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Al menos 210 municipios de México deberán resignarse a ser víctimas de ese centralismo distributivo que aplica el gobierno federal, que por la vía legislativa abrogó el impuesto a la actividad minera que durante cuatro años permitió la ejecución de obras de beneficio comunitario por casi 12 mil millones de pesos a través de un fideicomiso.

En Sonora, son alrededor de 25 municipios cuyas autoridades municipales no podrán de disponer de al menos mil 100 millones de pesos para el año próximo, cuando además, cantidad más o menos similar presupuestada para el ejercicio de este año, se encuentra congelada por confusas reglas de operación que se resumen en la intención de que tales recursos se entreguen directamente a los ciudadanos a través de las llamadas Tandas del Bienestar.

Es así como cantaleteada eliminación de intermediarios del presidente Andrés Manuel López Obrador cobra nuevas víctimas que se suman a las de las cientos de madres de familia que ya no tienen servicios en Estancias infantiles y que tampoco reciben el recurso para pagar a quien cuide de sus hijos mientras trabajan y las que vienen por la ocurrencia de entregar a asociaciones escolares los presupuestos para la rehabilitación, construcción, reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de escuelas.

Ese confuso centralismo distributivo de la transformación de cuarta parte de la obsesiva premisa de que la intermediación se presta para actos de corrupción, lo cual fue desmentido en el caso de las estancias infantiles y mucho más descartado en el tema del Fondo Minero, que al menos en Sonora la estricta fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación dejó cero observaciones al ejercicio de los recursos asignados a los municipios y a lo que aplica directamente el Estado.

Claudia Pavlovich

Incluso, esa limpieza derivó en el compromiso del mismo López Obrador con la gobernadora Claudia Pavlovich, que tales recursos financieros serían liberados antes de concluir el mes de noviembre y era factor de esperanza de que dicho fondo sería restituido para el año próximo, mediante algunos ajustes a la administración del fideicomiso para efectos de la definición de obras, que como se sabe, bajo las condiciones antes de su abrogación, estas eran definidas por un comité conformado por representantes de gobiernos estatales municipales, comunidades indígenas e incluso de empresas mineras.

No tenemos idea de hasta dónde podrían llegar las exigencias de los estados con mayor actividad minera del país como lo son Sonora, Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí, cuyos municipios mineros recibieron en los últimos años recursos superiores incluso a transferencias federales y que ahora a partir del 2020, deberán conformarse a que el 85 por ciento de lo que se recaude de empresas mineras, el 85 por ciento irá a esos comités escolares y el resto lo operará la Sedatu.

La gobernadora Pavlovich ha sido insistente en su gestión por la permanencia de dicho fondo, el cual dicho sea de paso, fue impulsora como senadora de la república, y de igual forma se manifiestan otros gobernadores, generando además reacciones críticas de representantes de empresas mineras, quienes insisten en que lo que pagan de impuestos por extraer riqueza del subsuelo, se quede en obras de beneficio para las comunidades que los han acogido.

Alguien que sabe mucho de este tema, Marco Antonio Andrade Aguirre, nos deja saber de lo inquietante que resulta que en la reforma a la Ley Federal de Derechos que abroga el impuesto minero para dejarlo en tasa cero, los diputados federales no legislaron sobre alguna medida compensatoria o supletoria o sea, simplemente los consorcios mineros ya no tendrán esa carga fiscal.

Jorge Vidal Ahumada

Buena la propuesta del profesional del derecho experto en el marco jurídico que regula la actividad minera en México, que se resume en la necesidad de que en Estados afectados por ese injustificado acto legislativo que exenta de cargas fiscales a dicha actividad, se impulsen convenios de inversión social con esos corporativos, con el fin de rescatar lo arrebatado por la cuarta transformación.

Pues mejor esa opción a la de esperar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre los amparos interpuestos en contra de las reglas de operación de dicho fondo, ya que como se sabe, el más alto tribunal de este país avanza a pasos agigantados para convertirse en marioneta del poder ejecutivo federal y es de suponerse que el fallo esperado que libere los recursos será en contra de los municipios y estados recurrentes.

Otro que sabe mucho de ese tema, el secretario de economía Jorge Vidal Ahumada, advirtió que con ese aberrante acto legislativo, Sonora como el estado de la república con mayor producción minera, perderá al menos mil 100 millones de pesos, lo cuales no llegarán a municipios con dicha vocación.

