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La queja del Fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza de que algunos alcaldes no habían interpuesto las denuncias oficiales ni las pruebas de las irregularidades financieras de sus antecesores, fue el detonante para que algunos presidentes municipales revivieran la “cacería de brujas” contra los ex munícipes de otros partidos políticos, y hasta los actuales regidores se engallaron contra los mandatarios que están en funciones.

Los ex alcaldes que están en la picota con denuncias periodísticas y legales son los de Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, Hermosillo, Agua Prieta y Nogales, a los cuales se suma desde este martes el ex presidente panista de Caborca.

Los actuales regidores en diversos municipios han estado muy activos con denuncias sobre irregularidades, sobre todo en Guaymas, y últimamente en Empalme, donde los ediles de oposición presumen malos manejos de recursos etiquetados para obras urbanas, y excesos en el gasto público por parte del alcalde tricolor el ex diputado Carlos Enrique Gómez Cota.

En el puerto guaymense ya es historia de todos los días las denuncias de irregularidades en la administración del alcalde panista Lorenzo De Cima, pero existe blindaje del presidente para sus colaboradores cercanos no así para quienes perdieron su confianza como el tesorero municipal a quien le cortó la cabeza, pero defiende a capa y espada a su secretario Alán Jaramillo quien fue evidenciado en redes sociales por realizar negocios turbios con el hermano incómodo.

En esta lluvia de denuncias periodísticas y legales, así como dimes y dietes y cachetadas de payaso, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora solo ha logrado obtener una sentencia condenatoria contra el ex alcalde charalito de San Javier, Hilario Valeriano Mendoza Agüero, quien en su gestión del 2012-2015 realizó desvíos de recursos por 38 mil pesos y se auto vendió a precio de banqueta un terreno propiedad del Ayuntamiento.

Hasta la fecha Don Hilario es el único ex alcalde que ha pisado la cárcel, porque en lo que concierne a los demás ex ediles acusados de corrupción, dice el Fiscal Anticorrupción que son solapados por los actuales mandatarios municipales, mientras que otros no aportan la información necesaria para ahondar en la investigación.

A 18 meses de la nueva administración municipal de Caborca que comanda la ex diputada Karina García, también se dieron cuenta de que hubo desfalco, por lo cual, el contralor municipal se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, para denunciar al ex alcalde panista por posibles actos de corrupción por 4.5 millones de pesos, entre otros manoteos.

El alcalde panista que además del Lorenzo anda en boca de todos por sus malas acciones, es el munícipe de San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga, al exhibirse en la televisión nacional en el programa “10 en Punto” de Televisa con Denise Maerker, por tratar de despojar de terrenos a familias marginadas.

El pasado 2 de marzo, el Ayuntamiento panista sanluisino embargó, adjudicó y escrituró a nombre del municipio las 19 hectáreas, donde viven las 300 familias marginadas al exigir el pago de 81 millones 286 mil pesos de impuesto predial del año 1998 al 2016, de los cuales, 78 millones son de recargos, derecho de alumbrado público y pavimentación de calles.

El escándalo se hizo nacional al exhibirse la falta de solidaridad de un alcalde panista sonorense con los que menos tienen, al tratar de despojarlos de sus casas de cartón y terrenos por adeudos millonarios del predial.

PARTICIPA CLAUDIA PAVLOVICH EN FORO EN WASHINGTON

Reportan en Washington, D.C., a la gobernadora Claudia Pavlovich para participar en un foro binacional México- Estados Unidos promovido por el Consejo Coordinador Empresarial de México y la Cámara de Comercio norteamericana.

En su participación la gobernadora Pavlovich destacó la consolidación de la megarregión entre Arizona y Sonora que es ejemplo de cooperación económica y social entre México y Estados Unidos.

La también presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich, expuso las ventajas de promover la inversión en ambos lados de la frontera como lo hacen Sonora y Arizona, ante dirigentes de las principales organizaciones empresariales de México y Estados Unidos, el Presidente de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos y Gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, y directivos de empresas de clase mundial.

Como vemos la gobernadora Pavlovich no se cansa de tender puentes de entendimiento y de promoción económica con entidades de Estados Unidos para exponer el potencial de Sonora. Ya la vimos el fin de semana pasada en Scottdale para participar en la Comisión Sonora-Arizona, y sigue tendiendo puentes con California, Nuevo México, Texas y hasta con Canadá, para, como bien dice, “hablar bien del camello para venderlo mejor”.

QUIEREN ABOGADOS PROTECCION DE LA JUSTICIA

Ya decíamos en este espacio que la propuesta para que se les brinde protección policiaca a los periodistas y defensores de derechos humanos, abriría las puertas para que otros sectores que se sienten vulnerables ante la delincuencia también demandaran seguridad pública.

El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados, CONCAAM, Juan Francisco Alcaraz García, acudió este martes al Congreso del Estado, donde hizo entrega a la diputada Ana Luisa Valdés Avilés, integrante dela mesa directiva de la Diputación Permanente, el proyecto de “Protocolo para la Seguridad de Operadores de Justicia del Estado de Sonora”.

El presidente de la CONCAAM, Lic. Juan Francisco Alcaráz García, también se reunió con el Fiscal de Justicia Rodolfo Montes de Oca, a quien detalló que el propósito del Protocolo para la Seguridad para Abogados es brindar atención inmediata no solo a los abogados litigantes, también a fiscales, ministerios públicos, magistrados, jueces, defensores públicos y a los familiares directos de estos.

Incluso, el presidente de los abogados solicitó al procurador protección policiaca en las diligencias o actuaciones que realicen los abogados por considerar que es una profesión de riesgo.

De aprobarse ese protocolo de seguridad para abogados, periodistas, ombudsman, ministerios públicos y demás, al rato hasta los policías van a exigir guaruras porque su profesión es de alto riesgo.

Lo cierto es que al rato van a ser más los policías comisionados como guaruras de funcionarios públicos, periodistas, ombudsmans, banqueros, magistrados y abogados, etc, que los agentes policiacos encargados de la seguridad pública de la gente normal.

Los servidores públicos de alto nivel del Ejecutivo, así como los magistrados, ganan un salario con bastantes ceros, suficiente como para poder pagar a sus guaruras. Y los abogados no son damas de la caridad a la hora de cobrar honorarios. Así las cosas, el que le tenga miedo a la lumbre, que no se meta a la cocina. Y tan, tan. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)

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