Es cuestión de escuchar sin prejuicios los posicionamientos de MORENA y el PAN en contra de la cuenta púbica estatal 2018, para concluir que a unos los mueve la ignorancia sobre ese tema y a los otros la desfachatez, la desvergüenza y una abierta manipulación con pretensiones mediáticas.
En lo general, las exposiciones de unos y otros en el pleno de la 62 Legislatura y posteriores campañitas a través de medios de comunicación, son ajenas a los estrictos criterios técnicos de los procesos de auditoría y fiscalización que aplican los profesionales de las ciencias contables y administrativas.
Resulta un poema a la estulticia la argumentación de la coordinadora de la bancada de MORENA, Ernestina Castro Valenzuela, en contra de las conclusiones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, apoyado por calificados despachos externos y más bien se trató de muletillas con pretensiones efectistas y que ni siquiera esas entiende la mayoría de ese grupo parlamentario.
En el caso de los pitufos y su vocero en turno en la legislatura local, Jesús Eduardo Urbina, así como el histérico dirigente estatal, Ernesto Munro, hay una fuerte dosis de perversidad, porque ellos sí saben de que se tratan los procesos de fiscalización y aún así optan por desacreditar lo que con precisión señala la ley en el ámbito de facultades del ISAF, esas mismas que estaban vigentes durante la corrupta gestión del PAN desde el gobierno del Estado.
Por supuesto que el organismo autónomo que encabeza Jesús Ramón Moya Grijalva ha fortalecido y ampliado el ámbito jurídico de su ejercicio y con ello multiplicado exponencialmente su carga de trabajo, para que lo de auditorías aleatorias del pasado pasen a ser un mero eufemismo, porque su aplicación ya casi llega al 80 por ciento de la administración estatal, organismos autónomos, asociaciones civiles y sindicatos.
Resulta repugnante la retórica descalificadora de esos liderazgos panistas, que como bien dicen por ahí, hoy pontifican sobre buen gobierno, honestidad y transparencia, pero que cuando han estado en cargos públicos han sido ejemplarmente incompetentes, autoritarios y rateros, y nuestra referencia para nada va encaminada a justificar situaciones actuales en el gobierno estatal, ya que afortunadamente las diferencias son diametralmente opuestas a la depredación del padrecismo panista, ahí donde Munro fue protagonista muy importante.
En el caso de los de MORENA, pues la verdad es que resulta patética su ignorancia que les lleva a recurrir a expresiones panfletarias y sin sentido, sin que nada tenga qué ver el hecho de que en la cuenta pública estatal 2018 haya daño patrimonial por actos deshonestos, destacando que ese purismo discursivo en contra de la gestión en el Gobierno de Estado, no lo apliquen en el caso de administraciones municipales de ese partido e incluso en la federación, donde se observa y se denuncia rampante corrupción e incompetencia.
A fin de cuentas, las posturas de la de MORENA y el del PAN, muestran una vez más que los extremos se unen o que nunca han sido extremos y más bien sus diferencias se circunscriben a ignorancias y a pervertidas desvergüenzas, pero en el fondo son la misma cosa.
Respecto al récord histórico de 31 cuentas públicas municipales reprobadas, quisiéramos pensar que las actuales autoridades no cumplieron con su deber institucional de continuar con los procesos de solventación que llevaban a cabo sus antecesores y por eso sus bajas calificaciones hasta en ayuntamientos como Hermosillo o Cajeme y otros, en donde se disponen de recursos técnicos y humanos para ejecutar dichas tareas, aunque dichas omisiones fueron como un harakiri.
Recordamos cuando al inicio de la actual administración estatal, veíamos a un esforzado contralor estatal, Miguel Angel Murillo, dando puntual seguimiento a las tareas de aclaración y solventación del gasto público federal en Sonora, ya que era importante limpiar ante la Auditoría Superior de la Federación, el cagadero heredado por el PAN-Gobierno y con ello no afectar futuros flujos presupuestales de la federación hacia el estado.
Pues tal obligación no fue cumplida por las actuales administraciones municipales en su mayoría, sin que con ello infiramos que les heredaron ese cagadero aludido y si así fue, pues sólo fue un simple agregado al que se traen actualmente por ejemplo en Navojoa y Guaymas, sólo para citar a un parecito.
El mejor ejemplo de lo anterior es el caso de Empalme, que con la calificación más baja con 2.5, los primeros ocho meses y medio del 2018 fueron el cierre de una gestión muy cuestionada y para cerrar el año hubo continuidad en dicha tendencia o sea resulta lógica dicha evaluación.