“Una triste, muy triste noticia para el Estado de Sonora. El Fondo Minero representa mil 100 millones de pesos aproximadamente, que va básicamente a los municipios medios y pequeños; hablo de infraestructura que ayuda en sus carreteras, sus construcciones, obras comunitarias… y la verdad va a verse muy afectado este sector, porque el Estado no cuenta con recursos para sustituir esos recursos que ya no vendrán”, apuntó el funcionario estatal.

Alejandra López Noriega

Pues ojalá impere la creatividad y se impulse la propuesta de Andrade Aguirre de constituir esos Convenios de Inversión Social donde los corporativos mineros se comprometan a meterle lana a obras de beneficio comunitario en municipios donde despliegan su actividad, porque de la federación al parecer sólo se pueden esperar ocurrencias propias de incompetentes.

Por lo demás, vaya que anda luria la diputada Alejandra López Noriega por el jalón que ha generado el programa Unidos y Movidos en Cámara con Acción, que lanzado a penas el lunes pasado, convoca a jóvenes de entre 18 a 25 años para que a través de nuevas tecnologías de la comunicación detecten y describan problemas de la comunidad y propongan soluciones.

Se nos hacían pocos dos minutos, pero nos aseguran que son suficientes para dejar patente esa creatividad y compromiso con la sociedad, con el agregado de que habrá premios a las mejores exposiciones que por supuesto serán retomadas por la bancada del PAN en el Congreso de Sonora.

De esa forma, la legisladora panista se suma a propuestas que de forma reiterada impulsas su pares del PRI, Nitzia Gradias y Rosy Martínez, quienes se distinguen por motivar la creatividad juvenil y formular reformas jurídicas que abran espacios a dicha participación, lo cual en su conjunto ofrecen un panorama muy alentador sobre lo que se puede hacer en dicho sentido desde la representación popular sonorense.

Rosy Martínez

Al menos ellas se ocupan en ese tipo de proyectos, no como otros como es el caso del diputadito mejor conocido por el remoquete del pollo Castelo, quien de nueva cuenta su puesto como palo de gallinero por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jesús Alonso Montes Piña, luego que el panista cajemense pero ahora diputado por MORENA, se le ocurriera proponer el incremento de integrantes de dicha comisión dictaminadora.

Es que como bien se lo espetó el diputado del PES, este diputadito y un buen número de sus compañeros de bancada, no acaban de aprender sobre elementales técnicas parlamentarias y sobre aspectos básicos de sus funciones, no quedándole más al padrecista que reiterar las condiciones de ruptura entre la bancada incondicional a las ocurrencias de “El Peje” y sus otrora aliados electorales.

De plano no tiene lucha el ignorante ese, que al igual que otros de la bancada morenista, el año transcurrido cobrando como diputados locales, ha servido para maldita la cosa y su único afán es la confrontación y el descrédito de quienes consideran son sus irreconciliables enemigos políticos.

Vladimir Gómez

Y se le hizo a Vladimir Gómez Anduro dar con éxito el salto de la liana, la que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República fue seleccionado de entre 41 aspirantes, para relevar a Ernesto Muñoz Quintal como integrante de Tribunal Electoral del Estado de Sonora.

Suponemos que ya debió presentar su renuncia como Consejero del Instituto Estatal Electoral para de esa forma estar en condiciones de levantar la manita para incorporarse a sus nuevas responsabilidades junto a Carmen Patricia Salazar Campillo y Leopoldo González Allard, para de esa forma dejar al IEES con sólo cinco consejeros, toda vez la renuncia hace unas semanas de Claudia Ruiz Reséndez.

Otro efecto es que a la luz de los diferendos casi cotidianos en el órgano rector de los procesos electorales en Sonora, su presidenta Guadalupe Taddei Zavala perdió un aliado frente al bloque que encabeza Daniel Núñez Santos, quien tenemos entendido también aspiraba a dar el citado salto de la liana que sí consiguió realizar con éxito su compañero del Consejo General.

Guadalupe Taddei

Habrá qué ver cual es el papel que pasa a desempeñar Gómez Anduro como magistrado del TEE, a partir del antecedente de haber sido instrumento en aquel fracasado proyecto de sumar al PRD a la candidatura de Javier Gándara Magaña a la gubernatura en la elección del 2015 y abiertamente ser alfil del PAN en los diferendos que marcaron dicho proceso electoral.

Tenemos la impresión que el susodicho tiene una cierta formación liberal y progresista, pero además con marcada facilidad para acomodarse a circunstancias y necesidades de quienes ejercen el poder político en turno, por lo cual no descartamos que luego de servir al PAN, luego más o menos al PRI, ahora lo haga con MORENA desde el TEE.

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