Inicio Samuel Valenzuela Todo sigue igual o peor

Todo sigue igual o peor

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Bien el dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, al cuestionar la ausencia de resultados a un mes del publicitado arribo a Sonora de la Guardia Nacional, frente a la escalada de ejecuciones en vía pública que en los últimos días.

Son cotidianos los delitos de alto impacto producto de la encarnizada disputa de grupos del crimen organizado, mientras que a ojo de buen cubero, ese nuevo cuerpo militar que generó tantas expectativas brilla por su ausencia y más bien se percibe que a los militares que ya estaban apostados en Sonora y a su equipo, sólo se les adornó con las siglas GN.

Miren, nadie podría desmentir que comunidades de la región serrana son puntos de referencia donde urge la presencia de autoridad al menos para disuadir, pero de acuerdo a lo que vimos por rumbos de la región de Yécora, el gasto en ese sentido sigue a cargo de los ayuntamientos y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, ya que ni elementos del ejército se dejan ver.

“Seguimos viendo tanto en el sur, como en el norte y centro de nuestro Estado ejecuciones a plena luz del día. La Guardia Nacional arribó a Sonora con el propósito de reforzar la seguridad y eso simple y sencillamente no se ha traducido a la realidad”, apuntó el dirigente priista al referirse a la ola de violencia criminal en Hermosillo, Caborca, Empalme, Ciudad Obregón, Guaymas, entre otros.

Ernesto de Lucas Hopkins

De igual forma en la zona serrana, en donde como bien dice “El Pato”, no se ve, no se siente ni se percibe la presencia operativa de los Guardias Nacionales y los resultados positivos cuando se presentan, se deben al trabajo del personal a cargo del titular de Seguridad Pública, David Anaya Cooley o de la fiscal Claudia Indira Contreras.

Algo distinto deberá hacerse para enfrentar tan dramática realidad, dado el eufemismo inocuo que resulta la afamada Mesa de Seguridad que se supone sesiona todos los días, que si así ocurre, sabe para que pierden así el tiempo, porque los hechos de sangre siguen ocurriendo, con un delegado de la Fiscalía General de la República, Pavel Núñez, en calidad de fantasma, aunque hay quienes aseguran que más bien es un florero.

El problema mayor es el homicidio doloso o de alto impacto, cuyos efectos en el ánimo popular difuminan el resultado del trabajo en el combate a delitos patrimoniales, que de acuerdo a cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Sonora van sustancialmente a la baja.

Miren, en el período Enero-Junio de este año el robo de vehículo se redujo en un 16 por ciento respecto al mismo período del 2018; el robo a comercio bajó en un 14.8 por ciento; extorsión se redujo en un 28.6 por ciento; a transeúnte bajó en un 6.1 por ciento, y así.

David Anaya Cooley

Pero tales datos quedan en nada ante la estridencia de las metralletas en vía pública, minimizándose así el esfuerzo de policías estatales y municipales o el trabajo de elementos de la AMIC para sustanciar procesos que lleven a la cárcel a los delincuentes.

Bueno el exhorto del “Pato de Lucas” al presidente López Obrador, para que cuando venga a Sonora el primero de septiembre próximo, asuma como prioridad su compromiso que hizo en campaña en materia de seguridad pública.

Por lo pronto, frustrante el que a pesar de que el jefe de jefes de esa mentada Guardia Nacional sea el sonorense Alfonso Durazo Montaño, para nada se note esa natural influencia en favor de sus paisanos, factor que en un principio consideramos sería de suficiente peso para que nuestra entidad fuera mejor atendida en dicha materia.

Sin salirnos del tema, delicada la situación que debe estar pasando la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, luego de que mediante mensajes aparecidos en las llamadas narcomantas, es señalada junto a su cuñado Santiago Luna, como aliados o cómplices de un grupo de narcotraficantes.

Alfonso Durazo Montaño

Dramático el video mensaje de la polémica política porteña, quien asegura ser ajena a pactos o acuerdos con narcos, así como asegurar que nadie puede hacer arreglos de ese tipo a su nombre, en el marco de una problemática que se resume en un “por qué quieres mi vida”, que dirige a quienes la señalan de todo lo contrario.

