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Negociación en proceso

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Si nos atenemos al tradicionalismo político y éste sobrevive al dogmatismo rampante de la cuarta transformación, resulta válido suponer que el proyecto de presupuesto federal 2020 turnado ala cámara baja del Congreso de la Unión, es negociable y el etiquetado de recursos puede variar.

Desde esa perspectiva, la gobernadora Claudia Pavlovich se encuentra en la Ciudad de México con el propósito de que en el destino del gasto federal para el año próximo, se atiendan las prioridades del los habitantes de este estado y así, dichas definiciones no se tomen desde un lejano escritorio por la neotecnocracia populista de moda.

La mandataria estatal dispone de toda la información para ser tomada en cuenta y atendidas sus propuestas, además que como punto de apoyo, es acompañada por el experimentado secretario de Hacienda del Estado, Raúl Navarro Gallegos, si, el mismo al que en estos días le inventaron el mitote de su inminente salida del gabinete estatal.

El año pasado se desarrolló una tramitología similar y hay que reconocer que no nos fue bien en términos generales, aunque la gobernadora pudo sacar el subsidio al consumo doméstico de energía eléctrica; que se mantuviera el ritmo en la construcción del Hospital de Especialidades, así como otros piloncitos conseguidos a cuenta gotas a lo largo del año.

Raúl Navarro Gallegos

La gobernadora sonorense ha logrado construir una sólida relación institucional e incluso afectiva con el presidente Andrés Manuel López Obrador y quizás en esta nueva negociación, este sea el plus que haga la diferencia en las mesas de trabajo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, particularmente en los casos del sector agropecuario y pesquero, así como recursos para infraestructura para el desarrollo, pero primero que nada, evitar efectos negativos para la prestación de servicios de salud, educativos y seguridad pública.

Insistimos en la necesidad de que se pongan las pilas los representantes de Sonora en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cuya mayoría morenista el año pasado ni siquiera metió las manos en una desvergonzada demostración de irresponsabilidad y falta de solidaridad para con sus representados, con la esperanza de que en esta ocasión se saquen la espina.

También suponemos que como en la edición anterior, en el caso de la diputada federal Irma Terán Villalobos y la senadora Sylvana Beltrones se sumarán desde el ámbito de sus facultades a los esfuerzos de la gobernadora Pavlovich, que en el caso de la representación del PAN no tenemos la menor idea, aunque por su versión local, todo indica que su apuesta es que nos vaya mal a los sonorenses.

El caso es que el objetivo de la actual negociación en proceso construir un paquete fiscal con el cual formular una propuesta de presupuesto estatal de avanzada, que revierta los efectos de la mezquindad federal del año pasado y que al aprobarse por la legislatura del Estado, nos renueve la esperanza de que se recuperará la economía estatal y su ritmo de crecimiento se reactivará.

Irma Terán Villalobos

Por cierto, rústica politiquería subyace en la campañita de posicionamiento electorero, el pretender responsabilizar exclusivamente a la gobernadora Claudia Pavlovich de las actuales condiciones económicas en función de mediciones publicitadas al respecto, cuando ese tema es de orden nacional y se deriva de la estrechez de las políticas públicas que en la materia ha impuesto el gobierno federal y que este año han golpeado muy fuerte a la entidad.

La novedad de asumirse de pronto en la oposición, hace que algunos pierdan la perspectiva y aborden al bote pronto los frecuentes flashazos sobre dichas mediciones del crecimiento económico de este país y sus entidades federativas y lo hacen como si Sonora fuera una ínsula impenetrable de tendencias en las que inciden principalmente instancias superiores como lo es la estrategia de restricciones y recortes presupuestales que a lo largo del año ha aplicado la secretaría de hacienda. 

Pero las cosas seguirán complicadas si esa tecnocracia populista impone condiciones en el manejo económico nacional, aplicando estrategias con las que pretenden inventar el hilo negro en contra de la ciencia de la economía de mercado.

Ese tema domina la agenda mediática de estos días, aunque al relevo ya se muestra creciente lo relativo al análisis de resultados de las cuentas públicas del Estado y de los ayuntamientos, que deberá dar trámite el Congreso del Estado en las siguientes semanas, en el marco de un asunto de orden técnico poco entendible para la mayoría de los integrantes de la representación popular sonorense y que por ello su tratamiento requiere de intensivas terapias del titular del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva.

