Cadena de oración por la virginidad política

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    Ayer, a la Comisión de Selección se le hizo bolas el engrudo.

    La ciudadanización de las políticas públicas es y seguirá siendo una quimera, en tanto no se rompa el monopolio de los partidos políticos sobre las mismas, lo que parece estar bien lejos.

    Los esfuerzos hechos hasta ahora, incluyendo aquellos que parecían modelos de avanzada, de rigurosa metodología y mayoritariamente aceptados como legales y legítimos, no terminan de pulirse y mucho menos de convencer a todos.

    En descargo, hay que decir que en toda sociedad democrática, aspirar a la unanimidad es también una quimera.

    No se trata, perdonando la guarrada, de encontrar el chile que les embone a todos, pero sí de encontrar las coincidencias suficientes que permitan ir avanzando en la construcción de modelos más democráticos y representativos de una sociedad tan plural, diversa y sobre todo, participativa e informada.

    Desde el momento de conocerse a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), los cuestionamientos se centraron primero en Aquiles Fuentes Fierro, ajonjolí de todos los moles ciudadanos, pero asesor y consultor de campañas electorales y gobiernos del PRI, del PAN y otros.. Aspirante a cuanto Consejo Ciudadano se ponga a modo y hasta a la rectoría de la Unison.

    Luego se fueron sobre Reyna Elizabeth García Moraga, a quien evidenciaron como militante del PRI, lo que según asentó en una carta, fue informado a la Comisión de Selección, que consideró que por haber renunciado hace cuatro años, acreditaba los requisitos.

    Dicho sea de paso, de acuerdo a los muy estrictos criterios de evaluación, la señora fue la segunda mejor calificada.

    El primero fue Aarón Grageda, que por cierto hizo sus pininos en la política durante el conflicto estudiantil de 1991 en la Unison, como integrante del CEUS, en un grupo que después fue conocido como «Los Chotas».

    Anduvo cerca del PRD, al lado de José Guadalupe Curiel, Juan Manuel Ávila y Edgard Hiram Sallard (aliados de la derecha que son un cero a la izquierda), y junto con ellos movió algunos hilos de la grilla sindical universitaria a favor de padrecismo en el sexenio pasado. Entre otras cosas.

    Esos antecedentes podrían ser suficientes para suponer que Aarón Grageda es una posición del PAN en el CPC, aunque nadie ha dicho nada al respecto, pero no dilatan en sacar su verdadero currículum.

    Total que hasta al «Alvarito», como conocen sus amigos a Álvaro Bracamonte Sierra, le sacaron un documento que lo muestra como proveedor de consultorías y asesorías para el gobierno del estado, aunque al parecer eso sucedió en 2009, no se sabe si con Bours o con Padrés.

    Lo cierto es que la declinación de Reyna García Moraga metió en aprietos a la comisión seleccionadora cuyo vocero, Marco Antonio Andrade publicó una carta en la que pide la renuncia de la señora, pero horas después la Comisión de Selección publica un comunicado en el que sostiene que después de una exhaustiva búsqueda en los registros del INE (fuente autorizada, no como la del padrón de los partidos), no encontraron registro de su inscripción como militante.

    Poco después, Andrade Aguirre da declaraciones al periódico Expreso, en el sentido de que el CPC rendirá protesta el 1 de agosto, conforme a los tiempos establecidos, y ante Jaqueline Peschard, presdidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que se sobreentiende que a García Moraga no le fue aceptada la renuncia, algo que todavía está por verse.

    Tras conocer la renuncia de García Moraga, las huestes morenistas y uno que otro troll panista, comenzaron a empujar en redes sociales para posicionar como su posible relevo a la ex consejera presidenta del CEE, Olga Armida Grijalva Otero.

    El pequeño problemilla es que esta señora fue candidata a diputada federal en 2012 por la alianza PRD-PT-MC. El pasado 8 de julio, firmó en Hermosillo el Pacto por la Unidad convocado por Andrés Manuel López Obrador.

    Eso, sin considerar que a su salida del CEE, dejó un mar de dudas sobre el destino de ocho millones de pesos pagados a una empresa del ramo de la computación, creada por su hijo dos meses antes finalizar su ejercicio.

    A Alfredo Haaz, nombrado presidente del CPC, lo ubican como funcionario público en el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, lo cual es cierto, como también es cierto que fue quien sumó el más alto puntaje en el rubro de conocimiento de las políticas públicas y ejercicio de gobierno.

    Estamos pues, frente a una contradicción de origen, una paradoja que parece insalvable.

    Por un lado se exige a los aspirantes una especie de certificado de ciudadanización virginal e impoluta respecto al gobierno y los partidos, y por el otro, se les obliga a acreditar conocimientos sobre políticas públicas y sistemas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, lo que hasta hoy es prácticamente imposible si no se participa en las esferas gubernamentales, de los partidos o de organizaciones afines, si no es que filiales, como pueden ser las cámaras empresariales.

