La tradicional clase política de México ahora encabezada por Andrés Manuel López Obrador, celebró de forma tradicional por un acuerdo cuyos términos exactos se desconocen, pero que por lo que hasta ahora se sabe, más que celebrarse con tradicionalismos patrioteros, debiera ser motivo de profunda preocupación para verdaderos patriotas.
Con letras grandotas, lo único que se sabe es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump “suspendió de forma indefinida” la imposición del 5 por ciento de aranceles a todos los productos que México exporta a ese país, a cambio de que el gobierno mexicano militarice la frontera sur y que sea garantía de seguridad para migrantes centroamericanos que soliciten asilo al vecino del norte.
Hasta ahora es lo que más o menos se sabe de lo que está obligado México, luego de una negociación cuyos resultados representan un histórico y demoledor golpe a la dignidad nacional, que si bien para algunos las cosas fueran peores con la adicional carga arancelaria “suspendida de forma indefinida”, es menester subrayar que tal disyuntiva fue una falacia al tratarse de un blofe –jugada falsa para acobardar o impresionar al oponente—dada la imposibilidad práctica y legal para imponerla.
Estuvimos atentos al proceso de negociación y al evento convocado por el presidente en Tijuana y no encontramos absolutamente nada respecto a lo que aporta el gobierno gringo que no sea solo esa “suspensión indefinida” de las sanciones arancelarias y la verdad es que el mismo López Obrador reconoce en sus alardes discursivos los términos de las obligaciones asumidas por la delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y la titular de economía Graciela Márquez Colín.
“¿Qué sigue? Cumplir puntualmente los compromisos, reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Promover la aplicación inmediata del programa de desarrollo de la CEPAL para impulsar las actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en el sur-sureste de México. Desde la semana próxima estaremos ofreciendo oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos”, expuso el presidente en su genuflexa manifestación tijuanense.
Ese párrafo de su discurso ratifica los peores temores y es la culminación de un proyecto largamente trabajado por el departamento de Estado norteamericano e impulsada por Trump y que no es otro que hacer de México su sala de espera para los miles de centroamericanos que aspiran el status legal de refugiados en Estados Unidos y santuario supervisado hasta por la ONU.
Por supuesto que son tiempos de unidad nacional y la verdad es que siempre deberían ser tiempos de unidad nacional, y por eso ese sólido acuerpamiento que le dio al presidente la clase política en turno, con a excepción de unos cuantos, todos los gobernadores ahí estuvieron, así como el pleno del gabinete federal, diputados, senadores y demás, quienes es de esperarse que ya estén enterados de las letras chiquitas de lo pactado y de sus consecuencias.
En ese sentido, obvio que hasta el momento de esa supuesta celebración, la gobernadora Claudia Pavlovich no tiene esa información, ya que en un comunicado oficial subraya la urgente necesidad de dialogar con el presidente y funcionarios federales a fin de conocer las bases, programas o fondos federales, que se canalizarán para brindar apoyo extraordinario a los estados, para enfrentar la situación migratoria, derivado del acuerdo.
Bien por la mandataria sonorense en levantar la mano en dicha parafernalia dada su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO y que además los efectos de ese acuerdo impactarán principalmente los Estados de la frontera norte de México, en donde habrá necesidad de atención en empleo, salud, vivienda, educación, entre otras situaciones que se generarán ante la llegada de migrantes que sean devueltos de Estados Unidos.
La gobernadora hizo bien al puntualizar que los Estados por sí mismos no cuentan con recursos para atender esta demanda, y será necesario el apoyo del Gobierno Federal, con el objetivo de hacer frente, como parte de la política humanitaria y de respeto a los derechos humanos de los migrantes que demanda ese estatus de “Tercer País Seguro”, que de facto impuso Trump a México.
Curioso el caso ya que como se sabe y hay sobradas razones para creerlo, si México no es un país seguro para los mismos mexicanos, difícilmente lo será para extranjeros y peor el caso, cuando la columna vertebral de la Guardia Nacional con todo y su equipamiento, se concentrará en la frontera sur del país como un muro de contención del flujo migratorio centroamericano.
Por todo ese contexto no entendemos ni nos explicamos el triunfalismo de los de la cuarta transformación y que incluso se nos incluya a todos en un paquete que sin nuestro apoyo no se hubiera logrado evitar la imposición de los aranceles anunciados para este lunes, cuando además tal sanción pende como espada de Damocles para cuando le de la gana a Trump usarla.
