ExcélsiorPeritos de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) realizaron un cateo en el rancho del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, para cotejar si el valor y la inversión en esta propiedad corresponden con los ingresos del inculpado, quien está preso en los Estados Unidos sujeto a un proceso para su deportación.
La mañana de este martes, con el resguardo de oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal de Seguridad Pública se llevó a cabo la diligencia judicial que forma parte de un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y falsedad en declaraciones.
Fuentes de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción detallaron que este tipo de cateos tienen el objetivo de evaluar el costo de la inversión realizado en el rancho y los bienes existentes, para comprarlos con sus declaraciones patrimoniales.
Actualmente, Roberto Romero López está recluido en el Centro de Procesamiento Migratorio de Eloy en Arizona, la semana entrante tendrá una audiencia ante un Juez como parte de un juicio para su deportación; éste fue detenido por cometer una falta administrativa, junto a su esposa la ex diputada local panista Mónica Robles Manzanedo, quien la semana tuvo su audiencia de migración; ambos tenían ficha roja de Interpol por los mismos delitos pero en el fuero federal.
Según estableció la investigación de la Procuraduría General de la República junto a la Fiscalía Anticorrupción, Roberto Romero y su esposa aprovecharon su cercanía con el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y su padrino de bodas el ex secretario de Agricultura, Héctor Herminio Ortíz Ciscomani, para bajar recursos de los llamados programas de concurrencia en apoyo al campo por al menos 85 millones de pesos 20 por ciento del Estado y 80% de la Federación.
Pero además, las auditorías de la Contraloría General de Sonora y el Instituto Superior de Fiscalización (ISAF) tienen observaciones a las cuentas públicas que involucran al colaborador más cercano a Guillermo Padrés, en la malversación de recursos públicos por al menos 415 millones de pesos.
La orden de aprehensión librada el 31 de enero del 2016, por el Juez Segundo de Distrito en Sonora, establece que el ex funcionario indiciado obtuvo recursos económicos de los programas destinados agricultores y ganaderos del Estado, además que esos recursos fueron desviados para beneficiar a la empresa Real del Romero, S.A. de C.V., donde Roberto Romero aparece como socio mayoritario.
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