Chismorreo presidencial

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    Ya va ser un mes que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en agosto iniciaría la recuperación económica de México, alardeó de los buenos resultados de la estrategia contra el Covid-19 y aseguró también que ya había pasado lo peor de la pandemia. 

    A un mes de que el inquilino de Palacio Nacional asegurara ver la luz al final del túnel, después de casi 20 mil defunciones y casi 143 mil nuevos contagios y sin indicios de mejoría de la economía de millones de familias mexicanas, esos temas dejaron de ser tema en el chismorreo presidencial mañanero. 

    Ya tiene gran parte de este mes deleitándose con engañifas como las que hizo víctima a autoridades tradicionales de la tribu yaqui; en mitotes de Emilio Lozoya Austin, y en las incongruentes cuentas alegres en materia de seguridad pública, sin aludir para nada sobre la más grave crisis sanitaria y económica de México de los últimos 100 años. 

    Taimado, ladino y simulador, López Obrador despliega todas las malas artes de la manipulación mediática con propósitos de entretenimiento, propaganda y de distracción, para mediante el uso de su tradicional verborrea demagógica anticorrupción, tratar de levantar sus bonos ante una desengañada y decepcionada sociedad mexicana. 

    Claudia Pavlovich

    Con jornadas de alrededor de seis mil nuevos contagios y más de 600 decesos que reporta la secretaría de salud federal todos los días; las batallas para conseguir el sustento diario de miles de mexicanos que han perdido sus empleos e ingresos, y la escalada de delitos de la delincuencia organizada que el mismo Alfonso Durazo reconoce que se ha incrementado en casi el 60 por ciento respecto al 2019, sabe cómo es que el presidente ve la luz al final del túnel. 

    Su chismorreo frívolo e irresponsable sobre el caso Lozoya, obvio se trata de otras más de sus frecuentes engañifas para cubrir la incompetencia de él y de su mediocre gabinete, resultando insuficientes, hasta ahora, los esfuerzos de Estados y Municipios para enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria; para empujar por la recuperación económica, y contener las actividades de bandas del narco. 

    Este miércoles se llevó a cabo la Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí y es de esperarse que de esa primera reunión a la que asiste el presidente, se hayan establecido bases serias que restituyan el pacto federal trastocado por el absurdo centralismo y mezquindad presupuestal de la federación y su impericia en el manejo de crisis. 

    De esa reunión al menos la gobernadora sacó el compromiso de López Obrador de que el Gobierno Federal construirá la infraestructura que falta para concluir la primera la construcción del Hospital de Especialidades en Hermosillo y aportará recursos para el equipamiento de dicho nosocomio. 

    David Anaya Cooley

    También desplegó su capacidad de gestión para que pescadores sonorenses del alto golfo de California sean tomados en cuenta en alternativas de solución y en cualquier tema relacionado con esa zona económica, como lo es la formulación del Plan Regional de Desarrollo para el Alto Golfo, que debe incluir una estrategia económica para impulsar esta actividad y apoyos para adquirir artes de pesca. 

    Ojalá que dicha reunión trascienda más allá de los buenos propósitos del presidente y de quienes integran su gabinete legal y ampliado, pero en nuestro caso tenemos serias reservas al respecto dada la proclividad de López Obrador de incumplir compromisos y apostarle a la confrontación con fines propagandísticos. 

    Por lo pronto, no se observa por ningún lado el anunciado arranque de la recuperación económica de agosto y así como fue una estupidez prospectar que la pandemia estaría bajo control el 20 de abril, tampoco a estas alturas hay indicios que alimenten dicha esperanza, y menos en el caso de la escalada de crímenes dolosos. 

    A como anda la cosa, será más “sencillo” domar la pandemia y reconstruir la economía del país, que ya no eliminar, controlar a bandas del crimen organizado que por cierto, en Sonora han tomado renovado ímpetu, aunque alienta que al menos haya sustancial baja en la incidencia de delitos patrimoniales gracias a las estrategias y coordinación desplegada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con los ayuntamientos de la entidad. 

    Es más, aún así el personal a cargo del secretario David Anaya Cooley debe extender sus capacidades operativas para atender las omisiones de la instancia federal y los efectos de la fallida militarización de mandos municipales, con el apoyo solamente de las avanzadas técnicas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque de la FGR, Guardia Nacional y demás, se mantienen como siempre: como los huevos de marrano, siempre atrás.  

