Incomprensibles decisiones en contra de los sectores más vulnerables del país se están tomando por un gobierno que se supone es el abanderado de sus causas y que mediante alegatos de corrupción, ha eliminado programas de profundo impacto social y que atenuaban condiciones de marginación.
Pudiera ser que se trata de errores producto de la improvisación, incompetencias en materia de planeación, presupuestación y programación; a lo mejor es por ignorancia combinada por pruritos y perspectivas quisquillosas que derivan de eternos opositores al llamado prianismo y que ahora como gobierno, los mueve la revancha sin importar quien se las hizo.
Pero el caso es que resulta sumamente preocupante el que miles de madres trabajadoras deban buscar nuevas alternativas para el cuidado de sus hijos al eliminarse subsidios a las estancias infantiles; que queden fuera del radar federal presupuestal, cinco mil 542 comedores comunitarios que garantizaban al menos dos comidas diarias para alrededor de medio millón de mexicanos o que miles de personas ya no puedan obtener ingresos a través del Programa de Empleo Temporal.
Es que así como ocurrió con alrededor de 100 programas de orden social que venían operando en los últimos años, estas estrategias fueron dejadas sin recursos como parte de los propósitos de reorientación del gasto federal, concentrándose éste en financiar la vida de los ninis, incrementar con poco más de mil pesos las pensiones de adultos mayores, que en el caso de las reducciones para la operación del sistema COBACH y del CECYTES, la reorientación de dicho gasto debe tener que ver con la creación de las mentadas 100 nuevas universidades.
Si, 100 nuevas universidades para atender egresados de preparatoria cuyos planteles y planta docente están en grave riesgo, al grado tal que este jueves y viernes van a un paro nacional, sin que se vea cómo pudieran ser atendidos sus reclamos frente a un gobierno que sólo escucha lo que quiere oír e impone rampante dogmatismo y carácter definitorio a cualquier decisión tomada.
El caso de las estancias infantiles es el más emblemático y el que registra una notable escalada de movilización de quienes creen posible una reconsideración para que miles de niñas y niños mexicanos mantengan sus derechos de tener una atención óptima, cuenten con educación integral y se les ofrezca el cuidado de necesidades básicas, entre otros beneficios para su desarrollo.
En Sonora son alrededor de siete mil 900 infantes que hasta diciembre pasado eran atendidos en 224 estancias, de las cuales ya han cerrado 35 por la reducción a la mitad del presupuesto respecto a lo destinado para ese fin en el ejercicio federal del 2018 y luego la decisión de esa otra mitad decidieron que se entregará de forma directa a beneficiarios para que contraten a tías, abuelitos y demás, para que atiendan a sus hijas e hijos.
Torpeza ejemplar subyace en esas decisiones de parte de esos de la cuarta transformación, con la buena noticia de que luego de varias semanas de buscarlo, representantes de esas estancias por fin fueron atendidas por el delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, quien de forma privada dialogó por alrededor de dos horas, sin que trascendiera nada más que un cauteloso optimismo por la apertura que a fin de cuentas mostró el funcionario federal.
Por supuesto que desde nuestro punto de vista, nada podrán lograr con el reconocido académico universitario, pero la lucha le hacen y por eso su presencia en el Congreso del Estado donde también renegaron de los efectos de una decisión evidentemente impopular, ante integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, encabezada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez.
Irrefutables los posicionamientos del numeroso grupo de madres de familia, educadoras y responsables de estancias infantiles y lo más extraño del caso, es que estos jactanciosos fieles intérpretes del sentir popular de la cuarta transformación no los hayan tomado en cuenta antes de decidir esa marranada.
Primero que nada y por elemental sentido común, está el caso de la proyectada entrega directa del subsidio a beneficiarios que irremediablemente será gastado de forma discrecional en asuntos como el pago de la luz, agua, gas y necesidades básicas, además que no todas las mamás disponen de parentela dispuesta a dar ese servicio y lo más grave es que recurrir a estancias privadas es muy caro.
Estuvo buena la reunión y ya veremos que es lo que baja al pleno de lo recopilado por las diputadas comisionadas, Alejandra López Noriega, María Dolores del Río, Magdalena Uribe Peña, Miroslava Luján y los diputados Carlos Navarrete y el Pollo Castelo, aunque en el orden del día de la sesión de este jueves no aparece nada al respecto.
