Luego de darse a conocer la indagatoria en proceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, contra el extitular de la PGR Alberto Elías Beltrán y de su esposa Marcela Kuchle López, lo menos que podríamos esperar es que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora interponga recursos de revocación de resoluciones judiciales que derivaron en la libertad condicional que ahora disfruta el corrupto exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Reconocemos ser legos en dichos asuntos, pero por elemental sentido común consideramos que no puede quedar así y sin hacerse nada frente evidencia que fueron deliberadas las omisiones procesales de la PGR con el fin de que exgobernador fue absuelto del delito de delincuencia organizada, canillazo del ministerio público federal en favor del ratero, a cambio de poco menos de seis millones de pesos entregados a Kuchle López por el defensor del ratero, Antonio Lozano Gracia en diciembre pasado.
Idea millonaria la de Elías Beltrán y su esposa Kuchle López, quienes a través de una empresa de consultoría legal y en sociedad con la mamá del encargado de despacho de la PGR en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, recibieron casi 100 millones de pesos de firmas de abogados similares a la de Lozano Gracia, para que con circunstanciales omisiones y fallas en indagatorias, lograr resolutivos judiciales en favor de sus representados.
Sin ser abogada ni tener antecedentes en el ramo del derecho, Kuchle López fundó a mediados del 2016 la consultoría Kuchle López Asociados, apareciendo ella como propietaria del 99 por ciento de las acciones, en tanto que el restante uno por ciento corresponde a María Elena Beltrán Ferrara, madre de Elías Beltrán, quien en ese tiempo se desempeñaba como director de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo a la indagatoria en proceso, al asumir Elías Beltrán como encargado de despacho de la PGR en sustitución de Raúl Cervantes en octubre del 2017, inició el chorro de dinero hacia el despacho de la esposa, cuyo cálculo inicial es de poco menos de 100 millones de pesos provenientes de despachos divinos, que para los efectos muy nuestros, el de Lozano Gracia Abogados pagó la cantidad de 5.56 millones de pesos en diciembre de 2018, provenientes de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V., ubicada en Hermosillo, Sonora, propiedad de Mario Aguirre Ibarra.
Las evidencias no pueden ser más claras. Con ese dinero se compró que, en la carga acusatoria contra el corrupto exgobernador se eliminara el delito o se le declarara absuelto del delito que no admitía libertad bajo fianza, –Delincuencia Organizada–con simplemente no impugnar un amparo en primera instancia promovido por Lozano Gracia en favor de su cliente y así logró que un par de meses después el ratero saliera en libertad y ahora pasearse tan campante portando solo un brazalete geolocalizador en una de sus patas y solo enfrentando acusaciones por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Frente a todo lo anterior, ahora los sonorenses debemos de soportar repelentes imágenes del ratero y sus familiares festejando en todo lo alto, bodas y cumpleaños o que el corrupto publicite material gráfico que demuestra que el artilugio en una de sus extremidades inferiores no lo limita para darse la gran vida en la Ciudad de México o en alguna de sus muchas propiedades en Sonora, adquiridas dicho sea de paso, con el dinero que le robó a los sonorenses.
Por supuesto que recordamos el disgusto y el reclamo público que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich al enterarse de la omisión de la PGR que le entreabrió las rejas del reclusorio Oriente a su antecesor y también recordamos el coraje del Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza Valdez, quien coadyuvante en ese caso fue de los agraviados y máxime que sobre él recayeron muchas de las críticas haciéndolo corresponsable de lo que ahora se sabe fue una operación mercantil de alto nivel.
Vamos a procurar a Espinoza Valdez para que nos ilustre respecto a qué se pudiera hacer ante una evidente trapacería, que cobra mayor relevancia luego de ver material fotográfico donde en fiesta cumpleañera del corrupto, también está su hermano rico, Miguel Padrés Elías, quien desde fines del 2015 se había tirado a perdería tirado a perder y sobre quien se supone pesa una ficha de Interpol para ser detenido.