Para este común mortal resulta inexplicable el hecho de que  en esa narcomanta se acuse a la alcaldesa de estar asociada con un grupo beligerante del sur de Sonora, cuando se supone que la escalada de violencia y asesinatos policías desde octubre del año pasado, se derivaron de una supuesta venganza de precisamente ese grupo delictivo por la desaparición de dos jóvenes en San Carlos.

En todo caso que lo averigüe Vargas, porque también muy importante el circo en proceso donde en las tres pistas lucen con todo su esplendor las maromas fascistas en la cuarta transformación, luego del escandaloso acto legislativo perpetrado por el Congreso del Estado de Tabasco.

Estupefacción podría ser la palabra para describir nuestra reacción al escuchar las justificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y corifeos del oficialismo morenista, frente a la aprobación de la ley que criminaliza la protesta social en ese estado, en lo que se considera un plan piloto para aplicarse en todo el país.

Sara Valle Dessens

La imposición de severas sanciones penales a quienes bloqueen vías de comunicación; interrumpan la ejecución de obras de instancias de gobierno y labores en edificios públicos, representa histórica afrenta contra sectores liberales y progresistas de este país y representa un salto cualitativo del ya notable autoritarismo del régimen lopezobradorista.

De no creerse la iniciativa presentada por el gobernador y aprobada por la legislatura tabasqueña dominada por MORENA, y de no creerse las falsarias excusas para fundamentar su actuación, que en resumen, otorgan al Estado la prerrogativa de calificar como buena o malévola cualquier protesta ciudadana, quitando además los instrumentos tradicionales de presión social para obligar respuestas del gobierno.

Lo que son las cosas, es en el estado llamado Edén donde se pretenden establecer las bases de la más cara fantasía de cualquier autócrata que le disgusta y molesta el rechazo de ciudadanos a sus actos de gobierno, que le exijan atención y reclamen servicios y que mejor tipificar tales conductas como extorsión y sancionar penalmente por dicho atrevimiento.

Desde la perspectiva de los efectos de lo aprobado y avalado por quien construyó su actual presidencia en base a la movilización social, incurrirían en el delito de extorsión productores agropecuarios que tomen oficinas públicas o carreteras en demanda de apoyos o de ciudadanos que entorpecen el tránsito vehicular por fallas en la prestación de servicios.  

Es que la extorsión es un delito que consiste en obligar a personas o instituciones de cualquier índole a realizar acciones utilizando la presión, la violencia o la intimidación, lo cual abre un amplio espectro para su eventual aplicabilidad.

Andrés Manuel López Obrador

En el olvido queda para los de la 4T un principio elemental de cualquier democracia: vale más el riesgo de un amplio espacio de libertades que cualquier acto de represión del gobierno para suprimir una sola, porque su pretensión, al menos en Tabasco por lo pronto, es ir a la inversa de dicho principio.

A lo largo de nuestro ejercicio periodístico hemos sido testigos de cientos de movimientos sociales, cuyos efectos por supuesto se encuadran en los que la legislatura tabasqueña considera ahora como actos delictivos, pero que en su momento debieron de ser atendidos sea para resolver demandas, darles largas o simplemente no hacer nada, pero casi nunca utilizando el garrote legal como instrumento.

En los últimos años en varios estados del país se impulsaron reformas legales muy similares a la Ley del Garrote tabasqueña, pero paradójicamente no prosperaron debido a movilizaciones sociales de rechazo convocadas por actuales integrantes de la casta morenista gobernante.

Suprimir la discrepancia política, la disidencia social en beneficio de un partido único y supeditar lo local al centralismo, ubica al gobierno de López Obrador en la ruta del fascismo, camino ya andado en otros países, donde como ahora ocurre en México, se aprovecha el miedo y la frustración colectiva, primero para ganar una elección y luego para exacerbar dichos sentimientos contra enemigos comunes reales o imaginarios, como lo son los medios de comunicación, los fifís, los corruptos, pretendiendo volcar contra ellos toda la agresividad de forma irracional a través de estrategias propagandísticas.

En fin, en su grotesco aval a la Ley Garrote, López Obrador exhibe toda su incongruencia y lo más peligroso, que dada su hasta ahora elevada aceptación popular, es susceptible en ser seducido por el dulce encanto del autoritarismo, con la esperanza de una inminente revocación dada las reacciones de rechazo incluso en sectores de MORENA.