Exfuncionario del gobierno de Otay al otro lado de la frontera, ex militante del Partido Republicano, con residencia en La Jolla y con doble nacionalidad; cercano a figuras del crimen organizado; expulsado de por vida del beisbol organizado de México; asociado a priistas de la vieja guardia e inversor millonario para comprar candidaturas al PT, PRD y MORENA, Jaime Bonilla Valdez supera tales antecedentes sólo por ser objeto del afecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cercano a conspicuos círculos del Opus Dei y a los Legionarios de Cristo; destacado entre lo más conspicuo de la ultraderecha en México; publirrelacionista de Vicente Fox; protagonista de sonada quiebra financiera y escandalosos conflictos familiares por dinero; ejemplo del gatopardismo oportunista de los dueños de la lana de este país, Alfonso Romo Garza disfruta que por sus conciliábulos y contubernios en Palacio Nacional, sea casi el vicepresidente y aproveche información privilegiada para sus empresas, el Grupo Plenus y casa de bolsa Vector.
El denominador común de ambos personajes es el dinero, el poder político y el que hayan logrado el soporte de López Obrador para hacer de las suyas, pasando por encima de dignidades y ser responsables de las dos mayores crisis de la apenas naciente cuarta transformación, con la renuncia a Hacienda de Carlos Manuel Urzúa Macías y la reforma constitucional aprobada por la legislatura de Baja California a base de billetes.
No tiene desperdicio la primera entrevista de Urzúa Macías luego de su dimisión como titular de la SHCP, al retratar con toda su crudeza la irresponsabilidad que como política de estado ha impuesto López Obrador en materia económica, a través de su operador consentido Romo Garza, quien como vicepresidente de facto pone y dispone a placer en el gabinete pejiano.
A fin de cuentas, si bien las causas de las disputas que describe el ex de hacienda se desarrollan en las verijas más íntimas del gobierno federal, sus efectos son y serán de graves efectos para la sociedad mexicana, en tanto que la machincuepa perpetrada por la legislatura bajacaliforniana reúne patéticas rusticidades, al grado tal que hasta el presidente aseguró que se le caería la cara de vergüenza si él hubiera operado o incluso tenido conocimiento de lo concretado en 30 minutos la noche del martes pasado, por 21 de los 25 integrantes de ese congreso estatal.
De acuerdo a las declaraciones presidenciales y del mismo beneficiario de esa reforma constitucional, pareciera que hubo una feliz coincidencia entre representantes del PAN, PRI, MORENA, PT, PRD y Movimiento Ciudadano en el Poder Legislativo de Baja California, para que por generación espontánea hubiera el consenso de ampliar a cinco años el término de dos años para los que fue electo Bonilla Valdez hace poco más de un mes.
Por supuesto que dos años son muy pocos para el ambicioso empresario redentor de los pobres de ese estado, para que como de milagro o por arte de magia, fuerzas políticas tan disímbolas arribaran a la conclusión de ampliarle hasta cinco años su gestión, sin mediar operación política ni intercambios a trasmano, viendo sólo por el bien de los bajacalifornianos.
Para el común de la gente, quienes votaron a favor de esa reforma constitucional amarraron millonario bono de retiro e incluso se especula que Bonilla los maiceó con un millón de dólares por cabeza, entradas que podrían ser reclamadas para su devolución frente a la andanada de cuestionamientos, casi unánimes, quedando como prieta en el arroz la dirigente nacional de MORENA, Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida como Yeidckol Polevnsky.
Luce insostenible esa arbitrariedad política y abuso de facultades legislativas de quienes no sólo tendrán que regresar las entradas, sino que les podrían fincar responsabilidades políticas, cuando ya incluso han sido llamados a cuentas por sus partidos con la posibilidad de ser expulsados de sus filas.
Por lo pronto, para el gobierno de “Primeros los Pobres”, si bien se la pasa en crisis intermitentes dada la cursera declarativa en las mañaneras y frecuentes ocurrencias, dos aristócratas de las finanzas asociados a López Obrador, son los responsables de las de más largo alcance e impacto mayor, dadas las consecuencias y derivaciones, una en la economía nacional y la otra el precedente que establece para la sanidad del ya de por sí vetusto sistema político mexicano, dejando ver además que el presidente tiene precio, así como lo tuvieron quienes integran la representación popular bajacaliforniana.