    Andrés Cano Ahuir

    Lo ocurrido hace unos días en Guaymas, es el más evidente ejemplo del fracaso de la militarización de instancias municipales de seguridad pública, que no solo no cumplió con los propósitos que hace ya un año predicó Durazo Montaño, sino que se ha convertido en parte activa de la problemática, además de multiplicarse los hechos de violencia ligada al crimen organizado. 

    En efecto, a un año de aquel evento donde en las instalaciones de la Zona Naval el de Bavispe sacó su varita mágica con la que pacificaría Cajeme, Navojoa, Guaymas, Hermosillo y Empalme, pues los altos mandos militares asignados, no han aplanado la curva de delitos de alto impacto y en casi todos los casos, éstos se han disparado. 

    Como decíamos, en Guaymas es la mejor muestra del fisco en que resulta esa estrategia, ya que como casi todo mundo lo sabe, el capitán de fragata y comisario, Andrés Cano Ahuir, fue grabado cuando prácticamente ordenó la ejecución y asesinato de un agente policiaco, Remberto Gastelum, que un par de días antes había sido dado de baja, pero que ubicaba como parte de un grupo de policías municipales que “lo brincan”. 

    “A quien hay que pegarle para que se pongan a temblar esos hijos de la chingada; a quien hay que romperle la madre, agarrarlo, matarlo, lo que sea para que haya un desmadre en esa pinche organización”, pregunta quien se supone es Cano Ahuir, a un agente identificado como Jesús Eduardo “El Chapo” Manjarrez. 

    “El Peña es uno de los indicados”, responde “El Chapo” y el jefe policiaco insiste: “y de chingarnos al Remberto?”; “también, cómo no”; responde, para cerrar la sentencia con un “Órale, ya estás; sale viejo”, evidencias que al parecer son insuficientes para una destitución inmediata del militar mencionado y además iniciar una investigación para determinar su participación en ese asesinato. 

    Santiago Luna

    Y de la alcaldesa Sara Valle Dessens, pues nada, porque embarrada hasta el cuello de todo ese cochinero, ante los hechos se atuvo a un tembeleque mensaje donde se deslindó de cualquier responsabilidad, además de asegurar que ya hay una investigación en proceso sobre esos hechos y para “autentificar” el revelador audio. 

    Por cierto, en todo ese merequetengue porteño, extraño que Santiago Luna y Alberto Rodríguez Parra, asesores de cabecera y plenipotenciarios en todo el gabinete de la señora alcaldesa, no aparezcan por ningún lado, sabe si sea porque como bien se dice, el miedo no anda en burro.      

    A propósito de la fallida militarización durazna en los principales municipios de la entidad, pues en el caso de Cajeme ese propósito ya abortó al imponerse la autoridad del alcalde Sergio Pablo Mariscal, quien no paró hasta que echó de la estructura de seguridad del Ayuntamiento al Coronel de Infantería Jorge Manuel Solís Casanova, quien designado en agosto del 2019 por el mismo Durazo Montaño, en enero de este año fue puesto pies en polvorosa para ya nunca volver, para ratificar así las querencias que tiene el munícipe por Francisco Cano Castro. 

    Para completar el cuadro, en el caso de ese municipio se da el presupuesto que contiene el artículo 92 de la ley que crea la Guardia Nacional, que contempla que si bien los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para la operación de ese cuerpo paramilitar estarán a cargo de la Federación, “excepcionalmente” habrá aportaciones de las entidades y los municipios cuando la corporación realice tareas de seguridad pública de competencia local. 

    Sergio Pablo Mariscal

    Lo anterior aplica por la propia confesión del alcalde, quien vía redes sociales informó que junto a Durazo Montaño revisó “el tema del arranque del establecimiento de la Guardia Nacional y se acordó incrementar el número de efectivos para el municipio y se activarán acciones para crear las condiciones de un fideicomiso empresarial que respalde la seguridad”, sin importar recientes antecedentes de colusión de elementos con tiradores. 

    Y en el terreno de la vacilada el anuncio del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Benjamín Hurtado Aguirre, de demandar a la comuna de Hermosillo por daño moral por un monto de 300 millones de pesos, por lo que asegura una campaña orquestada en su contra luego de su denigrante espectáculo en el estacionamiento de una carnicería, el cual asegura el manejo fue con motivos políticos. 

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