Valiera más que la cuarta transformación le bajara unas rayitas en la escalada de confrontación entre el gobierno y los miles de policías federales que se niegan a mutarse como Guardias Nacionales en demérito de sus condiciones y derechos laborales.
La descalificación y el autoritarismo que subyace al señalar como fifís a los integrantes de ese cuerpo policiaco en extinción; que estaban mal acostumbrados a la buena vida; que se echaron a perder o lo que es lo mismo, que estaban en franca descomposición, solo a derivado en reacciones más extremas de quienes rechazan una recontratación a todas luces ajena a elementales derechos laborales.
A partir del miércoles las manifestaciones de protesta se extendieron por todo el país y todo indica que de no convenirse pronto una solución, pudieran presentarse condiciones irreconciliables cuando ya se alzan voces porque se les apliquen sanciones por desacato e insubordinación, en un contexto que podría derivar en conflicto mayor que involucraría en uno de los bandos a alrededor de cuarenta mil mexicanos que durante casi 20 años se constituyeron en el primer frente en la lucha contra la delincuencia organizada, debidamente entrenados y armados.
Buena señal el cariz conciliador de las últimas declaraciones del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, aunque lucen insuficientes frente a los continuados agravios de los últimos meses, que incluyeron amenazas y presiones para obligarlos primero a asumir tareas en el Instituto Nacional de Migración; el que sin tener una formación militar se les someta a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional y que sean obligados a acatar instrucciones de quienes no tienen nociones de las técnicas de la investigación y función policial.
Constituida por decreto de ley a principios de 1999, la Policía Federal Preventiva la han traído de tingo al tango, primero dependiente de la Secretaría de Gobernación; luego de la Secretaría de Seguridad Pública y así a través de los últimos 20 años, durante los cuales fueron considerados como un cuerpo de élite, con equipamiento de última generación y estándares superiores de capacitación.
Mal inicio de la Guardia Nacional, ya que bajo las prospectivas iniciales la PFP aportaría al menos 35 mil elementos y los restantes entrarían en procesos legales de liquidación, jubilación, retiro voluntario, aunque bajo las nuevas condiciones laborales, se asegura que la cantidad de eventuales mutantes se reduciría a menos de 10 mil.
De las exigencias de los inconformes, se infiere lo que rechazan: respeto a la dignidad de todos los que conforman la policía federal; respeto a la antigüedad laboral; respeto a las prestaciones laborales; devolución de la operatividad de $9,800.00 cada 25 días laborados; no ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial.
No pertenecer a la Sedena; no vivir en cuarteles militares; sueldo quincenal de $15,000.00 pesos libre de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019; horarios de labores conforme a la ley federal del trabajo; dotación de uniformes dos veces por año, entre otras exigencias.
Independientemente a la solución que el gobierno imponga a esta problemática, se nos figura que el daño ya está hecho y es irremediable y el principal perjudicado es sin duda Durazo Montaño, quien obviamente falló en toda la línea en ese proceso de transición, embone o fusión de la Policía Federal a las filas castrenses y por ello debe dar la cara y asumir los costos de ese amotinamiento.
A lo mejor se trata de incapacidad del sonorense para comunicar o simplemente no tuvo tiempo para desplegar una estrategia de información interna, en función de lo que ahora dice para minimizar los daños, que si lo hubiera dicho con la debida oportunidad y extendido entre los directamente implicados en dicha mutación, las actuales movilizaciones de rechazo no se hubieran presentado.
La grave situación que enfrenta el país, con un primer semestre que registró niveles históricos de incidencia criminal, no admite más demoras en la respuesta que debe dar el Estado Mexicano a los ciudadanos, que tampoco pueden estar sujetos a planes diseñados sobre las rodillas, a improvisaciones y a palos de ciego.
En mejor onda, excelente el evento donde se ratifica el liderazgo de Sonora a nivel nacional en transparencia y rendición de cuentas, tal como quedó claro en la XXIX Reunión Estatal de Contralores Estado-Municipios, en el marco de un escenario repleto de corta uñas, que afortunadamente conforme avanza el tiempo son menos utilizados al arraigarse esa nueva cultura que postula y promueve la gobernadora Claudia Pavlovich en el sector público estatal y municipal.
