Vaya despiporre en redes sociales y grupos de chat por los presuntos ceses fulminantes de los delegados de PROFEPA y PROFECO, todo acompañado de intenso “fuego amigo” desde las alcantarillas de MORENA en Sonora, en un contexto de pichicatería mediática oficial de la cuarta transformación.
Todo indica que por esos rumbos se abre una etapa de ajustes de cuentas y definiciones frente a la pobreza de resultados, incompetencias e improvisaciones, que se complementan con las presuntamente extremas medidas de “austeridad republicana”, decretadas desde el Palacio Nacional.
A fin de cuentas, lo único que se sabe con certeza a media tarde de este martes, es que el fallido coordinador de Comunicación en el gobierno municipal de Alejandro López Caballero, Fausto Vázquez Castelló ya no es delegado de la PROFECO en Sonora y por otra parte, hay versiones contradictorias sobre si Santiago Luna García dejó de serlo de la PROFEPA.
No hay indicios concretos respecto a que tales medidas hayan sido ordenadas desde la célula madre del morenismo allá en la Ciudad de México y sólo tocó ejecutarlas al super delegado Jorge Taddei Bringas en función de los efectos del punto número ocho del memorándum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado tres de mayo, dirigido a los “servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal.
Dicha comunicación contiene toda una serie de ordenanzas con las que se pretende ahorros presupuestales que irán al fortalecimiento financiero de PEMEX y que en el apartado ocho se establece que “No habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales. El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en cada entidad federativa deberá desempeñar la función de representante de todas las instituciones del Gobierno Federal, para lo cual se apoyará en el personal operativo de base”, instruye.
Más allá de los recortes a los ya recortados presupuestos de toda la estructura federal, a los Estados y a los ayuntamientos de este país, y las prospectivas que lucen muy tenebrosas para la economía nacional, ese punto número ocho del memorándum presidencial pudiera ser el fondo de la confirmada salida de Vázquez Castelló de la PROFECO, quien a lo mejor se negó a integrarse “al personal operativo de base” para apoyar las tareas y las responsabilidades macro de Taddei Bringas.
Y si tal instrucción se aplica a la letra, entonces no fue una noticia fake la también salida de Luna García de la PROFEPA, como tampoco lo será la de Guillermo Noriega Esparza del IMSS; Benjamín Hurtado de Relaciones Exteriores; Petra Santos de la SEDATU; Pavel Núñez de la FGR; Eduardo Pacheco de la SCT, y Enrique Garzón de la Procuraduría Agraria, que son los que hasta donde sabemos ya están instalados como delegados y debe haber más, pero que a lo mejor no aceptan tampoco convertirse en “personal operativo de base”, bajo las órdenes del super delegado.
Así anda el abarrote por rumbos de la cuarta transformación en Sonora, cuando en ese perturbador cronograma, el último día de este mes de mayo es la fecha límite para la desaparición de miles de puestos que ocupan desde el primero de diciembre pasado los integrantes del primer ramalazo morenista en la burocracia federal, al no ser incluidas en el presupuesto las plazas que ocupan y desaparecer las estructuras de asesores que han puesto tan de moda por esos rumbos.
Si el primer esbozo de ajustes y remociones como el de este martes escaló el cáustico fuego amigo donde no se respetó el entorno familiar de Taddei Bringas, vaya usted a saber cómo se pongan las cosas con quienes del plato a la boca se les cayó la sopa, bueno, si es que en efecto se acatan los términos del multicitado punto ocho del memorándum presidencial, que ya como chinos libres serán una amenaza.
Por supuesto que habrá por ahí quienes acepten esa frustrante realidad con un “si es por el bien del país, ni modo”, pero lo cierto es que tales extremos están dejando un pesado lastre de resabios que no presagian nada bueno para la efímera luna de miel, entre quienes resultaron beneficiarios del accidente electoral del 1 de julio del año pasado.
Y para donde uno voltee encuentra desatinos y perspectivas de confrontación, en ese amasijo concentrado en MORENA, realidad lastimosa y decepcionante, que sin dudarlo, es precursora de cosas peores para la calidad de vida de los mexicanos y los sonorenses.
Como agregado a ese mazacote, está por ejemplo la inexplicable actuación de la diputada coordinadora de la bancada de MORENA en el Congreso del Estado, Ernestina Castro Valenzuela, en contra de su compañero de partido y alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, urgido del apoyo legislativo para sanear las finanzas del organismo operador de agua potable, gestión que contrario a la jefa de la bancada morenista, fue bien recibida por otros grupos parlamentarios.
