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Con una maratónica sesión extraordinaria cerró actividades la 61 Legislatura del Estado de Sonora, instancia que ahora sí sin la presión ni acoso de parte de quienes pretendieron imponer agendas y tomar decisiones antes de tiempo, ejercieron su encargo constitucional y dieron trámite a alrededor de 33 asuntos sustantivos.

Si bien la tradición popular pone en el centro de la crítica a diputadas y diputados sin importar partidos ni legislaturas, una evaluación desapasionada de las acciones y los hechos por la que concluye vigencia el primer minuto del 16 de septiembre próximo, deja ver que a pesar de lo que se diga y se suponga, hicieron buena chamba y estuvieron a la altura de las exigencias del trienio.

Distinto a otras ediciones legislativas recientes, en ésta hubo capacidad de negociación y responsabilidades políticas suficientes, para evitar la parálisis en el parlamento sonorense, abonando a esa continuidad las habilidades para la construcción de acuerdos de los coordinadores Epifanio Salido, Moisés Gómez Reyna, Luis Serrato y Fermín Trujillo, además de la fluida comunicación con el Poder Ejecutivo, vía el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

Epifanio Salido

Importante destacar que por primera vez, diputadas y diputados fueron se sometieron a un Consejo de Evaluación Ciudadano, que midió los distintos aspectos del desempeño quienes integran la saliente representación popular sonorense y tal fiscalización debió motivarlos a hacer las cosas mejor, dar más rendimiento en su productividad y así.

El caso es que desde cualquier punto de vista, bueno el trabajo de la 61 Legislatura, que salvo algunas garrapatas que no afectan el todo, habrá que reconocer la calidad de su gestión, sin que dejen mancha alguna episodios como para el anecdotario que protagonizaron por ejemplo la ahora alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, cuando desde la tribuna soltaba rabiosas e histéricas catilinarias defendiendo a Guillermo Padrés, en estrecha asociación con su cuate Javier Dagnino.

A fin de cuentas, tales explosiones de troglodismo político quedaron en nada y ahora Padrés sigue en la cárcel; Dagnino sigue en el PAN y la de Puerto Peñasco se fue a MORENA y está por asumir la presidencia municipal de Hermosillo.

Por cierto, no tenemos ningún reparo en reconocer la repentina civilidad política de López Cárdenas, quien vía redes sociales reconoció la plena disposición y apoyo en que la gobernadora Claudia Pavlovich ha insistido para que a Hermosillo y a los hermosillenses nos vaya bien.

Célida López y Claudia Pavlovich

De acuerdo al material gráfico divulgado de reunión privada llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, todo indica que imperó la cordialidad, independientemente a que se adelantó que la mandataria no asistirá a la toma de protesta del cabildo capitalino, ya que el compromiso es atestiguar ese protocolo en los relevos municipales de Alamos, Navojoa y Huatabampo.

Bien por la rocaportense al despojarse de telarañas mentales y emprender vías institucionales en la obligada interacción que tendrá con el Ejecutivo del Estado en los siguientes tres años, al igual que ocurrirá con el resto de los ayuntamientos de la entidad, en lugar de asumir posiciones de trasnochado radicalismo como ese que llevó a autoridades municipales electas de MORENA, a desdeñar y despreciar la invitación a reunión de trabajo hace unos días.

Pero estábamos con el trabajo de este lunes en el Congreso del Estado, destacando en el cargado orden del día, la toma de protesta de los ahora magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Elvia Zatarain Andablo y Javier Enríquez Enríquez, asunto que pasó sin tocar aro, en función de que por primera vez en ese tipo de nombramientos, se privilegió el Servicio Profesional de Carrera y no intervinieron intereses políticos ni compadrazgos, como bien lo señaló el presidente del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez Rodríguez.

A propósito de privilegiar el Servicio Profesional de Carrera, reconocemos que nos tomó fuera de base las propuestas de relevos en la estructura administrativa del Congreso del Estado, toda vez que por unanimidad fueron designadas Ana Teresa Teros Hernández como subdirectora de Control Presupuestal y Noelia Denisse Siqueiros Córdova como titular de la subdirección de Tesorería.

