A un año del salto político cualitativo de MORENA en Sonora y de asumirse como gobierno en los principales municipios de la entidad, los saldos lucen sumamente negativos en los rubros de mayor sensibilidad social: seguridad púbica y empleo.
Por supuesto que los índices en dichas materias son una réplica de lo que ocurre a nivel nacional, ámbito en el que la cuarta transformación deja mucho a deber a los mexicanos, sin que el reparto asistencialista de dinero se refleje para nada en una mejor calidad de vida de la gente.
Miren, percepción de inseguridad y andar con el alma en un hilo por el temor de ser víctimas del fuego cruzado; ser despojado de bienes, enterarse del creciente número de conocidos que han perdido el empleo, supera cualquier eventual satisfacción de algunos al recibir pinchurrientas mesadas por becas, pensiones incrementadas un poco o para darles oficio y beneficio a ninis.
Además, dicho asistencialismo populista no registra ningún impacto, a pesar que se asegura que solo en el caso del municipio de Hermosillo se reparten 100 millones de pesos mensuales entre los beneficiarios, dato que genera en automático la pregunta de ¿dónde están?, llevándonos a la sugerencia de que en las reglas de operación para el ejercicio de dichas dádivas, una parte se destine para pintar fachadas de casas, hacer banquetas, reparar baches y cosas así, porque a lo mejor la mayor parte de ese dinero se queda en expendios y antros o como dicen por ahí, en las carteras de quienes lo reparten.
Mal nos ha ido en los últimos meses y según enterados, peor nos irá en los meses que vienen dadas las restricciones presupuestales para el gasto para el 2020, particularmente en materia de infraestructura de beneficio comunitario; recortes o eliminación de apoyos a sectores generadores de empleo, y a recursos para fortalecer la capacidad de respuesta de ayuntamientos en seguridad pública, cuando lo de la Guardia Nacional es una apuesta que no pasa la etapa de proyecto y de buenas intenciones.
Así nomás, un somero análisis a datos y cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos se incrementaron en promedio un 67.5 por ciento en los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Caborca, Hermosillo, Guaymas y Cajeme de septiembre del 2018 a julio del 2019, tomando como base de comparación registros de septiembre del 2015 a julio del 2016.
Por alguna desconocida razón, sólo en Agua Prieta y Navojoa ese índice tuvo una baja promedio del 45 por ciento, destacándose, como decíamos, el que todas esas jurisdicciones municipales están gobernadas por MORENA y que así como ocurre a nivel nacional, la matazón sigue al alza en un franco reto a las pusilánimes y timoratas estrategias desplegadas por el gobierno de la república, con todo y a las sesudas estrategias imaginadas por el titular de seguridad, Alfonso Durazo Montaño.
En el robo de vehículos el incremento registrado y reconocido por el SNSP es el 71 por ciento en esos municipios, sin que por lo pronto se advierta alguna baja de esas incidencias luego de la militarización de mandos policiacos en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa.
En lo que toca a la instancia estatal ante tan mayúsculo reto, el trabajo se hace en función de la nueva rectoría impuesta por la cuarta transformación tratándose en asuntos de bandas del crimen organizado y aplicándose en delitos del orden común y atender lo referente a la restitución de daños, investigación de delitos y conseguir un alto índice de sentencias condenatorias para los responsables.
Por cierto, a eso de las once de la mañana del próximo miércoles, comparecerá ante los integrantes de la 62 Legislatura de Sonora, la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, con el fin de atender inquietudes respecto a sus esfuerzos para combatir la impunidad, área en la que por lo que trasciende a la opinión pública, está haciendo la tarea.
Y lo que son las cosas, este mismo miércoles 25 es cumpleaños de la titular del organismo autónomo de procuración de justicia de la entidad, lo cual a lo mejor deriva en que diputadas y diputados le ofrezcan algún quequi adornado con las treintaitantas velitas que corresponden.
Pero de regreso a los saldos negativos de la cuarta transformación en la entidad y también reflejo de lo que acontece a nivel nacional por las torpezas en materia económica, la desconfianza; el subejercicio presupuestal; liquidación de miles de plazas del sector federal y en general, estrategias recesivas, de septiembre del 2018 a agosto del 2019, se ha caído en un 79 por ciento la generación de empleo, respecto a registros de septiembre del 2015 a agosto del 2016.
