Arrancó formalmente el proceso legislativo en el que MORENA pretende reformar el marco jurídico que rige la operación y funcionamiento de la Universidad de Sonora, a casi 28 años de que entrara en vigor la Ley 4 de la máxima casa de estudios de la entidad.
En la sesión de este martes del Congreso del Estado, fue la coordinadora de la bancada del citado partido político, Ernestina Castro Valenzuela, quien dio lectura al proyecto de decreto, en el que se detallan pretensiones de anquilosados activismos universitarios, que ansían la restitución de sus cotos de poder construidos al amparo de la Ley 103.
De acuerdo a los considerandos, exposición de motivos o contextualización que antecede a la propuesta de reforma, resulta evidente que se parte de falsas premisas; de conclusiones sesgadas, fuera de la realidad y de necesidades de unos cuantos, y para colmo errores garrafales en la descripción del cronograma de la evolución de la UNISON.
Por supuesto que todas las leyes deben ser actualizadas, que en el caso de la de la Universidad de Sonora, es de esperarse que al ser patrimonio de todos los sonorenses, cualquier reforma sea producto de una amplia consulta popular y no decisión unilateral de unos cuantos que se asumen como poder político actual y para siempre o de un grupo de representantes populares que en su mayoría saben de nuestra Alma Mater sólo de oídas.
Obvio que la legisladora cajemense nada tuvo que ver en la redacción de la propuesta de reforma, pero quien lo hizo debería revisar la historia para darse cuenta que el actual marco normativo no fue “aprobado en 1992”, sino que dicho trámite fue realizado por la 53 Legislatura la tarde noche del 25 de noviembre de 1991 y entró en vigor dos días después, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Evidentemente mangoneados por el superpoderoso Jorge Taddei Bringas, los redactores recurren a florituras del lenguaje, como anoxia en lugar de hipoxia en función de las falsas premisas ya aludidas, que solo reflejan la predisposición en contra de una institución reconocida como una de las mejores a nivel nacional, como modelo para la investigación y la formación de profesionales en diversas ramas de la ciencia.
Y lo anterior se ha logrado bajo un marco normativo que pretende ser prácticamente desmantelado e incorporar mecanismos donde se privilegia el activismo estudiantil y de docentes, siempre enfocado en conseguir espacios en la burocracia universitaria, a través de métodos de selección de autoridades mediante el voto universal y secreto.
No es responsabilidad de la actual ley 4 el que ocurran esporádicos diferendos obrero-patronales en la UNISON, como se alude en la exposición de motivos. Al contrario, la actual normatividad redujo sustancialmente esa dinámica de confrontación, sólo para citar uno de los sesgados enfoques con los que se pretende justificar la propuesta de reforma.
En ese regreso al pasado que subyace en el proyecto de reforma, se da amplio abordaje a al manejo de los dineros y proponen la creación de una Junta Hacendaria de fiscalización, como si actualmente no hubieran los distintos mecanismos, tanto al interior de la institución como de parte del gobierno estatal y federal, que vigila, supervisa y fiscaliza el ejercicio presupuestal.
Estamos de acuerdo en que desaparezca el cobro de cuotas, que si bien éstas prácticamente son simbólicas ya que sus montos se reducen y desaparecen prácticamente en el caso de altos promedios en calificaciones estudiantiles, tal ingreso bien puede ser suplido por otras fuentes.
Y no, no estamos de acuerdo en que el sector estudiantil se ocupe en asuntos de administración o se les distraiga en continuas elecciones y en todo caso se les deben abrir espacios para que aporten sobre temas relacionados con la academia y la docencia, espacios que sin activismos ni politiquerías electoreras, son aprovechados bajo la actual normatividad.
Así las cosas, vuelven a la carga los famosos chemones, esos mismos que en el movimiento estudiantil 1971-1975 se perdieron en ambiciones burocráticas y sus consignas sociales se silenciaron cuando consiguieron un hueso en la administración universitaria o una plaza docente o manual, olvidándose de objetivos populares que iban mucho más allá de los muros universitarios.
A través de MORENA, vuelven a la carga para rescatar lo que perdieron con la Ley 4, luego que durante los 19 años de vigencia de la Ley 103, construyeron un emporio, en el marco de una cerrada cofradía, inestabilidad interna, confrontaciones tribales, pero sacando el máximo provecho, y todo al amparo de una ley, la 103, a cuya aplicación en principio se opusieron rabiosamente.
En fin, está por verse que permee entre los sonorenses una propuesta que parte de una proyectada inamovilidad y permanencia para siempre del precario control político actual de la cuarta transformación en Sonora, a partir de criterios y visiones populistas que debieran ser ajenas a instituciones de educación superior, que en todo caso debieran aplicarse a su entero placer en las hasta aún fantasmagóricas universidades patito, denominadas Benito Juárez.