Luis Serrato

Tenemos un friego de años de conocerlas luego que desde muy morritas comenzaron a trabajar en el Poder Legislativo; a base de constancia, eficiencia y capacitación, fueron escalando por mejores oportunidades y ahora, en hora buena, son reconocidas con nuevas responsabilidades.

Ana Teresa cubre el vacío que dejó la también amiga Karla Beatriz Ornelas, que migró al ISAF para seguir como mano derecha del Contador Mayor, Jesús Ramón Moya, en tanto que Denisse sustituye a nuestro también añejo amigo, Raúl Moreno Limón, quien presentó su renuncia a la Tesorería porque seguramente trae algo mejor en su mira.

También por unanimidad la legislatura aprobó el nombramiento de Sebastián Colio Constante como auditor interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para un período de cuatro años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2022, designación eminentemente técnica, de la cual ya se nos habían informado hace unos días.

Bueno el detalle en la agenda del día, el que se haya dado trámite a la solicitud de licencia del panista Luis Serrato y entrara su suplente Hiram Alcaraz Lacarra, según esto sólo con fines curriculares, cuando no faltaron quienes elucubraron motivos como el de la renuncia al PAN de su siempre mentor, Francisco Búrquez, o berrinches por la disputa por la dirigencia estatal de su partido, pero no, todo indica que se trató solo de un gesto amistoso para con su suplente.

Por otra parte, el categórico rechazo de la gobernadora Pavlovich al incremento al peaje en las casetas de cobro por parte de CAPUFE, no es nuevo, ya que como diputada local desplegó intenso activismo por ese mismo motivo ya que dichas alzas no corresponden al pésimo estado de la carretera de cuatro carriles y a sus eternas e inconclusas obras de reconstrucción.

Adolfo García Morales

Ahora como gobernadora deberá tener mayores espacios de gestión para revertir ese abuso en contra de la economía de los sonorenses, frente un leonino incremento de cuotas de peaje unilateral, arbitrario y sin justificaciones, cuando el estado de esa vía de comunicación no corresponde a las altas pretensiones de cobro en las distintas casetas, en donde se recaudan sumas millonarias sin que se reflejen en inversiones para mejorar su estado.

Mientras tanto, buenos los reportes de la reunión que sostuvo el titular de Seguridad Pública, Adolfo García Morales con representantes del sector privado del sur de Sonora, a quienes informó de los avances del proceso de migración del C4 a la nueva tecnología con que opera el C5i, en apoyo a los propósitos de avanzar en la protección de bienes y personas frente a la delincuencia.

En su mero mole el Ciro Pera Loca de esa tecnología de punta puesta al servicio de la gente, David Anaya Cooley, en lo que fue una reunión informativa muy ilustrativa, dejando en claro la disposición de la autoridad estatal para estrechar la comunicación con liderazgos empresariales y sociales con el fin de reducir los espacios de operación de la delincuencia.

Por cierto, Increíble que haya quienes se atrevan a considerar que esa tecnología es un elefante blanco y cuestionen su operación sólo porque son tardadas las respuestas en situaciones de emergencia, como si el C4 o ahora el C5i, operara las policías municipales, que son como todo mundo lo sabe, quienes deben atender tales requerimientos, o sea, en todo caso las críticas deben dirigirse a dichas instancias.

Odracir Espinoza

Y si ven por ahí al Fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza, salúdenlo, felicítenlo, ya que en el marco del Primer Congreso Nacional “Retos y Perspectivas del Combate a la Corrupción desde el ámbito penal”, llevado a cabo en Quintana Roo, se constituyó la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y sus 16 integrantes lo eligieron de forma unánime como su presidente.

Dicho organismo tiene por objeto establecer, impulsar y difundir programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención, investigación y detección de delitos por hechos de corrupción, así como proponer políticas públicas en la materia y facilitar, generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia en materia de corrupción.

 

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