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Por imprevistos, nos resultó imposible cubrir el evento de entrega de una de las obras de mayor impacto y de beneficio para la mayoría de los hermosillenses, como lo es la ampliación del puente sobre el Paseo Río Sonora y modernización de vialidades cuyo estado de siempre eran un cuello de botella y un estorbo para el tránsito citadino.

Hace poco más de un año estuvimos en el banderazo de salida a dichas obras por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich y el entonces alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quienes le metieron ganas a una acción de gobierno postergada por años dada la segura irritación social que causaría y los costos de orden político consecuentes frente a próxima elección, pero no había de otra.

Pues este martes la obra se dio formalmente por terminada, en el marco de un evento también presidido por la mandataria estatal, esta vez acompañada de la alcaldesa Célida López Cárdenas, aunque desde hace días ya se percibía la fluidez del intenso tráfico vehicular propio del principal enlace vial entre el norte y el sur de la Capital de Sonora y paso importante también de tránsito foráneo.

Con una inversión de recursos estatales de 122.5 millones de pesos, quedó al fregazo ese sector, cuyas vialidades tenían años de estar rebasadas por el explosivo crecimiento del parque vehicular capitalino que ahora dispone de dos carriles adicionales; dos rampas de incorporación y otras de desincorporación; guarniciones, banquetas, paradores de transporte público, cruces peatonales, alumbrado, semaforización, señalamientos, forestación y modernización más allá de la Casa de la Cultura ya en el bulevar Vildósola y más acá hasta el Auditorio Cívico del Estado.

Manuel Ignacio Acosta

Buena la chamba realizada por la empresa Mezquite construcciones SA de CV y Prisay SA de CV, bajo la estricta supervisión técnica de la SIDUR, cuyo titular Ricardo Martínez Terrazas, se encargó de dar las explicaciones del proceso de construcción y el impacto tan favorable que ya tiene en el tráfago vehicular en la capital de Sonora.

Esos son resultados concretos de la acción de gobierno aplicada para beneficiar a la gente y muy distante a la inocuidad demagógica de posicionamientos de orden político, como algunos que se escucharon en la sesión de la legislatura estatal el pasado lunes, en el marco del trámite del dictamen de la cuenta pública estatal del 2017 y de los ayuntamientos, donde un tema inminentemente técnico fue objeto de un tratamiento de politiquería en oferta.

Dicha inocuidad legislativa, va acorde a la acelerada condición perecedera de ese tema para efectos concretos y que corresponden al Congreso del Estado, porque más allá de las facultades del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Contraloría estatal para obligar la solventación de irregularidades y recomendación y aplicación de sanciones, la verborrea legislativa de referencia sólo fue para adornos mediáticos.

De plano el que al parecer no ha aprendido lecciones es el diputado Gildardo Real Ramírez, reincidente en desbarres en trámites similares en las anteriores legislaturas que ha formado parte, al insistir en argumentos desfasados para finalmente aventarse la tontejada de que a pesar de reconocer que no es facultad legislativa aprobar o reprobar la cuenta pública estatal 2017, así con la manita en la cintura anunció que su partido la reprueba y de paso ofende la inteligencia y el trabajo de profesionales de la auditoría gubernamental al servicio del ISAF.

Ricardo Martínez Terrazas

Más o menos por el estilo o incluso hasta peor, quienes a partir de ánimos personales decidieron reprobar las cuentas públicas de varios ayuntamientos sin exponer las razones y más bien a partir de consideraciones respecto a cómo las actuales autoridades dicen encontraron los municipios que gobiernan desde apenas hace un mes, cuando lo auditado y sus resultados corresponde al período del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

Desestimar la opinión del ISAF y abrogarse facultades que quedan en el ámbito de la revisión, llevó a esa nueva mayoría ignorante a un ejercicio de calificación en el caso de varios municipios y a un nuevo desbarre violatorio a la Constitución federal y local y de eso hay sobrada jurisprudencia, con ya diversas legislaturas estatales reconvenidas y apaleadas en juicios de inconstitucionalidad.

Por ser materialmente imposible y en el caso que nos ocupa, intelectualmente imposible, el sentido de la ley que crea organismos autónomos de fiscalización, es que los legisladores dispongan de un soporte técnico especializado para que de dicho trabajo y a partir de metodologías y parámetros bien definidos en la ciencia contable emitir las calificaciones correspondientes.

Así las cosas, esos 22 integrantes de la representación popular sonorense que se fueron en contra del informe técnico de la entidad de fiscalización que propuso una calificación aprobatoria sin dar razonamientos técnicos que así lo justifiquen, representa un simple escopetazo al aire en el ruidajo propio de la bienvenida del año nuevo.