Y se trata de cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social y que si bien no son atribuibles de forma directa a autoridades municipales, por supuesto que impactan el ánimo ciudadano respecto a la llamada primera autoridad respondiente, que de acuerdo a especialistas del tema, será factor que marque tendencias de orden electoral en el ya cercano 2021, cuando además no se observan visos que en materia económica el gobierno federal vaya reconsiderar ni mucho menos rectificar.
Mientras tanto, la gobernadora Claudia Pavlovich no quita el dedo del renglón para que Sonora se mantenga en el primer lugar nacional en materia de transparencia en el destino del gasto público y para ratificar dicha voluntad, este miércoles sostuvo reunión de gabinete para reforzar estrategias de control y establecer cronogramas bien claritos respecto al cumplimiento de metas, tanto en lo que se refiere al Plan Estatal de Desarrollo como de sus compromisos de campaña.
Hace bien la gobernadora en reiterar ante su equipo de trabajo la necesidad de una actuación escrupulosa, atenta a la legalidad y a la honestidad que demanda el servicio público y más si se tiene como referencia la nefasta herencia del padrecismo, que al cierre presupuestal dejó observaciones por un monto de casi dos mil millones de pesos cuyo destino nunca se ha aclarado.
Nos comentaban que hubo leída de cartilla a secretarios, pero más bien se trató de una reunión para dar seguimiento al informe de resultados de la cuenta pública 2018 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y del trabajo que al respecto realiza la Contraloría General del Estado.
El llamado, la instrucción estricta de la quisquillosa mandataria estatal, es que se mantenga la tendencia a la baja de observaciones al ejercicio presupuestal y operativo de todas las áreas que dependen del Poder Ejecutivo, que como se sabe, de acuerdo al citado informe de resultados del ISAF, en proceso de solventación están alrededor de 260, de las cuales ninguna se refiere a daño patrimonial.
Pero como la gobernadora quiere que dentro de dos años la casa esté inmaculada de limpia, exige mantener el paso y reforzar las medidas de control, a la vez aplicarse en el cumplimiento de metas y en atender las exigencias de los sonorenses, no sin antes reconocer lo logrado y el esfuerzo desplegado a lo largo de los últimos cuatro años.
Y tal como ocurre en todas las reuniones de gabinete, por supuesto que hubo un notario que dio fe y protocolizó lo ahí tratado y acordado, destacando la fijación de metas medibles a partir de que todo lo que se mida podrá ser evaluado en la siguiente reunión y ratificando la estrategia y eje fundamental de su administración: cumplir sus compromisos con la gente y rendir cuentas claras.
Tenemos entendido que más o menos es la tónica de todas las reuniones de gabinete, ya que nunca está de más insistir en la honestidad y transparencia en la función pública, temas en los que en todos los ámbitos de la estructura estatal es también insistente el contralor Miguel Angel Murillo, con el agregado del siempre vigilante auditor mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, quien desde su ámbito autónomo obliga a correctivos.
Pero sobre todo, la importancia de predicar con el ejemplo de parte de la mandataria, así como también de parte de la siempre acuciosa jefa de gabinete, Natalia Rivera Grijalva y el por lo regular carrilludo secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.
Por otra parte, pudiera tratarse de una comisión expresa de parte de su jefe el ya citado Durazo Montaño para evaluar resultados de la militarización de mandos policiacos municipales en Sonora o jalar riendas, aplicar pasiflorine a inquietos liderazgos de MORENA o ambas tareas, pero este sábado andará por la capital de la entidad Adolfo Salazar Razo, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Salazar Razo es mencionado de forma insistente como el casi seguro relevo de Jacobo Mendoza en la dirigencia estatal de MORENA y la verdad, en función de lo que sabemos de su trayectoria y activismo siempre en la izquierda; su actuación como representante ante el IEES y su perfil entrón y agresivo, podría ser el que ponga fin al gatopardismo e inocuidad del partido mayoritario en la entidad, en donde lo que más se distingue es la ausencia de liderazgo.
Habrá qué ver cómo se ponen las cosas cuando ya ven ustedes el intenso trajín mediático que trae el delegado de Relaciones Exteriores, Benjamín Hurtado Aguirre, quien incluso exige la destitución del super delegado Jorge Taddei Bringas, el merequetengue en la bancada de MORENA en el Congreso del Estado o el salivero que trae Gerardo Murrieta, quien un día se asegura asesor personal del gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla y al otro se dice aspirante a la dirigencia de ese partido, entre otros desbarres que un buen liderazgo partidista pudiera al menos acotar.
