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Por supuesto que el general Secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval no se equivoca al decir, que las direcciones de seguridad pública de municipios de Sonora, están infiltradas por el crimen organizado, percepción social desde siempre y nada novedosa.

Para limitar dicha penetración de caballos de Troya, se han impuesto como obligación los exámenes de control y confianza, valladar y retén no infalible y que debe ser de aplicación esporádica, así como ocurre con las declaraciones anuales de actualización de situación patrimonial de los funcionarios.

La limpia anunciada para las corporaciones municipales es de urgente y obvia resolución en los municipios y se supone que ya está en marcha en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, en donde fueron instalados mandos militares y deberá ser implementada también en otros como Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Caborca, entre otros.

Pero suponemos que dicha estrategia de saneamiento deberá estar acompañada de una estrategia de prevención y de mecanismos para que ese indeterminado número de policías depurados no pasen a integrarse a los grupos a quienes servían cuando andaban uniformados, sin que tengamos idea si tal riesgo ha sido tomado en cuenta.

Gilberto Landeros Briseño

Los 72 ayuntamientos de Sonora disponen de una fuerza policial de tres mil 963 agentes, resultando imposible hacer un cálculo certero sobre el número que quedará sin chamba en función de la revisión de expedientes que ya está en proceso en los municipios militarizados, además del condicionamiento respecto a que sólo se quedarán quienes aprueben el examen de control y confianza.

Por supuesto que debe haber probadas medidas de prevención para canalizar, quitar la ponzoña y evitar que policías depurados no sean factores de riesgo, y si existen, de plano no tenemos la menor idea de cuáles sean éstas, pero no se requiere de mucha tatema para concluir que sus primeras opciones serán mantenerse en la nómina de quienes servían cuando andaban uniformados.

Debido a los estrictos controles y supervisión cercana, tenemos entendido que ese fenómeno de penetración del crimen organizado es menor en la Policía Estatal de Seguridad Pública y en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, pero como sea también ahí se deben aplicar estrategias de prevención y no se diga en la Fiscalía General de la República.

Por lo pronto, en esas debe andar el general de División Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Landeros Briseño en Hermosillo; el capitán de Fragata Infantería de Marina Andrés Cano Ahuir en Guaymas; en Empalme, el capitán Corbeta Julio Alberto Hernández Cruz; en Cajeme el Coronel Jorge Manuel Solís Casanova, y en Navojoa, el general de División, D.E.M. Ismael Cervantes Ramos.

Alfonso Durazo Montaño

Se supone también que los citados están en estrecha coordinación y empatan propósitos y estrategias con el también militar, el Coronel José Luis Urban Ocampo, quien hace unos días rindió protesta como nuevo comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de quien se dice trae todo el power del general secretario de la SEDENA y del titular de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, y que tendrá mano en la operación de la Guardia Nacional en la Entidad.

O sea, la tendencia es que toda la estructura operativa para el combate a la inseguridad y del delito en la entidad sea conducida por militares, a partir de la estructura de autoridad vertical de las fuerzas armadas en sus distintas ramas, lo cual no es otra cosa que el Mando Único, con todos los efectos, incluidos tratos y negociaciones con las cúpulas del crimen organizado para ver opciones de desarme o amnistía, dicen.

Como sea, ojalá que todo este rediseño de estrategias arroje resultados favorables y logre pacificar o sofocar los enconos de las bandas criminales en disputa, sin importar si a fin de cuentas para conseguirlo, la cuarta transformación se asuma como uno de los bandos e imponga el poder del Estado a los otros, que como según aseguran algunos, esa es la tendencia.

Mientras tanto, no resulta nada extraño y más bien es consecuencia de su pulcro ejercicio, el que la gobernadora Claudia Pavlovich se mantiene en el top 10 de desempeño y eficiencia de entre todos los gobernadores del país, ocupando el tercer lugar, sólo detrás del de Yucatán, Mauricio Villa Dosal y el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Claudia Pavlovich sigue entre los mejores gobernadores del país

El alto nivel de aceptación ciudadana de la mandataria sonorense, se debe a los resultados de sus políticas públicas anticorrupción, transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y a su probado oficio político que ha sabido negociar y embonar en las muchas veces incomprensibles acciones de la cuarta transformación y que a pesar de todo haya aminorado recortes presupuestales de la federación.