Faustino Félix Chávez

Y los razonamientos técnicos no se refieren a las estupideces ya tan frecuentes del diputadito conocido por el remoquete del “Pollo” que representa un distrito cajemense, ni los sentimientos tan vehementes del representante de San Luis Río Colorado y de otros por el estilo, como la señora esa que promovió la negativa de aprobación para Hermosillo por la creciente inseguridad y porque hay muchos baches en las calles, entre otras estulticias desfasadas del tiempo y del espacio.

Desde esa perspectiva, la reprobación de la cuenta pública 2017 de Cajeme, no debe quitar el sueño a Faustino Félix Chávez, al ya citado “Maloro” en Hermosillo o a Enrique Reyna Lizárraga, como tampoco se lo quitó a Rogelio Díaz Brown cuando como alcalde y como parte de acoso del gobierno de Padrés, también la legislatura estatal le aplicó igual rigor, acción inconstitucional corregida a los pocos meses por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El Roger” fungía como alcalde y como tal interpuso el recurso de inconstitucionalidad y de plano no tenemos idea si en este caso los exalcaldes afectados por el convenenciero e irresponsable agregadijo al listado de reprobados, tengan la personalidad jurídica para emprender una acción similar, aunque la verdad, tal iniciativa la deberían de retomar los actuales alcaldes toda vez los efectos que dicha decisión tiene en las agencias calificadoras de riesgos para efectos de la contratación de créditos, aspecto que obviamente no tomaron en cuenta a pesar que en todos los casos afecta a administraciones de compañeros de partido, particularmente al de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal.

Cierto que el Congreso del Estado es el órgano que tiene la última palabra sobre la aprobación o no de las cuentas públicas de los municipios, pero cuando dicha instancia determina apartarse del resultado emitido por el ISAF, debe estar respaldado con motivación precisa con las razones técnicas por las cuales se aparta de lo resuelto por un órgano especializado en la materia, que en el caso que nos ocupa obviamente no ocurrió así.

Sergio Pablo Mariscal

En toda esa filigrana mediática con pretensiones de manipulación de la opinión pública, es menester subrayar incluso el incumplimiento de obligaciones de trámite parlamentario previstas en todos los asuntos dictaminados en comisiones, toda vez la ausencia del llamado voto particular o diferente al sentido del dictamen y más bien la votación de la mayoría estuvo precedida de intervenciones plagadas de ocurrencias y descalificaciones electoreras.

Y más cosas de esas están por verse al arrancar el proceso de designación quien pase a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, intrincado trámite para el cual ya se lanzó la convocatoria para los registros que vence el próximo sábado.

Al menos hubo acuerdo en el contenido de dicho documento que establece que a más tardar dos días después será integrada la quinteta que deberá ser validada por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública para luego ser remitida a la gobernadora Pavlovich, quien a su vez enviará a tres a la legislatura, para que en una votación de dos terceras partes, designar al ganador de la rifa del tigre.

Creemos que dicha definición no será sencilla dada la complejidad del caso, quedando pendiente la posibilidad de alguna consulta en las alturas por parte de la mandataria, para involucrar en la decisión al próximo gobierno federal y de paso quitar la ponzoña a la mayoría morenista y no embarrar ese delicado asunto con ocurrencias ni improvisaciones.

Y no, no tenemos la menor idea de quien pudiera ser el ungido, careciendo de bases ciertas ese altero de nombres que se manejan en los últimos días y más bien tenemos la idea de que no se tratará de una cuilta muy miada en el servicio público, aunque sí un perfil reconocido como profesional del derecho, a partir de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Luis Armando Colosio

Por lo pronto, podemos asegurar que contrario a reacciones iniciales, la asesoría externa anunciada por el exfiscal Rodolfo Montes de Oca para el diputado por MORENA, Luis Armando Colosio, sea considerada una traición por rumbos del Palacio de Gobierno o que lo ocurrido constituya una afectación importante a los lazos de amistad entre él y la gobernadora y por supuesto tampoco afecta una larga relación de amistad entre las familias Colosio-Pavlovich.

Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, desconocemos si ya la gobernadora envió al citado Comité Ciudadano sus propuestas para ser validadas para que sin la intervención de la legislatura ella tome la decisión, lo cual como se advierte, luce mucho más sencillo y menos intrincado, no descartándose que dicho nombramiento derive en un efecto dominó en el gabinete estatal.

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