Como ven, estamos jodidos todos ustedes, porque como es evidente, con López Obrador se reeditan prácticas corruptas tan tradicionales adjudicadas a los regímenes prianistas y si bien él se deslinda de forma por demás mañosa, lo que ocurre en su gobierno responde a la lógica de la incorporación de connotados, muchos, personajes reciclados por la cuarta transformación luego de trayectorias de vida portando los logos del PRI y del PAN.
Mientras tanto, en temas de impacto local, de pronóstico reservado el impacto que se nos viene encima por la xenofóbica campaña de deportación masiva de indocumentados ordenada por el presidente Donald Trump, ya francamente abusón frente a la pasividad del gobierno mexicano que ahora no solo deberá evitar el tránsito de centroamericanos por territorio nacional en ruta hacia Estados Unidos, sino también atender a miles de deportados a partir de este domingo.
Frente a la inminente crisis humanitaria que representa la atención de alrededor de 60 mil personas, no se advierten acciones emergentes por parte del gobierno federal, principalmente en apoyo a municipios de la franja fronteriza que serán los primeros respondientes y que bajo las condiciones actuales, carecen de la infraestructura y de recursos financieros.
Bien la alerta del dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins al criticar el que los estados de la frontera norte y mucho menos los municipios no sean tomados en cuenta por la Federación para hacer frente al problema migratorio, situación ya de por sí grave toda vez que en los últimos meses las deportaciones desde Estados Unidos a ciudades sonorenses de la frontera se han incrementado en un cuarenta por ciento.
A partir de que los migrantes sean de cualquier país merecen trato digno y humanitario, “El Pato” urgió el diseño de un plan que contemple recursos, acciones, responsabilidades, así como la distribución de tareas que toca realizar a cada instancia de gobierno, paquete de asignaturas para nada definidas por la Federación.
Otro asunto de orden regional de buen impacto mediático, es el derrame de ácido sulfúrico en la terminal marítima que tiene el Grupo México en Guaymas, que dada la fama ecocida de ese consorcio minero, generó gran revuelo, a pesar que se asegura que lo vertido al mar fueron tres metros cúbicos o sea tres mil litros y que el incidente se resolvió el mismo martes pasado.
Unos hablan de mortandad de peces e incluso aseguran que se ven ostiones flotando y hasta una tortuga muerta en playa distante se atribuye a esa fuga, todo en un contexto nuevamente muy negativo para la comunidad porteña agobiada por el pésimo gobierno de Sara Valle; escalada de ejecuciones de policías y civiles, y frecuentes desencuentros públicos de funcionarios municipales.
De plano están salados por esos rumbos, pero todo indica que lo ocurrido de ninguna manera tiene comparación con el derrame de alrededor de 50 mil metros cúbicos de escoria de la presa de jales de la Mina de Cananea sobre el río Sonora hace casi cinco años.
Se supone que ya Profepa tomó cartas en el asunto, sin que sepamos quién da la cara por esa dependencia en Sonora, toda vez que sabemos que esa delegación prácticamente está en el abandono, tal como luce el resto de la estructura federal en esta entidad, donde quienes estrenan puestos se la pasan rascándose las talegas porque no tienen idea de sus chambas, bueno salvo excepciones, entre las cuales por supuesto no está el super delegado Jorge Taddei Bringas.
En donde sí están chambeando al cien es por rumbos de la Secretaría de Educación y Cultura al avanzar con la entrega del paquete de uniforme y zapatos escolares gratuitos a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, cuya primera etapa ya inició en 36 municipios que conforman las regiones centro, sierra alta y baja, así como en localidades del área rural de Hermosillo.
Son alrededor de 400 mil paquetes que habrán de entregarse antes del arranque del ciclo escolar o sea ya sabrán como anda el titular de la SEC, Víctor Guerrero y su equipo de trabajo, cuando además debe estar muy atento y en estrecha colaboración con el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y la Sección 54 del SNTE para efectos que ofrecer espacios educativos con suficiencia y en buen estado, así como atender exigencias de docencia.
Y qué orgullo debe ser para la familia de doña Margarita Ibarra de Torres la profunda huella que deja en el sector de la asistencia social a su paso por la presidencia del DIF Sonora, posición que dejó, para sin título nobiliario, seguir en su tradicional activismo en favor de los más necesitados a través de organismos de la sociedad civil que durante muchos años ha impulsado.
Este espacio por supuesto que felicita a la dueña de las quincenas de Sergio “El Peque” Torres Serrano por el trabajo realizado a lo largo de casi cuatro años, sin que nos quede ninguna duda respecto a que las cosas seguirán al alza con Karina Zárate que se mantiene en la dirección de esa ejemplar dependencia del gobierno de Claudia Pavlovich.