Por lo pronto, si la propuesta, también de MORENA, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo obliga a una consulta popular, sin duda tal trámite también lo merece la ley de reforma universitaria y es de esperarse que ese sea el camino que decida la representación popular sonorense, porque en ese tipo de temas todos debemos ser tomados en cuenta.
Por cierto, respecto a la propuesta del llamado “matrimonio igualitario” que impulsa la diputada Yumiko Palomarez, el grupo parlamentario del PES ya pintó su raya y fue su coordinador Jesús Alonso Montes Piña quien ya les mandó decir que si MORENA sabe contar, que no cuenten con los votos de los integrantes de dicha bancada y a como se observa la correlación de fuerzas, se percibe que tal promoción no pasará la aduana legislativa frente a los votos pesistas, del PAN, del PRI, Panal, Verde y Panal, cuyos representantes lucen renuentes respecto a dicho proyecto.
Hubo mucha actividad por rumbos del Congreso del Estado, ya que también se planteó una total sacudida al marco jurídico que rige al transporte urbano, que propone ni más ni menos que su municipalización, incluido el servicio de taxis.
Esa propuesta es del PES a través de su diputada Leticia Calderón y está por verse cuál será la reacción en el ámbito de los ayuntamientos, que bajo condiciones actuales apenas pueden con la problemática tradicional en materia de servicios públicos y seguridad, como para que les carguen con la complejidad operativa de la movilidad ciudadana, ahora a cargo del Gobierno del Estado, en donde a lo mejor estarían encantados de que otra instancia agarre esa papa siempre caliente.
Por esos mismos rumbos diputadiles, al parecer concluyó la tramitología formal para que ahora sí haya sido pasado a cuchillo el diputado presidente Luis Armando Colosio Muñoz como integrante de la bancada de MORENA, ya que de acuerdo a la coordinadora, la ya mentada Castro Valenzuela, ahora sí el de Magdalena a quedado fuera de esa bancada o sea, ha quedado mostrenco, aunque la verdad, no creemos que a Colosio Muñoz le quite el sueño dicha eventualidad.
Mientras tanto, vaya el garrotazo propinado a la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, María Carmela Estrella Valencia, de parte del Tribunal Colegiado de Circuito, ante su argucia dilatoria al recurrir a dicha instancia, para que definiera una cuestión competencial para resolver sobre la denuncia por despidos injustificados de empleados del Instituto Estatal Electoral de Sonora.
Nomás faltó que en el oficio con el número de expediente 14/2019, se le espetara a la citada señora que no fuera maje, al indicarle la inexistencia de conflicto competencial que arguyó para mandar a cancha ajena la aplicación de la ley y ni modo, deberá hacer su chamba en función de resoluciones ya ejecutadas en casos similares, dada la recurrencia en el IEES de utilizar a su personal y a empleados como instrumentos de revanchas y venganzas entre los consejeros, e incluso sostener el criterio que se aplicó en la reinstalación de funcionarios del Congreso del Estado ya hace casi un año.
Por lo demás, de nueva cuente el dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins le puso el cascabel al gato, al anunciar que las prerrogativas de ley que corresponden a ese partido serán destinadas a instancias infantiles luego que el gobierno de la cuarta transformación las dejó sin apoyo.
Se aventó “El Pato” al tirar ese salvavidas para rescatar a ese proletario sector de niños de madres trabajadoras, que quedaron descobijadas por criterios demagógicos del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, el popular Pato de Lucas estuvo acompañado de la presidenta de la asociación “Conservando los valores de la Familia”, Lizeth Villalobos López, quien informó que de las poco más de siete mil madres beneficiadas por el programa de Estancias Infantiles hasta antes del gobierno de MORENA, actualmente sólo mil reciben irregulares apoyos “sin intermediarios”.
Ahora falta que otros partidos políticos acepten el reto del líder priista y se sumen al propósito de regresar recursos que reciben del gobierno en favor de programas de beneficio social, pero sea lo que decidan, por lo pronto el PRI es el primero que pasa de los dichos a los hechos.
Y muy bueno el platique con Antonio Astiazarán Gutiérrez al comparecer en la mesa de reflexión y análisis del Colectivo de Reporteros Sonorenses, en donde dejó ver su pasión y entusiasmo por la generación de energías limpias y su abierta disposición y decisión por seguir trabajando en la construcción de la candidatura del PAN al Gobierno de Sonora.
En los siguientes Entretelones abundaremos al respecto, dado el cúmulo de datos aportados por el expriista, excandidato al senado y ahora acogido por liderazgos del panismo regional, que lo ven como la única opción para abanderar la campaña a la gubernatura, dada la pobreza de perfiles y a las secuelas que dejó en Sonora la incompetencia y corrupción de Guillermo Padrés.