Pero sobre todo, desde la perspectiva de este común mortal, impacta de muy buena manera en el ánimo ciudadano, el trabajo de campo, el contacto directo que realiza por todos los rincones del estado, ya que como bien se dice, de la vista nace el amor y por eso no ha dejado sentido a ningún municipio a cuyas comunidades ha visitado al menos dos veces por año desde el 13 de septiembre del 2015, y no sólo ha ido a de visita a decir discursos, sino que invariablemente lleva beneficios tangibles y concretos.

Por cierto, ya son revisados en la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados, los informes de resultados de la Cuenta Pública estatal y de los 72 municipio, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, que de acuerdo a datos preliminares, en el caso de la Hacienda Estatal, se mantiene la tendencia a la baja de observaciones, ya que de acuerdo a las auditorías realizadas por el equipo del Auditor Mayor del Instituto de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva, sólo restan 167 en ser solventadas y ninguna de ellas se refieren a daño patrimonial.

Jesús Ramón Moya

Será antes del 15 de octubre cuando se de trámite de pleno a los dictámenes que emita la comisión que preside el diputado Fermín Trujillo Fuentes, luego de procesar los numeritos que arrojaron dos mil 62 auditorías a los tres poderes del Estado a los 72 ayuntamientos, organismos autónomos, asociaciones civiles y sindicatos, por su calidad de sujetos obligados.

En estos días Moya Grijalva deberá comparecer ante integrantes de la comisión dictaminadora para explicarles o aclararles dudas, pero por lo pronto, de destacar que 31 de los 72 municipios obtuvieron calificaciones reprobatorias entre ellos Hermosillo, Nogales, Guaymas, Empalme, Navojoa y San Luis Río Colorado y en contraste, los mejor evaluados en el manejo de sus recursos fueron municipios rurales, con la aclaración de que esta revisión abarca gestiones salientes y entrantes.

Dicho tema es de las asignaturas importantes que tienen los sufridos integrantes de la representación popular sonorense y es de las más difíciles toda vez el alto contenido técnico de lo que deben procesar, cuando sabemos que en su mayoría son muy duros de entendederas en dichos asuntos, y luego viene la formulación del paquete económico 2020, cuyo abordaje tampoco es cuestión de simplismos legislativos.

En donde de nuevo hubo buenas noticias es en el ISSSTESON, ya que por unanimidad los magistrados del Tribunal Judicial de la Federación, desecharon de plano los amparos promovidos por jubilados y pensionados, quienes a través de diversos despachos presentaron juicios para que les fueran devueltos los descuentos por servicios médicos y aportaciones de los patrones al fondo de vivienda.

Pedro Angel Contreras

De haber prosperado esa canibalesca pretensión; de no atender el organismo con la debida oportunidad ese nuevo reto jurídico, el ISSSTESON hubiera resentido un costo potencial de alrededor de mil 100 millones de pesos y lo más importante, se establece jurisprudencia para evitarlo en el futuro, así como ocurrió el pasado 16 de enero de 2019, tras un fallo de la Segunda Sala de la SCJN que dio palo a demandas de nivelación de pensiones, creando jurisprudencia obligatoria para otorgar pensiones exclusivamente sobre el monto cotizado por el trabajador.

Bien Pedro Angel Contreras López, que ya pasa a la historia como factor fundamental para dar un salto cualitativo en el propósito de avanzar en la sanidad financiera de la noble institución que dirige y de destacar su capacidad de respuesta al identificar a principios del 2018, actuaciones de diversos despachos de abogados, quienes en representación de jubilados y pensionados, exigían la devolución de sus aportaciones, sin que tengamos la menor idea de los fundamentos de quienes se sirven y se han servido del organismo.

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