Castigarán a particulares y funcionarios corruptos

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    Con la aprobación por parte del Congreso del Estado de una ley que castiga a particulares que incurran en actos de corrupción con el gobierno, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas podrá estrenarse exigiendo al empresario Mario Aguirre y otros muchos más que reintegren los millones obtenidos de manera ilegal en el gobierno padresista.

    Podría ser que la nueva legislación que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción no sea de aplicación retroactiva, con lo cual el empresario dueño de Expo Fórum, del Centro Social Toscana y fantasmal maquilador de uniformes escolares, se quede con los millones mal habidos producto del tráfico de influencias y mochadas a los Padrés.

    Por lo pronto, el empresario Mario Aguirre fue detenido acusado de participar en las corruptelas de Padrés, y podría sumarse el delito por del despojo del terreno donde antes funcionaba el Restaurant La Casa Grande del Mezquital, propiedad de la familia Gutiérrez.

    La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas aprobada por el Congreso del Estado el pasado fin de semana, destaca la sanción a particulares (personas físicas y morales) hasta con el doble de los beneficios obtenidos al incurrir en actos de corrupción.

    Según la ley anticorrupción aprobada por el Poder Legislativo sonorense, los ciudadanos que incurran en faltas administrativas para obtener beneficios económicos, deberán de pagar hasta el doble del monto ganado con el acto de corrupción, y en caso de no haber beneficios, los particulares recibirán sanción de hasta 150 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

    En el caso de las personas morales, la sanción podría ser equivalente a la cantidad de mil y hasta un millón 500 mil veces el valor diario de la UMA.

    La Nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, también sanciona a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas no graves con castigos que van desde la simple amonestación hasta suspensión, destitución e inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.

    Si el servidor público comete una falta grave que le genere un beneficio económico se le impondrá una sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, estando obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados.

    Los señores diputados se pusieron rigurosos contra los corruptos, ya sean particulares o funcionarios públicos como parte del andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque las sanciones a servidores públicos ya existían a través de la Contraloría, pero era letra muerta, como queda en evidencia al sancionarse a los ex funcionarios de Padrés con inhabilitaciones y con la exigencia de reintegrar a la hacienda pública estatal más de 2 mil millones de pesos desfalcados, de los cuales no han devuelto ni un quinto partido por la mitad, como decía la abuela.

    Lo novedoso es la aplicación de sanciones a los particulares que incurran en actos de corrupción con funcionarios o el gobierno, por lo que los legisladores a nivel nacional atendieron el clamor de castigo parejo porque consideran que tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata.

    Y en esa condición de cómplices de un gobierno corrupto como el de Padrés, están los empresarios Mario Aguirre y González Morillas, entre muchos más, como los que se beneficiaron con las quitas o millonarios moches fiscales.

    Ya veremos si esta nueva Ley de Responsabilidades Administrativas se puede aplicar de manera retroactiva para sancionar a los empresarios corruptos del pasado, o si será un borrón y cuenta nueva o cuenta nueva y borrón. Porque no es posible que los delincuentes se beneficien con el Nuevo Sistema de Justicia Penal para salir en libertad, y que tampoco se les exija que devuelvan lo que se robaron.

    ALERTA DE GENERO NO ACABA CON VIOLENCIA A LA MUJER

    Desde hace años y más reciente en los últimos meses las líderes feministas y hasta la diputada panista Célida López casi se lo pide a Leonardo Di Caprio, que en Sonora se declare la Alerta por Violencia de Género a las Mujeres.

    La gobernadora Claudia Pavlovich hizo frente a esas voces feministas al aclarar que una declaración de alerta de género, no es una varita mágica para que termine la violencia contra la mujer en Sonora.

    «Si el Gobierno de Sonora no ha solicitado la declaración de alerta de género para el municipio de Cajeme, es porque esta medida no ha demostrado dar resultados en la estrategia de ataque a la inseguridad, señaló la gobernadora Pavlovich.

    «Miren, yo sería la primera y se los digo tan franco como es en solicitar la alerta de género, si eso nos trajera beneficios, es decir, recurso, mayores recursos para programas, mayor involucramiento de muchas secretarías a nivel federal, no conozco ningún caso que sea así, lo que yo necesito es hacer mi trabajo», señaló la gobernadora.

    La dirigente de la Red Feminista Sonorense Leticia Burgos Ochoa, al igual que Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han demandado en reiteradas ocasiones que se declare la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)