    Frente a una disyuntiva de esta naturaleza, bien se podría elegir a Juanito Wiriminihouse López, ‘dreamer’ deportado de los suburbios de Chicago, donde se dedicaba a la jardinería desde que sus padres ilegales lo parieron en tierras lejanas, y no faltará quién le impugne su falta de conocimiento sobre políticas públicas relacionadas con la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.

    Peor aún: no faltará quien busque en los archivos y encuentre que su abuela rica financió a los Amigos de Fox, su abuela pobre recibió despensas del PRI o su tía precarista le curó las heridas en la frente a López Obrador cuando lo agarraron a putazos en la toma de pozos petroleros en Tabasco, hace ya algunos ayeres, y luego entonces, no esté a salvo de vinculaciones políticas.

    Quienes hoy abogan por la reposición del proceso, espantados por los nexos de algunos de los seleccionados, no soportarían la más mínima levantada de faldillas respecto a sus preferencias y afinidades políticas, o su relación con el gobierno. Con éste y con anteriores.

    Entonces, quizá lo que convendría es la mesura. Si se trata de remitirse a los clásicos, entender al hombre como el aristotélico ‘zoon politikon’; el animal ciudadano, social, cívico, que busca alcanzar la justicia, la paz, la felicidad, en relación con los otros que forman la sociedad en la que viven.

    Lo otro es dejar a esos ciudadanos que se reclaman libres, apartidistas, apolíticos, independientes, el establecimiento de filtros para depurar las instancias de ciudadanización de la política, y eso ya de plano sería la locura…

    Antecedentes

    El proceso para la construcción e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y sus «espejos» en las entidades federativas, lo decíamos en anteriores despachos, nació cojo y sin cabeza. El senado de la República no ha hecho su tarea de nombrar al fiscal nacional ni a los magistrados especializados. Pero eso no es todo: de las 32 entidades, sólo 5 presentan avances de casi el 100 por ciento en sus procesos para crear sus sistemas estatales anticorrupción, y hay varios que ni siquiera han dado el primer paso, que es el de reformar las leyes respectivas.

    Sonora es uno de los estados que mayor avance registran, y destaca como pionero en varios temas. Uno de ellos, es el proceso para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, donde se probó una metodología novedosa, que básicamente consiste en la implementación de un doble filtro y un meticuloso examen de perfiles y currículums para garantizar que los elegidos acreditaran, entre otras cosas: trayectoria y experiencia en temas de políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas; que no militaran en partidos políticos ni tuvieran una relación laboral o de proveeduría con el sector gubernamental, al menos en los últimos cuatro años.

    Para garantizar que la mano de los partidos políticos no ‘cargara los dados’ y la ciudadanización se redujera a un reparto de cuotas entre cuates, como ha ocurrido desde hace décadas a propósito de otros comités ciudadanos, los diputados acordaron que no serían ellos quienes hicieran las designaciones.

    En su lugar, nombrarían una comisión seleccionadora integrada por nueve ciudadanos, que a su vez estarían encargados de redactar y lanzar la convocatoria; de evaluar a los aspirantes registrados y decidir sobre los cinco que finalmente integrarían el CPC del SEA.

    Hasta allí todo iba bien. La Comisión de Selección fue aceptada de buen grado por prácticamente todas las voces que tienen algún peso específico en la vida pública sonorense. Los reclamos fueron mínimos y no trascendieron en impugnaciones, diluyéndose en las redes sociales.

    Y es que en términos generales, la Comisión podría pasar como un ‘dream team’. En ella están Guillermo Noriega y Leticia Cuesta, cuyo paso por la AC Sonora Ciudadana ha sido bastante decoroso; Marco Antonio Andrade Aguirre, brillante abogado, que entre otras cosas fue director jurídico del Consejo Estatal Electoral; Álvaro Bracamonte Sierra, destacado académico de la Unison y el Colegio de Sonora; Jorge Harispuru Bórquez, de reconocida trayectoria en el sector empresarial; Luz Mercedes León Ruiz y José Javier Vales, también de limpia trayectoria.

    Al proceso se registraron 48 aspirantes. Entre quienes no presentaron la documentación completa y quienes no se presentaron, la lista se redujo a 35. Las entrevistas con cada uno de ellos fueron difundidas por internet bajo el criterio de máxima publicidad y se respetó el plazo para impugnaciones, que no hubo.

    La Comisión de Selección trabajó en el periodo vacacional y finalmente el miércoles dio conocer la lista de los cinco: Aarón Grajeda, Reyna Elizabeth García Moraga, Alberto Haaz Díaz, Miriam Monreal Vidales y Aquiles Fuentes Fierro.

    Todos ciudadanos, todos con algún tipo de vinculación con el gobierno, los partidos o sus organizaciones afines.

    Reponer el proceso es buena idea, sobre todo para los apolíticos, apartidistas, ciudadanos, virginales e impolutos que presionan desde las redes sociales para que, una vez que sean designadas las personas que ellas quieren, y desechadas las que no quieren, vengan otros ciudadanos igual de virginales e impolutos a exigir la reposición del proceso.

    Y así hasta el infinito…

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