Y qué pero le ponen a la purga emprendida por la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, cuya chalupa hace agua por varios lados, particularmente en el área de Seguridad Pública, con una increíble escalada de delitos patrimoniales, además de los de alto impacto, más o menos igual a lo que ocurre en Guaymas con Sara Valle; Jesús Pujol en Nogales, y así por el estilo.
Por cierto, luego que la gobernadora Claudia Pavlovich manifestara la urgencia porque ya comience a operar la mentada Guardia Nacional en Sonora, no faltan quienes aprovechan para pretender demeritar el trabajo que realizan la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras y el Secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, quienes ante la inoperancia de instancias policiacas municipales y la inacción del ya mentado delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Pavel Núñez, hacen hasta donde les alcanza el cuero para atender la embestida delicuencial.
Los resultados de sus chambas están a la vista y a diario dan cuenta de ello los medios de comunicación, aunque por la magnitud y complejidad de esa problemática, por supuesto que el Estado requiere del apoyo de la hasta ahora fantasmagórica Guardia Nacional, para que realice lo que no están haciendo la FGR ni de las instancias municipales.
Por supuesto que la solicitud de la gobernadora porque se apure los de la Guardia Nacional, para nada demerita el ejercicio diario de las instancias estatales y por supuesto que urge que ese nuevo cuerpo paramilitar asuma sus responsabilidades en el combate a los delitos de alto impacto y contra bandas cuyas actividades y acciones se encuadran en el fuero federal. Si la GN hace su chamba, las instancias estatales y municipales harán mejor la suya.
Por lo demás, bueno el ejercicio convocado por el Colegio de Sonora y la asociación “Creamos México”, para que los exalcaldes de Hermosillo, Francisco Búrquez, María Dolores del Río, Ernesto Gándara, Javier Gándara y Alejandro López Caballero, conversarán sobre lo que les tocó vivir al frente del municipio capitalino.
Esa juntada se llevará a cabo después del cierre de estos Entretelones, por lo que los detalles de la misma podríamos abordarlos en el despacho de el miércoles, pero por lo pronto e independientemente de lo que digan ahí, Búrquez ya pasó a la historia como quien obstruyó la oportunidad histórica de que los hermosillenses dispusiéramos de agua potable suficiente y para siempre al oponerse a la construcción de una desaladora, ya que de acuerdo a sus datos, Hermosillo estaba sobre inmenso manto de agua dulce.
A la del Río Sánchez le tocó lidiar con las consecuencias al tener que implementar los aborrecidos tandeos, los cuales “El Borrego” eliminó buscando y encontrando otras fuentes de abasto, además de entrarle a la atención a la red de agua y a sus fugas, en el marco de una administración que en sus dos primeros años y cacho fue muy constructiva, pero que se enredó al romperse una buena relación con el gobernador Eduardo Bours, por motivos electorales.
Javier Gándara logró una de sus más caras ambiciones políticas, para resultar todo un fiasco como administrador al dejar una millonaria deuda y sin que se conozca en qué se aplicó, además de aplicar criterios empresariales que lo llevaron al mercadeo de bienes del municipio para beneficiar a su familia a asociados, actuación que pesó mucho para que fuera derrotado en la contienda por la gubernatura.
De López Caballero resultó una extensión de su antecesor con fuerte combinación de frivolidad y corrupción, aderezadas con la sangrienta disputa interna del PAN para la selección de candidaturas en el 2015, que representó prácticamente un año perdido en su gestión municipal.
Ya abundaremos al respecto, porque resulta por demás interesante y contundente el posicionamiento del titular del ISSSTESON, Pedro Angel Contreras López, al advertir sobre la desfachatez de la planta laboral de la Universidad de Sonora, al exigir el 100 por ciento de sus ingresos como pensión al jubilarse, cuando solo aportan el ocho por ciento de sus salarios para ese rubro, en lugar del 27 por ciento que marca la ley 38 y que aportan los más de 140 organismos afiliados a la institución.
Ya este espacio ha abordado esa añeja negativa de los sindicatos universitarios de pagar lo que la ley les señala, la cual se contrapone a sus vocingleras exigencias de ser atendidos al 100 por el organismo y pretender pensiones no acordes a sus aportaciones.
Por lo pronto, ya hay jurisprudencia que señala que el monto de las pensiones debe ser calculado sobre lo cotizado y proporcionales a las aportaciones de trabajadores y patrones y así será mientras que autoridades de la Universidad de Sonora y sus sindicatos se nieguen a actualizar su convenio de servicios, negativa que desde el 2006 representa que el ISSSTESON deje de recibir 13 millones de pesos mensuales, lo cual es un montón de dinero que se abona a la mezquindad de quienes aspiran a retiros dorados, exigen todo y de primera calidad y sólo quieren pagar lo mínimo posible.
