción da paso a la impunidad y es fundamental que se apruebe como delito grave para que se dicte prisión preventiva a quien la cometa y no tenga derecho de libertad bajo fianza para que enfrente el proceso desde la cárcel, a fin de que no vuelva a robar.
Por eso es de suma importancia mandar un mensaje claro del trato que recibirán aquellos funcionarios que se presten a actos de corrupción -en la modalidad de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones- de que perderán su libertad para enfrentar proceso penal.
El reto será la profecionalización de los operadores de la justicia, que deben garantizar que no sean sólo señalamientos sin sustento hacia los presuntos culpables, y que quienes vayan a prisión preventiva sean realmente culpables y no se trate de actos políticos ni se atente contra los derechos humanos.
David Figueroa Ortega es empresario, ex cónsul de México en Los Ángeles y San José, California; ex diputado federal; ex alcalde de Agua Prieta; ex dirigente del PAN en Sonora.
Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través de: davidfigueroao@me.com @DavidFigueroaO
David Figueroa O.
