El miércoles 15 de abril pudiera decirse que fue un día memorable para los habitantes de la populosa y deteriorada ciudad de Hermosillo, ya que temprano por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que la capital de Sonora era una de las 50 ciudades del país, integradas a un programa de inversión de 25 mil millones de pesos para este año.
Un día antes, la alcaldesa Célida López Cárdenas había dado a conocer que por motivos de la contingencia sanitaria se suspendía la subasta del predio El Cárcamo, operación que se proyectó para al menos disponer de 186 millones de pesos con el fin de emprender la rehabilitación de vialidades y que generó vocinglero rechazo de ecologistas, presuntos ecologistas, promotores del deporte y tradicionales voces del antigobiernismo del signo que sea.
Para esas fechas ya era popular aquello de que “me vino como anillo al dedo” y sí, a la presidenta municipal le vino como el anillo al dedo ese anuncio mañanero y el mismo día envió oficio al titular de la SEDATU, Román Guillermo Meyer Falcón, a quien le manifestó su interés para conocer cuanto antes cómo y cuándo se aplicaría ese recurso para tener listos los proyectos de inversión.
Respaldada por los dichos presidenciales, López Cárdenas adelanta que tales 500 millones de pesos deberían ser aplicados exclusivamente en el mejoramiento de la infraestructura urbana, gravemente dañada por las lluvias de diciembre y enero
Dicha interacción derivo del citado anuncio en la mañanera de ese día, en respuesta a un cuestionamiento respecto a la subasta que había convocado la alcaldesa del predio donde casi en el abandono, se practica el futbol y el beisbol aledaño a la Sauceda, trueque que como decíamos, primero fue suspendido por motivos de la emergencia sanitaria y luego, porque el presidente había salido al quite con ese recurso.
Dos o tres días después se supo que de esos 500 millones de pesos, para bacheo o vialidades se destinarían “solo” 150 millones de pesos, lo que para muchos significó cuentas mochas del inquilino de palacio nacional para con los hermosillenses, pero como sea, es una buena feria para avanzar en el esfuerzo para combatir la pandemia de baches que azota a la cabecera del municipio capitalino y así se reconoció.
Bueno, pues las cosas no deban andar muy bien o muy claras que digamos, para que vía redes sociales la alcaldesa Célida López Cárdenas irrumpa en los placeres millenials de Meyer Falcón, para recordarle el compromiso inicial del presidente, al menos en lo que se refiere a atender los baches, ya no mediante una inversión de 500 millones de pesos, sino con los 150 millones después reducidos.
“Entendemos qué hay un plan de desarrollo urbano y qué hay reglas de operación que respetar. Pero Hermosillo tiene una urgencia y @lopezobrador_ lo dijo claro que al menos 150 millones eran para rehabilitación de calles”, le dice la alcaldesa al joven titular de la SEDATU, y como las reglas de operación para dicho presupuesto se refieren para equipamiento y vivienda, la munícipe le pide apoyo para qué parte de esos recursos sí puedan ser destinados para pavimentación, en algo así como que de lo perdido lo ganado.
Pues ojalá, Dios quiera y Doña Célida logre su objetivo y pueda superar la persistente burocracia y enredos programáticos y presupuestarios que tanto critica el presidente tratándose del pasado, pero que mantiene en el presente, cuando lo idea sería que aplicara ese criterio tan socorrido de entregar de forma directa los recursos, ya no a los habitantes de este municipio que sufrimos los baches, sino a la autoridad municipal sin la intermediación del titular de la SEDATU, ya que se supone que no hay ninguna posibilidad de corrupción mediante esa entrega directa.
Pues mientras son peras o son manzanas, hace bien la alcaldesa y aprovechar estos tiempos de vialidades sin tanta carga vehicular para avanzar en el programa de bacheo, el cual ya reviste condiciones de urgencia, porque en menos de dos meses inician las lluvias y vuelta a empezar.
Por lo demás, ni en las fantasías más mórbidas del presidencialismo priista o panista, se les pudo ocurrir que sus fuerzas representadas en el Congreso de la Unión operaran una reforma que le cediera al titular del Ejecutivo Federal la potestad de reasignar el presupuesto de manera discrecional; redireccionar el presupuesto del gobierno, vía la secretaría de Hacienda, por motivos de emergencia económica, sin la intervención y valoración de los diputados y, obvio, sin consenso de la oposición.