Lo del “Tercer País Seguro” es un tema que estuvo siempre sobre la mesa de negociación e incluso el propio Ebrard insistió en descartar tal condición, aunque por los dichos del propio presidente, todo indica que es un hecho y que habrá de hacerle frente a una realidad que representa atender necesidades de empleo, vivienda, servicios de salud y educación para al menos 10 mil personas actualmente hacinadas en ciudades fronterizas y la suma se incrementará.
Las instancias mexicanas de gobierno no pueden ofrecer seguridad, empleo, educación, salud y vivienda ni para miles de ciudadanos de este país, pero ni modo, frente a la tradicional debilidad de nuestro país ante el poderoso vecino del norte y un gobierno que primero acusó a nuestro gobierno de hacer poco o nada contra el narcotráfico y ahora acusa de lo mismo en materia migratoria.
Patético el caso de López Obrador, quien al arranque de su gestión se asumió como el Robin Hood de los migrantes centroamericanos, ofreciendo transportación gratuita hacia la frontera con Estados Unidos con cargo a las finanzas de los Estados y que ahora se ve en la necesidad de fungir como peón y amortiguador de un problema que primero incentivó y ahora deberá resolverlo con alto costo.
En nuestro caso, lo del concepto “Tercer País Seguro” que se aplica en temas humanitarios frente a flujos migratorios, más o menos lo teníamos en nuestro radar, obligándonos a profundizar en tal tema cuando leímos un posteo tuitero del dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, quien ante los triunfalismos oficialistas sobre la firma del acuerdo advirtió: Ojalá nomás no se haya aceptado la condición del ‘tercer país seguro’, porque de ser así, los Gobiernos Estatales Fronterizos estarían resintiendo una enorme problemática y ninguno está listo para hacerle frente!”.
En efecto, urge claridad de los términos, porque a ojo de buen cubero no hay nada qué celebrar y mucho de qué preocuparnos, cuando además, ese tráfago ha servido como cortina de humo al hecho de que a partir del sábado pasado y durante una semana el consumidor de gasolina premium 4.060 pesos por litro, en lo que representa la gradual eliminación de subsidios a las gasolinas que irremediablemente nos llevará a graduales incrementos cuando la expectativa que vendió la cuarta transformación fue que su precio sería menor.
A propósito de De Lucas Hopkins, este sábado hubo fiesta por rumbos de la sede estatal del PRI, ya que con la presencia del dirigente nacional de la Red Jóvenes por México, Pablo Angulo Briceño, rindieron Héctor Enciso Ulloa y Alexia Vivanco, como dirigente y secretaria general de los jóvenes en Sonora.
Luce muy en alto el ánimo entre los del PRI ante el notable liderazgo que le pone “El Pato” a todo lo que hace, que en el caso que nos ocupa, ese ceremonial fue la culminación de un proceso interno democrático que es considerado ejemplar a nivel nacional y que como se adelantó por el propio dirigente en Sonora, será replicado en cada uno de los relevos institucionales de su estructura y luego en la definición de candidaturas.
Por ahí, bien placeados y haciendo buena su condición de priistas y claudilleros químicamente puros, el titular de la SEDESSON, Manuel Puebla y el secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, entre otros funcionarios estatales y cuadros partidistas que le están poniendo los kilos para que su partido retome sus tradicionales niveles de competitividad.
Y la cita de este lunes es a las diez de la mañana en el Congreso del Estado, en donde la sufrida representación popular sonorense sesionará de forma extraordinaria para entrarle a diversos asuntos, que para efectos mediáticos, el más importante es el caso Bácum, que valga destacar el completísimo planteamiento de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para fundamentar primero la separación de Rogelio Aboyte Limón de la presidencia municipal dada su ausencia definitiva de dicho encargo por estar cumpliendo condena en una prisión gringa.
Y para redondear la cosa, se inicia el procedimiento de revocación de mandato del susodicho, para concluido dicho trámite, se den los acuerdos hasta ahora no alcanzados entre los factores de poder en dicho municipio, y se nombre a un alcalde sustituto, proceso que tendrá en el ojo del huracán durante los siguientes días al presidente de la comisión dictaminadora, Jesús Alonso Montes Piña, quien deberá endurecer el lomo ante la segura embestida de sectores de MORENA, que por razones desconocidas lucen empecinados en cuidarle la silla a Aboyte Limón.