Ese caso obliga a establecer una diferenciación entre omisiones de orden administrativo por la improvisación de autoridades morenistas que sin preparación e inexperiencia de pronto se vieron frente a un ayuntamiento y tampoco saben ni papa sobre procesos administrativos y mucho menos sobre auditorías y fiscalización, y esos otros que abundan, que a sabiendas de ser ilegal, creyeron que su arribo alcaldías es patente de corso para el manoteo, colocación de parentela en puestos de mando y operar presupuesto del gasto sin atender el marco jurídico en esa materia.
El caso es que en los municipios están los principales retos de capacitación para el ISAF y por eso cobran relevancia las propuestas que fueron incluidos en el análisis de resultados, para reformar la normatividad jurídica actual, con el fin de ampliar el ámbito de la fiscalización y sobre todo, dotar de más dientes a dicho organismo para efectos de sanciones contra quienes no cumplan.
Lo cierto es que les guste o no a desfachatados del PAN e ignorantes de MORENA, mejor deberían de salir de su respectivo socavón y aceptar, que en la actual administración estatal a cargo de Claudia Pavlovich, se han reducido a un mínimo histórico las observaciones por irregularidades y todo indica que dicha tendencia a la baja se mantendrá.
A propósito de ayuntamientos y socavones, vaya que le ha llovido en su milpita a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, primero por el pésimo estado de vialidades capitalinas y ahora por lo que se considera la primera víctima mortal a causa de ese deterioro callejero, luego de conocerse que un ciudadano cayó en un socavón de colapsado troncal de drenaje en populoso sector hermosillense.
Durísima ha sido la crítica contra la munícipe, más que nada por su fervor tuitero elusivo frente al drama que viven los familiares del ciudadano desaparecido, en un contexto confuso desde el principio y plagado de información contradictoria, aunque desafortunadamente parece confirmarse que en efecto, esa persona cayó en ese hoyo y seguramente murió.
Ahora falta encontrar el cuerpo y para ello trabajan brigadas de Agua de Hermosillo, Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil, tal como lo informó este miércoles en rueda de prensa, el director de la paramunicipal, Alfredo Gómez Sarabia, quien comprometió su esfuerzo hasta dar con quien sufrió ese infausto accidente.
Conexo a dicho compromiso, de la fregada la información respecto a que desperdigados en toda la mancha urbana de Hermosillo hay 16 socavones y por ende se requiere de una calendarización para repararlos, pero que mientras tanto está debidamente señalizados con el fin de evitar accidentes.
Por otra parte, en el marco de lo que para muchos se trata de descubrir el hilo negro en materia del combate a la inseguridad, se puso en marcha en Sonora un proceso de capacitación para policías estatales y municipales para la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Hasta donde pudimos entender de lo dicho en el acto protocolario de arranque, se trata de mejorar la percepción ciudadana e incrementar su confianza en instituciones de seguridad, reforzando las habilidades de agentes de la ley para la solución de conflictos entre particulares, adiestrándolos en los mecanismos de mediación para evitar la judicialización de tales conflictos.
Por supuesto que de algo servirá ese Curso-Taller de Formación para replicadores de Justicia Cívica que tomarán directivos policiacos de Hermosillo, Navojoa, San Luis Río Colorado, Cajeme, Nogales, Cananea y Caborca, así como a policías estatales, y jueces calificadores, quienes se convertirán en replicadores certificados para llegar a un total de 2 mil elementos en una primera etapa.
Muy bien el titular de Seguridad Pública David Anaya Cooley al describir los alcances y propósitos de dicho esfuerzo, que como se sabe, bajo diversas modalidades ha sido permanente, ya que amalgamar a policías con sus comunidades es una divisa prioritaria de todos los gobiernos, solo que ahora los genios de la 4T le pusieron un nombre rimbombante.
Dicho curso se inscribe en los procesos de profesionalización que despliega el Instituto Superior de Seguridad Pública y se prevé que en las 60 horas que durará ese aprendizaje, los elementos podrán desarrollar capacidades para que incorporen e implementen en sus actividades diarias, mecanismos alternativos de solución de controversia, a fin de solucionar conflictos vecinales; conocerán las definiciones y conceptos que sientan las bases de la justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad. Nada pescadito en un entorno y propósitos ya muy platicados y donde la única novedad es lo referente a la “justicia cívica”.
Por ahí Gilberto Landeros Briceño, comisario general de Seguridad y Tránsito Municipal de Hermosillo; José Jaime Valenzuela Tiznado, secretario técnico de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz; Rubén Campos Padilla, coordinador general de Operaciones; y José Luis Urban Ocampo, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, además de nuestro compa Jorge Andrés Suilo, Coordinador Estatal de Prevención del delito y la directora de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la SSP, Cassandra López Manzano, sin faltar por supuesto Adriana Gallego Gómez, coordinadora de Proyectos Especiales y Relaciones públicas de la SSPE.