Jesús Ramón Moya Grijalva

De un año para otro, vaya que se potenció al alza el trabajo de fiscalización realizado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que en esta ocasión, además de las revisiones contables de los entes obligados, se incluyó la elaboración de la encuesta de percepción de calidad en los servicios públicos municipales, así como la percepción e incidencia de actos de corrupción en la entidad.

En la cancha legislativa están los numeritos sobre los manejos financieros de 86 dependencias de los tres poderes del Estado, de 72 administraciones municipales y 86 entidades paramunicipales, así como 35 sindicatos y 61 asociaciones civiles, que en el caso de los municipios, gravita el hecho de que se trató de resultados quebrados en función de que el ejercicio fiscalizado estuvo a cargo de administraciones salientes y entrantes.

Dicha circunstancia obliga a deslindes de responsabilidades y quizás eso genere bastante ruido dadas las bajas calificaciones en el caso de ayuntamientos que en el pasado mantuvieron una alta eficacia en el manejo de sus recursos, que en el caso del Estado, la tendencia sigue a la baja en función de la estricta posición de la gobernadora Pavlovich y a la irreductible actuación por la honestidad del contralor Miguel Angel Murillo.

A propósito de deslindes de responsabilidades respecto al resultado de la fiscalización al ayuntamiento de Hermosillo, la alcaldesa Célida López Cárdenas atribuyó la mala calificación emitida por el ISAF al ejercicio del gobierno municipal anterior.

Miguel Angel Murillo

Dijo que el 98 por ciento de las observaciones corresponden a actos administrativos de la comuna a cargo de Manuel Ignacio Acosta y Angelina Muñoz e incluso informó que el daño patrimonial asciende a nueve millones de pesos.

Por cierto, la alcaldesa capitalina sostuvo nutrida reunión con lo más variado de la representación de medios de comunicación de Hermosillo, ante quienes rindió un pormenorizado informe sobre los retos que enfrenta, cómo le hace para superarlos y sus prospectivas para lo que se viene.

Muy bueno el ambiente en esa tertulia que a manera de cena ofreció López Cárdenas y la verdad nos declaramos sorprendidos por la evidente buena relación que tiene en el gremio, destacando entre otras cosas su amplio reconocimiento al apoyo y buena relación que sostiene con la gobernadora Pavlovich, la cual consideró como histórica y muy fructífera para los hermosillenses.

Algo más qué destacar es que contrario a lo que pudiera pensarse, no fue prolija ni insistió en invocaciones a la cuarta transformación y más bien se declaró expectante a lo que venga, como resignada a que las prioridades presupuestales se definan desde aquellos rumbos.

Célida López Cárdenas

En su amplio abordaje, la percibimos pesimista frente a la abulia ciudadana de no cumplir con sus obligaciones fiscales como el predial o a la poca iniciativa de los dueños del dinero para comprometerse en el desarrollo económico del municipio, aunque entrona en sus abundantes expresiones coloquiales al calificar condiciones adversas.

Novedosa su propuesta para aliviar el alto endeudamiento de la comuna lo cual sangra las finanzas con 400 millones al año sólo por pago de intereses, considerando la posibilidad de conseguir que terrenos nacionales pasen al patrimonio del ayuntamiento para ser vendidos y que esos recursos sean destinados exclusivamente al pago de deuda.

En materia de seguridad pública apuntó que en equipamiento ya casi cubre todas las necesidades, faltando sólo 30 patrullas para estar en una media favorable, reconociendo por otra parte que falta resolver el reto de que los policías tengan ingresos dignos y estén altamente capacitados, adelantando que al menos 169 agentes no deberían de estar en la corporación por no aprobar exámenes de control y confianza, pero que no se dispone de 30 millones de pesos para su liquidación.

Y no, no habrá informe, sino que se concretará a seguir el intensivo reparto de ejemplares de un periódico para que de forma directa los hermosillenses se enteren de lo que ha hecho y sólo cubrirá el aspecto legal y protocolario entregando al cabildo el documento correspondiente.