A pesar de que apenas ayer se registró la primera lluvia de la temporada en Hermosillo, a quienes les llovió sobre mojado fue a los integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte, luego de que dieran a conocer la tarifa técnica presentada como actualización al costo del pasaje urbano, que no registraba incrementos desde 2011, gracias entre otras cosas al subsidio estatal que compensaba a los concesionarios su presunto déficit.
La polémica actualización plantea un costo de 11.94 pesos por pasaje, cuando hasta hoy el costo es de siete pesos. Un incremento superior al 64% que en los hechos representa un asalto al de por sí deshilachado bolsillo de los usuarios que por obvias razones, son los de menor poder adquisitivo y a muchos los pondría entre la espada de la movilidad cotidiana y la pared de la sobrevivencia.
Ya ha quedado claro que la conclusión a la que arribó el Consejo Ciudadano es el resultado de estudios sobre la viabilidad financiera y la operación de este servicio concesionado, sin embargo, en las actuales condiciones del sector de usuarios, un incremento de este calibre sería un tiro en la sien para sus diezmadas economías.
Que si lo aprobado fue una ‘tarifa técnica’, que si falta establecer los montos del subsidio gubernamental a los concesionarios; que si el Consejo valora otras opciones como la gratuidad del trasbordo… Todo está en la mesa de discusión pero en vía de mientras, el aumento viene y por más matices que incorpore, terminará siendo una puñalada al bolsillo ciudadano.
El otro factor a considerar es la oferta del servicio: limitada, sin horarios fijos, con algunas unidades en pésimas condiciones; sin aire acondicionado en una ciudad donde se alcanzan los 50 grados centígrados. Quizá si el transporte público en Hermosillo no estuviera tan mal calificado, el anuncio de un incremento en las tarifas no habría calado tan hondo en el ánimo de la población usuaria.
La propia gobernadora Claudia Pavlovich lo constató el mismo día, horas antes del anuncio del Consejo Ciudadano, al abordar al azar un camión urbano que, por azares de ese ejercicio de supervisión aleatoria, resultó ser uno de los muchos que circulan sin cumplir las especificaciones mínimas para la prestación del servicio.
En realidad, un incremento a las tarifas no conviene a casi nadie. Ni siquiera al gobierno, que abre un flanco ideal para recibir toda clase de cuestionamientos, mucho menos al usuario, que con justa razón endereza esas críticas y protestas.
En ese columpio, se encaraman desde luego los panistas que, sin mayor propuesta ni autoridad moral, olvidan con frescura que, ya de salida en su gobierno, solicitaron (y obtuvieron con aval del Congreso) un crédito de 600 millones de pesos para mejorar el servicio, y esos recursos simplemente desaparecieron del Fondo para la Modernización del Transporte que en ese entonces tutelaba Víctor Alcaraz, otro miembro de la ‘mafilia feliz’ cuyo paradero se desconoce de la misma manera que el destino de esos recursos.
Es cierto que se requiere una actualización de las tarifas, pero también es cierto que el servicio de transporte urbano deja mucho que desear.
En esa lógica, la gobernadora hizo un llamado a los concesionarios y a los integrantes del Consejo Ciudadano, para considerar no sólo los aspectos técnicos, financieros, económicos, sino sobre todo, los sociales; la voz de los usuarios que son finalmente los que terminan de pagar los platos rotos de años y más años sin un servicio de movilidad urbana decente en Sonora.
Sin duda el tema requiere de cirugía mayor. Durante décadas se han acumulado vicios, componendas políticas, coyunturas electorales, protección de mafias: sindicales, patronales, gubernamentales. Y siempre, siempre, el que sale jodido es el usuario.
Si el Consejo Ciudadano funcionara, hace mucho habría estudiado casos de éxito, modelos alternativos, factibilidad y viabilidad de propuestas.
Pero en realidad esa instancia ‘ciudadana’, cuyos miembros permanecen allí (al menos la mitad de ellos) desde 2012, cobrando cada uno la friolera de 30 mil pesos mensuales (en calidad de ‘caíditos’, porque no es su fuente principal de ingresos) sólo han servido para validar una y otra vez, atracos a la economía popular.
Como ayer, como ahora.
II
Por segundo año consecutivo, el acceso a la educación media superior en Sonora está garantizado al cien por ciento, eliminando criterios de amiguismos, compadrazgos y conveniencias políticas para la asignación de planteles, que era asunto cotidiano en años anteriores.
La Secretaría de Educación y Cultura informó que fueron 38 mil 940 aspirantes a preparatoria quienes presentaron el examen Ceneval, mientras que la oferta del susbsistema de educación media superior fue de 41 mil 279 espacios, que serán asignados en función del resultado obtenido en el examen presentado, y no por el intercambio de favores, como era usual.
Será este lunes a partir de la una de la tarde, cuando los estudiantes podrán acceder al sitio www.prepasonora.gob.mx para consultar los resultados de sus exámenes y la opción que les fue dada en función de la terna elegida por ellos mismos al momento de registrarse.
Del universo de aspirantes a las diferentes preparatorias de Sonora, el 91.4 por ciento serán asignados de forma directa mediante este método; el resto podrá participar de una mesa virtual para analizar caso por caso, abriendo un proceso de inscripción que comenzará con el mes de agosto.
Para ello, se publicarán en el portal mencionado líneas arriba, las bases para la asignación de sus espacios a quienes por alguna razón no se registraron ni presentaron el examen, de acuerdo con información proporcionada ayer por el titular de la SEC, Ernesto de Lucas Hopkins.
III
Muy bien le fue al Toñito Astiazarán el pasado viernes, pero mejor les fue a las familias que se agregaron al padrón de beneficiarios del programa Energía Sonora, que consiste básicamente en privilegiar familias cuyo principal sostén económico sea una mujer; donde existan personas con discapacidad y/o adultos mayores.
Estas familias recibirán un descuento promedio del 20 por ciento en el cobro por consumo de electricidad, ya que esta es producida por los aerogeneradores instalados en Puerto Peñasco, a menor costo y sin dañar el medio ambiente. Esa energía es vendida a la Comisión Federal de Electricidad y ésta a su vez la hace llegar a los hogares a través de su red de distribución, pero con un precio más bajo.
La meta en esta segunda etapa del programa, es afiliar a 10 mil 500 familias sonorenses, duplicando la cifra de empadronados que ya tienen acceso a estos beneficios en varios municipios del estado, sumándose ahora Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas y Navojoa, entre otros.
Estos beneficios comenzarán a llegar entre septiembre y octubre próximos, cuando entre en operación el segundo aerogenerador instalado en Puerto Peñasco, donde inició este programa, el único en su tipo en todo el país.
El actual coordinador de Transversalidad en la Secretaría de Desarrollo Social federal, estuvo bien acuerpado durante la presentación de este programa en Hermosillo, pues al evento acudieron el alcalde Maloro Acosta, el secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins; el diputado federal Ulises Cristópulos Ríos; y del Congreso local: Kitty Gutiérrez, Iris Sánchez Chiu, Flor Ayala Robles Linares y David Palafox Celaya.
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