No es cualquier cosa el que Jesús María De la Torre Rodríguez, Director General Adjunto de Estrategia, Planeación y Normatividad de la Unidad de Auditoría Gubernamental adscrita a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública y exdirector de Auditoría Gubernamental en Auditoría Superior de la Federación, reconozca que Sonora es ejemplo nacional en mecanismos de control y fiscalización del gasto.
Y ahí lo planteó ese prestigiado personaje de la fiscalización de este país, frente a quienes conforman el primer frente que vigila el buen uso de los recursos públicos de los municipios de la entidad, a quienes planteó una nueva concepción en las tareas de fiscalización que de persecutorias, ahora son amistosas, de apoyo, capacitación y cooperación de los entes superiores, ya no buscando responsables de actos de corrupción, sino principalmente estableciendo mecanismos de prevención y de control eficiente del gasto público y en general del servicio público.
Miren, ya las notas informativas darán cuenta de la conceptual manifestación discursiva de la gobernadora, postulante siempre de que la honestidad, la transparencia y la moralidad en cualquier ámbito no se tratan de obligaciones de orden legal, sino que es una forma, una cultura de vida que todos debemos asumir, y que aplicada en el servicio público permite llevar más beneficios a la gente.
Sin descuidar detalles de logística y organización, como siempre el contralor Miguel Angel Murillo y ahí también el titular del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, atracado de chamba toda vez que en el actual proceso de revisión de cuentas públicas, se incorporaron nuevos factores e indicadores, con la consecuente enredadores de sujetos obligados.
Por ahí también, un gusto saludar a Aarón Grageda Bustamante, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como también a Marisol Cota Cajigas y a Ricardo García Sánchez, quienes junto a Mireya Félix López, integran como magistrados, la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
Aguantando a pie firme los avatares de estos tiempos, por ahí nuestro compa comisionado del Instituto de Transparencia Informativa, Francisco Cuevas Sáenz, así como la otra de las patas del Sistema Estatal Anticorrupción, el fiscal ídem, Odracir Espinoza Valdez, sin que viéramos por el rumbo las representaciones de la Fiscalía General de Justicia ni del Poder Judicial.
Si estuvo el diputado más llevado y traído en estos días, Jesús Alonso Montes Piña, por supuesto atento a la evolución de los acontecimientos en Bácum donde afines a mañosos pretenden evitar que asuma la alcaldía Benita Aldama López, y por cierto, mucho cuidado debería tener el diputado Raúl Castelo Montaño, mejor conocido por el remoquete “El Pollito”, quien ha resultado un torpe entrometido en dicho conflicto.
Tenemos el reporte de que el expanista ha tenido pretendida intervención clandestina en dicho conflicto y para no variar, sólo lo ha enredado, quedando en evidencia su condición del biscocho que tira la piedra y esconde la mano, sin que ello lo limite para despotricar contra Montes Piña a pesar de que el diputado del PES hasta ha tratado de protegerlo para evitarle broncas por sus estulticias.
En la reunión fue presentado el nuevo portal www.cuentasclaras.sonora.gob.mx y tal como ocurre cuando entran en operación herramientas y plataformas tecnológicas, ahí la jefa de la oficina del ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, en tanto que el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, nuestro casi paisano Daniel Galindo Ruiz salió a orearse, dado que por sus ocupaciones, tenemos entendido que pocas veces le pega el sol.
Nos dio gusto saludar a quien por varios trienios se mantuvo perfilado como potencial candidato del PRI a una diputación local y que ahora es la mano derecha de su jefe Raúl Navarro Gallegos.
Acompañado del secretario del ayuntamiento de Cajeme, Ascensión López Durán, el contralor de ese municipio, José Leovigildo Guerra Beltrán, quien además es el coordinador estatal de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.
Y muy buena onda que la actual administración municipal de Hermosillo rescate la añeja propuesta o proyecto de reforestar el Cerro de la Campana, tal como lo diera a conocer la directora del Instituto Municipal de Planeación, Guadalupe Peñuñuri Soto.
Esa propuesta data de muchos años y fue siempre bandera del siempre bien recordado Don Amos Ruiz Girón, quien reconocido como el “Apóstol del Árbol”, trajinó por años sin que su insistencia se arraigara en sucesivas administraciones municipales, tocándonos a nosotros por allá a en octubre de 1967 acompañarlo para plantar unos palo verdes y mezquites en lo que ahora es la explanada.
Ojalá que ahora sí permee entre los hermosillenses la necesidad de vestir de más o menos verde ese piedrón que casi luce bichi y cenizo por la falta de vegetación.
