“No seas negativo; debemos tener confianza en la nueva estrategia para hacer más eficientes a las policías municipales en el combate al delito”, nos comentó cercanísima a nuestros afectos al bordar sobre el nombramiento de militares de alto rango como comisarios de seguridad pública en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa.
Y en efecto, el beneficio de la duda es obligado frente a la incertidumbre ciudadana que deriva de la presunción sobre corporaciones infiltradas no sólo por los altos niveles de la nomenclatura del narco, si no que sectores de las infanterías brindan protección y solapan a perpetradores de delitos patrimoniales que a fin de cuentas son los que más inciden en la percepción de inseguridad ciudadana.
Primero que nada, podría considerarse lógico que la presencia de militares en los altos mandos de las policías municipales sean factores disuasivos, tanto para delincuentes que traen de encargo a sectores de manchas urbanas sonorenses como para malos elementos, quienes podrían verse forzados a recapacitar o simplemente delinquir sin uniforme.
En eso deberíamos de confiar y eso sí, estar muy alertas para que esa militarización no derive en manga ancha que lleve a abusos de autoridad y a violaciones de derechos humanos y lo decimos por múltiples experiencias del pasado en donde se aplicó estrategia similar.
Lo que más nos llama la atención es que lo que se considera una medida extrema para enfrentar el delito en México, arranque en un estado donde reconocido por el mismo Sistema Nacional de Seguridad y el titular de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, que está entre los primeros cinco con más baja incidencia delictiva y en donde la estructura operativa contra la delincuencia y estrategias de prevención habían tenido buenos resultados.
Por supuesto que tales saldos positivos pasan a tercer plano cuando por ejemplo en Cajeme se rompen récords históricos en ejecuciones en la vía pública; en Guaymas y Empalme también sea creciente la carnicería por la disputa de la plaza, y en Hermosillo se publiciten asesinatos vía redes sociales, sólo minutos después de perpetrados o sea, se revierten los buenos efectos por la detención de ratas de barrios; detención y sentencias de violadores y asaltantes.
Habrá qué ver como se da el proceso de embone en corporaciones municipales y cómo reaccionarán los integrantes de esa fuerza frente al nuevo ambiente de autoridad y disciplina que seguramente impondrán los nuevos jefes, que por lo pronto, al parecer el alcalde de Cajeme Sergio Pablo Mariscal Alvarado, no entendió el sentido de la decisión tomada allá en la Ciudad de México y ordenada en Guaymas por Durazo Montaño, en tanto que la munícipe de Hermosillo, Célida López Cárdenas, no solo sí le entendió, sino que el General de División Gilberto Landeros Briseño, hasta ya se le cuadró, esto es, reconoció que ella es la mera jefa.
Miren, el munícipe cajemense aceptó la sugerencia o la propuesta de Durazo Montaño de incorporar al Coronel de Infantería Jorge Manuel Solís Casanova a la fuerza municipal, pero no como Comisario, sino como director operativo de Policía y tránsito municipal, manteniendo a Francisco Cano Castro como el mando superior, con la aclaración de que el citado militar en retiro, desde hace semanas colabora en dicha corporación desde hace semanas.
Hasta donde se sabe, distinto el caso en los otros ayuntamientos, en donde todo indica se acató el centralista mandato, destacando el caso de Hermosillo donde se despide a Luis Alberto Campa Lastra a pesar de los amplios reconocimientos vertidos sobre su trabajo de parte de la alcaldesa, quien por lo visto no se atrevió a lo que se atrevió su homólogo de Cajeme.
Lo cierto es que el Artículo 115 Constitucional otorga a los ayuntamientos plena autonomía en la designación de jefes policiacos, entre otras prerrogativas de ley que desde hace bastantes años fueron aprobadas por el legislador federal y entre las más importantes, estuvo que ya no se requería la anuencia de los titulares del poder ejecutivo para nombrar directores de seguridad pública.
