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Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión y hay varios eventos en la agenda, comenzando por el reconocimiento a la trayectoria que recibirán cinco colegas por parte del senado de la República.

Se trata de Elda Molina, directora General de Televisa Hermosillo, María Elena Verduzco, directora General de Radio Sonora; Sergio Romano, conductor de Larsa Comunicaciones e Hilario Olea, del grupo Entre Todos y Ana Luisa Pacheco, que ha sido corresponsal de varios medios y se ha destacado por su ejercicio periodístico con perspectiva de género.

Eso se llevará a cabo en Ciudad de México, pero en Hermosillo habrá una reunión mañanera con diputados, para revisar propuestas y avances en la elaboración de una ley de protección a periodistas, algo en lo que se ha venido trabajando en las últimas semanas con el estudio comparativo de al menos tres iniciativas que en diferente tiempo han llegado al Congreso.

Por otro lado, la Asociación de Editoras y Comunicadoras de Sonora está invitando al Segundo Foro Nacional de Periodismo y Comunicación que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad CEUNO (Solidaridad y Navarrete), donde se contará con la participación de colegas nacionales y extranjeros que versaran en sus conferencias sobre el oficio y sus avatares.

Este encuentro está programado para los días 22 y 23 de junio; está dirigido a colegas en funciones, estudiantes de periodismo, comunicación y afines, y al público interesado. Tendrá un costo de 200 pesos e incluye el acceso a todas las conferencias, coffe break y comida. Hay que estar pendientes.

Notable y plausible, que esta vez no haya celebraciones ostentosas que en el pasado generalmente eran organizadas por dependencias gubernamentales, y en las que se hacía alarde de recursos económicos y materiales para agasajar al gremio.

El horno no está para esos bollos. No solamente por el cuidado del manejo presupuestal y la austeridad en el mismo, sino porque a lo largo y ancho del país el gremio periodístico ha sido lacerado por la tenebrosa mano del narco (y de la narcopolítica), dejando una estela de más de cien muertos en los últimos años, sin que un solo caso se haya resuelto, lo que manda un mensaje de impunidad que alienta nuevas agresiones.

El asesinato de Javier Valdez, periodista sinaloense especializado en temas de narcotráfico, que fue obligado a bajar de su auto, puesto de rodillas y ejecutado a sangre fría en calles de Culiacán, cimbró nuevamente a la sociedad mexicana y al gremio en particular. Poco antes había caído Miroslava Breach en Chihuahua y antes cayeron otros.

Hay luto, desconcierto y temor entre quienes desarrollamos este oficio, de manera señalada entre quienes cubren temas relacionados con el crimen organizado, que son los más expuestos. Y los más valientes, sin lugar a dudas.

Aunque en Sonora ha habido en los últimos 15 años casos de colegas perseguidos, golpeados, acosados, intimidados, asesinados y el ominoso caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde abril de 2005, la situación dista mucho de parecerse a la de otros estados como Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca que han aportado la cuota mayor de sangre y muerte.

No hay, pues, mucho qué celebrar en un país donde el manto de impunidad cubre a los agresores de periodistas y abre la puerta a nuevos crímenes. Por cierto, los desacuerdos editoriales y financieros entre particulares deben situarse en ese plano, y no en el de los atentados contra la libertad de expresión.

II

Pero el de los periodistas no es el único gremio bajo amenaza. Ayer, un grupo de abogados que integran la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) se apersonaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para presentar un proyecto de protocolo de protección para la seguridad de operadores de justicia del estado.

Juan Francisco Alcaraz, presidente de esa organización encabezó al grupo de abogados que también acudieron al Congreso del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia, para presentar ese documento que también ha sido llevado a instancias estatales en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Zacatecas y a la propia secretaría de Gobernación.

Del año pasado a la fecha, han sido asesinados tres litigantes y se ha agredido a varios más, aparentemente por motivos relacionados con el ejercicio de su trabajo, y esos crímenes no han sido resueltos, informó Alcaraz.

El fiscal Rodolfo Montes de Oca calificó como acertada la propuesta para incluir no sólo a litigantes, sino también a funcionarios públicos que ejercen esa profesión, ya que en muchos casos sus actuaciones comprometen su integridad física, al tocar intereses de personas que pudieran sentirse agraviadas cuando son sometidas a un procedimiento legal.

El protocolo de seguridad busca contar con mecanismos para brindar atención inmediata a los abogados litigantes, fiscales, ministerios públicos, magistrados, jueces, defensores públicos y a sus familiares directos, ante eventuales amenazas o agresiones.

III

En la madre de todas las batallas electorales que fueron los comicios en el Estado de México participaron enviados de todos los partidos políticos, de todo el país.

Uno de los que destacaron en la promoción territorial y la estrategia político-electoral, fue el diputado federal sonorense Ulises Cristópulos Ríos, quien fue nombrado desde el pasado 21 de abril, delegado especial en aquella entidad, en apoyo al candidato Alfredo del Mazo.

Ulises le entiende bien al tema. Ya ganó una elección como diputado local en Hermosillo, y le pasó por encima a Luis Ernesto “El Güero” Nieves en la elección 2015, aun cuando el candidato del PAN tenía todo el apoyo del aparato de estado que todavía ese año encabezaba el hoy tristemente célebre Guillermo Padrés Elías.

Ulises comenzó un poco tarde la campaña, pero a golpe de calcetín y mucha talacha en barrios y colonias, remontó un marcador que lo tenía abajo en las tendencias, hasta alzarse con el triunfo en el Distrito 5 federal, que siempre ha sido complicado para el tricolor en Hermosillo.

Nos llegan reportes desde Ecatepec en el sentido de que Ulises cumplió la encomienda y sacó adelante la chamba, en condiciones aún más adversas que aquellas en las que pudo remontar las tendencias en Hermosillo.

IV

El Delfinario Sonora fue inaugurado en el sexenio de Eduardo Bours Castelo y contaba con seis ejemplares para terapias a niños con problemas sicomotrices, parálisis cerebral, entre otros.

Fue un proyecto más que el padrecismo enterró. Para 2012, el gobierno de Sonora tuvo que devolver a la compañía Discovery Dolphins cinco de esos seis ejemplares, argumentando que tenían que rotarlos de lugar para no provocarles estrés, pero en realidad eso tuvo que ver con el desastre administrativo y financiero de la administración de Padrés.

Luego el delfinario se convirtió en un lobomarinario, ya que no había ni un delfín, y sólo dejaron dos lobos marinos.

El año pasado, en una gira del titular de Semarnat, Rafael Pacchiano, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció el inicio de gestiones para traer algunos ejemplares y reanudar el servicio de delfinoterapias.

Ayer llegaron. Son cuatro: Europa, Tana, Mauricio y Riso; viajaron desde León Guanajuato y Guadalajara, Jalisco, cumpliendo todas las normas oficiales para ese tipo de traslados, extremando cuidados y monitoreando todas sus reacciones, en un proceso que durará siete días más antes de iniciar las terapias, para garantizar que estén bien aclimatados a su nuevo hábitat.

Con esto, se rescata un proyecto -otro-, de los varios que Padrés convirtió en chatarra.

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