Ni en los sismos de 1985, o los de 2019; ni por “el error de diciembre” de 1994, ni en otras emergencias que ha enfrentado este país, ningún partido político, por más dominante que fuera, se había atrevido a que desde la presidencia de la república operar una aberración de esa naturaleza, habiendo tantas vías intermedias que hacen prevalecer el respeto a la división de poderes y a la misma constitución.
Pues en esas anda el rebaño morenista en la Cámara de Diputados, en una especia de harakiri porque con ello ceden como representantes de uno de los poderes del estado, una sus labores sustantivas, faltando solo que también acaben por entregar sus facultades y obligaciones de fiscalización del gasto, y eso ocurre con el pretexto del Covid-19, para el cual desde hace tres meses estaban preparados, dicen.
Dicha marrullería legislativa para atender un decreto enviado por el presidente a San Lázaro, se justifica por la contingencia sanitaria que según el propio inquilino de Palacio Nacional ya está domada y que desde hace más de tres meses su gobierno estaba preparado para enfrentarla, referentes obligados para cuestionar respecto a para qué diablos quiere manos libres para manejar presupuestos.
No quiere endeudar al país ni tocar los miles de millones de pesos asignados para construir sus faraónicos e inútiles proyectos o a su asistencialismo bananero, pero sí quiere dar tarascadas a diestra y siniestra a programas de inversión seguramente a presupuestos estatales y a programas de apoyo a sectores productivos, ya de por sí mermados por la mezquindad morenista.
Al menos en Sonora el Poder Legislativo fue factor fundamental y la instancia correcta, no para que la gobernadora Claudia Pavlovich dispusiera a su antojo de lo ya decidido en diciembre por los diputados para todos los sectores y municipios de la entidad, sino que aprobaron la utilización de una línea de crédito de 520 millones de pesos, por ellos mismos aprobada, para atender la emergencia.
Ya veremos en qué culmina esa estrategia autogolpista de la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados, sin que tengamos idea si lo que aprobarán por instrucciones de arriba, deberá ser ratificado por la mitad más uno de las legislaturas locales, que si así fuera, pues algo podría hacerse al respecto, pero si todo queda en la instancia domada por el presidente, pues ya nos chingamos.
Así las cosas, mientras el presidente con una mano soba el lomo y somete a los diputados de su propiedad en San Lázaro, con la otra esgrime el hacha en contra del sector privado y las clases medias de este país, incapaz de aceptar que otros hagan lo que el se empecina en no hacer para establecer bases que permitan reestablecer las cadenas productivas, la recuperación del ingreso y el empleo, luego de pasar la pandemia.
Por cierto, al menos en Cajeme, Guaymas y Empalme el saldo trágico de la embestida del Covid-19 en esos municipios es superado ampliamente por esa otra pandemia encarnada por el crimen organizado, que en estos días ha dejado pruebas muy evidentes respecto al fracaso de la publicitada estrategia de Alfonso Durazo de militarizar los mandos policiacos.
Siguen siendo diarios los reportes de levantones, ejecuciones y actividades abiertas de mañosos en esos municipios, mientras allá en la Ciudad de México el titular de Seguridad Pública hace cuentas alegres y entre ellas, reconoce que las cosas no están bien, cuando a fin de cuentas lo que debería de hacer es al menos diseñar una nueva estrategia, que para eso es bueno, aunque a fin de cuentas no sirvan de nada.
Lo que son las cosas, mientras el Covid-19 avanza en su fase tres y en San Luis Río Colorado pareciera se vive es fase potenciada por el alto número de casos y de defunciones, y a nivel federal Horacio Duarte ya sustituyó a Ricardo Ahued en la dirección general de Aduanas, en esa esquina del noroeste de Sonora se recrudece una confrontación pública y familiar cuyo protagonista principal es Alejandro Aguirre Ruiz, administrador de la aduana en esa frontera.
Es comidilla popular la disputa y desencuentros con su consorte o exconsorte, además de no guardarse detalles respecto a los causales del diferendo en el que obviamente interviene el cuerno, sin importar lo inmaculado de la presunta militancia en MORENA del funcionario federal. Esperamos el próximo episodio de esa telenovela cuatroteniana.