También ahí las diputadas Ernestina Castro Valenzuela, Griselda Soto Almada, Rosa Icela Martínez Espinoza y Diana Platt Salazar, para en resumen, al menos comprometer a la soberanía sonorense para que se sume a la exigencia de la permanencia al cien por ciento de dicho programa e incluso aprovechar la estancia de López Obrador en Hermosillo este sábado, para hacerle llegar un posicionamiento para explicarle que al menos en Sonora no existe ningún motivo para desaparecer ese servicio.
Por su parte, al fin mujer y con demostrada sensibilidad social desde su adolescencia, por supuesto que la gobernadora Claudia Pavlovich está atenta a esa situación y hasta donde ahora le compete, decidió otorgar una prórroga al pago de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil, dadas las carencias económicas que enfrentan, por la mezquindad del gobierno federal.
Este programa, acompañado de inspecciones periódicas, garantiza o garantizaba condiciones de seguridad operativa de esos establecimientos y el pago de cinco mil 300 pesos quedará pendiente, en función de que la federación reasuma una responsabilidad con un programa que ha resuelto la vida de miles de madres trabajadoras.
La gobernadora sostuvo una reunión con representantes de las afectadas y bien Guadalupe Lizeth Villalobos López, presidenta de la Asociación Civil Conservando los Valores de Familia, y representante de las estancias infantiles de la entidad, quien hizo una reestructurada exposición respecto a la actual crisis y proceso de desaparición de dicho servicio.
Por lo pronto, la mandataria hace lo suyo en apoyo para aliviar la situación y ya veremos qué decide de persistir la cerrazón federal en contra de un programa que prácticamente nació en Sonora por el impulso del entonces delegado de la SEDESON en la entidad, Gustavo de Unanue Galla, ahora subsecretario de Servicios de Gobierno, quien por supuesto estuvo presente en la reunión, al igual que su jefe inmediato, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.
Y como la niñez sonorense es uno de los bienes más preciados y como tal hay que cuidarla, ya el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Alberto Flores Chonganunció que tal como lo prevé la Ley 5 de Junio, está al pendiente para en la medida que se aplique la ocurrencia de dispersar a esos casi diez mil niñas y niños para quedar a cargo de adultos mayores o parentela, establecer un programa de supervisión que evite situaciones de riesgo donde se concentren en un número mayor de seis.
Además, aplicar la norma que establece que todo inmueble que sea utilizado con ese fin deber ser validado por las autoridades, además de estar alejado de negocios como gasolineras o cualquier otro donde haya materiales inflamables que pongan en riesgo a los inscritos, así como otras especificaciones que se mandataron a raíz de la tragedia en la guardería ABC.
A propósito de la gobernadora, este miércoles estuvo en su natal Magdalena donde anunció un plan emergente para todo el sector de salud estatal orientado hacia tres rubros: Cero Rechazo en todas las áreas de urgencia del sistema hospitalario, que incluye capacitación del personal con unidades neonatales al 100 y suficientes medicamentos y material quirúrgico y de curación, a través de un fondo de 200 millones de pesos que deberán aplicarse en un plazo de 45 días en todos los hospitales y centros de salud de la entidad.
Así responde la mandataria al penoso caso ocurrido hace unos días, donde una recepcionista negó el servicio a una señora a punto de parir, aunque afortunadamente, ocurrido el nacimiento en un automóvil, el personal médico de la clínica se las ideó para enfrentar con éxito la emergencia mediante métodos artesanales tradicionales en esos casos.
“Es inadmisible e inconcebible que a una mujer embarazada a punto de dar a luz, se le haya negado el servicio médico”, cuestionó la mandataria al anunciar las medidas para que algo así no vuelva ocurrir, en el marco de reunión posterior, en donde acompañada por el secretario de Salud, Enrique Claussen, leyó la cartilla a funcionarios de esta dependencia, jefes de las seis jurisdicciones sanitarias en el estado, directores de hospitales, administradores y directores generales de área de la Secretaría de Salud, a quienes hizo un enérgico llamado a supervisar y buscar soluciones a las situaciones que enfrenta el sistema hospitalario estatal.