Sabe si sea cierto ese requerimiento contra quien junto a Mario Aguirre es reconocido como el operador del desfalco al programa de Uniformes Escolares por un monto superior a los 400 millones de pesos; que junto a su carnal el gobernador registró empresas fantasmas para blanquear lo robado, para luego dispersarlo entre familiares y cómplices, así como a través de fantasmal consorcio minero.
A lo mejor se da el caso que a Espinoza Valdez, a los detectives de la fiscal Claudia Indira Contreras y del delegado de la FGR, Pavel Humberto Núñez, les pasó de noche la presencia al alcance de sus manos de ese delincuente y por eso no se le detuvo, pero por lo pronto resulta ejemplar el cinismo y desfachatez de esa familia del crimen y muy encabronante la impunidad que gozan.
Por lo pronto, algo más podría saberse de esa herida aún sin cerrar en el imaginario sonorense, ahora que nuestro buen amigo Víctor Félix, quien de acuerdo a despachos de amigos tuiteros, ya lo ubican en importante posición en la Unidad de Inteligencia Aduanera de la Secretaría de Hacienda, desde donde nos imaginamos, podrá acceder a la información respecto a cómo Padrés compró su libertad a través del despacho de la esposa del exprocurador General de la República.
Como sea, por dicho nombramiento muchas Felixidades, como diría nuestro compa fraguado en tareas de prevención del delito como parte del equipo de Adolfo García Morales cuando éste fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Por cierto, vaya la difícil situación que se vive en Guaymas donde elementos de la policía municipal han sido tomados como blancos por sicarios al servicio de alguna banda del crimen organizado, que ya con una decena de víctimas, causó la renuncia de una veintena a ese cuerpo policial, más los que se acumulen, con el fin de evitar venganzas por atrocidades prohijadas por alguno de sus jefes perpetradas contra banda rival.
Y lo peor del caso es que frente a la emergencia, lo que más resalta es la evidente incompetencia y torpezas de la alcaldesa Sara Valle Dessens, quien primero, con un tuit convocando a los porteños a no salir de sus casas entregó la plaza a la delincuencia, y segundo, al nombrar como nuevo director de Seguridad Pública a Luis Manuel Lugo Durón, sin duda el caldo le saldrá más caro que las albóndigas.
Mal y de malas en ese municipio y no sólo en el rubro de la Seguridad Pública, aunque ese es el tema más candente, no ayudando en absolutamente el ambiente de confrontación política que promueve la misma alcaldesa entre los sectores de la sociedad, con el agregado de la estridente conducta homofóbica y destartalado protagonismo de su compañero de partido, diputado Rodolfo Lizárraga.
Mientras tanto, mucha expectación ha generado el arribo del contingente de mil 800 elementos de la Guardia Nacional, en el marco de la primera etapa de su despliegue de dicha milicia en territorio sonorense, aunque para efectos prácticos solo basta que esas iniciales aparezcan en bandas en el brazo de soldados para concluir que lo que venga será más de lo mismo.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque el nacimiento de la GN está resultando como el parto de los montes, dadas las crecientes manifestaciones de protesta de cientos de elementos de la Policía Federal, a quienes de un plumazo los han dejado en la indefensión laboral y por supuesto no se van a dejar.
De hecho, prácticamente en todo el país se realizaron movilizaciones de policías federales que en automático fueron transferidos a la Guardia Nacional, con un régimen laboral distinto y muy por debajo de derechos ya ganados y que ahora dicen que quieren obligarlos a prestar sus servicios bajo condiciones indignas.
Ni a quien creer, ya que mientras los uniformados plantean toda una diversidad de situaciones negativas respecto a los efectos que tiene su migración a la nueva fuerza paramilitar y ante la convocatoria a un paro nacional para este miércoles, desde Palacio Nacional se informa que dicho trámite será sobre algodones y con tersura.
Pero de plano de nada ayudan las irresponsables declaraciones del mismo presidente López Obrador, quien al bote pronto descalificó a las movilizaciones alegando que la Policía Federal se echo a perder en la administración anterior, no entendiéndose porque, si así está la cosa, el que se pretenda incorporar a sus miembros a la Guardia Nacional.