No tenemos idea de la agarradera legal de los nombramientos anunciados el martes en Guaymas, lo cual pudiera subsanarse mediante los respectivos acuerdos de cabildo para someterse a dichas decisiones, pero en el caso de la variante que ofrece en Cajeme Mariscal Alvarado, tiene todo el sustento legal y constitucional para decidir lo que decidió.
En todo caso, habrá que saber y esperar la reacción del nuevo dueño de casas y haciendas en Sonora o sea Durazo Montaño, aunque a lo mejor el munícipe tuvo la cortesía política de consultarlo.
Distinto el caso de los extremos de la realidad que representa Rosario Quintero en Navojoa y Sara Valle Dessens en Guaymas; la primera en la placidez de la extraña y excepcional paz que se vive en esa demarcación y la segunda atosigada por los altos niveles de violencia en el puerto, en donde incluso la tienen de cliente frecuente de mensajes en narco mantas.
De acuerdo a los dichos de Durazo Montaño, la SSPF tiene plenamente identificadas a las bandas criminales que disputan las plazas sonorenses, figurándonos un contrasentido el que diga que no se les ataca en sus estructuras operativas ya que mejor es combatirlas en sus vertientes financieras, no faltando quienes sugieran que así como que no se quiere la cosa, mientras se van sobre el dinero, la autoridad también les pegara en sus estructuras de operación, esas que cometen ejecuciones.
Esa sapiencia del de Bavispe entonces lo debe tener enterado que por ejemplo, que en Guaymas los mensajes de las narcomantas por lo regular se cumplen y no por nada el susto que trae la alcaldesa, en el marco de un acelerado proceso de descomposición que ya tenía graves manifestaciones durante la gestión de Lorenzo de Cima en la Alcaldía, cuyo hermano Lucano se ocupaba de ese giro negro con sangriento saldo.
Lo bueno para ellos es que se les venció el trienio y se salieron de esas operaciones y lo malo para la Sara es que sus traviesos asesores enredaron las cosas y rompieron una dualidad operativa de bandas criminales para meter a otra en discordia y los recientes hechos son los resultados y que hasta su vida esté amenazada, aunque lo cierto y tenemos la certeza, que ella es ajena a pactos y quizás por ello la principal beneficiaria de la militarización de la policía municipal, ya que solo con poquita voluntad, el Capitán de Fragata de Infantería de Marina D.E.M. Andrés Cano Ahuir, podría meter orden en un esquema de pactos tan a la vista y sobre todo, agarrar parejo contra pactados y pactadores.
Y antes que se nos pase, este 14 de agosto fue una fecha muy especial para la familia Valenzuela Olguín, ya que la comunicadora Juana María Olguín Tarín cumplió seis años al frente del programa “Diga que yo lo dije”, que trasmite Megacable de nueve a nueve y media de la mañana de lunes a viernes y que se repite también de lunes a viernes de siete y media a ocho de la noche.
Ya son seis años que esa prestigiada empresa le abrió un valioso espacio, a quien a pesar de los nuevos tiempos sigue vetada en el cuadrante de la radio capitalina, lo cual agiganta la oportunidad que actualmente dispone, para interactuar con el amplio segmento de televidentes que tiene en Sonora esa empresa de televisión por paga, y por eso, debemos reiterar nuestros agradecimientos para quienes lo han hecho posible.
Y los que han de haber lanzado un ruidoso suspiro de alivio son los varios personajes que desde distintas trincheras han dejado percibir en el ánimo popular que buscarán ser candidatos a la gubernatura en el 2021 y no es para menos, toda vez que la senadora Lilly Téllez declinó a tal investidura al considerar que sus simpatías están con el mentado Durazo Montaño.
Hasta causa ternura la frívola señora con su descarte, cuando nadie la había encartado y ella tampoco ha hecho absolutamente nada para tal perfilamiento, toda vez su inocuidad e inutilidad en el desempeño de tan alta representación popular, concretándose a un activismo frívolo a través de redes sociales y pasársela chilona sin siquiera voltear hacia Sonora y muchos menos dar la cara por los sonorenses.
