Hermosillo, Son.- Roberto Romero López y su esposa Mónica Robles Manzanedo, quienes fueron los colaboradores más cercanos del entonces gobernador Guillermo Padrés Elías (2009-2015), acudieron a declarar ante el juez de Migración de Eloy, Arizona, Estados Unidos, en relación a presuntos actos de corrupción.
Fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad confirmaron a La Jornada que las audiencias comenzaron con Roberto Romero, secretario de Gobierno de Padrés Elías, y continuó la tarde de este martes Robles Manzanedo, ex diputada federal.
Los ex funcionarios se encuentran presos en el Centro de Procesamiento Migratorio de Florence, Arizona, desde el pasado 22 de mayo, cuando fueron detenidos por agentes de migración al cometer una falta administrativa, aunque al ser indagados sus antecedentes se dieron cuenta que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había emitido ficha roja para su localización y detención.
La Procuraduría General de la República -a través de la Agregaduría de San Diego, California-, inició los trámites para la deportación a territorio mexicano de los socios de Padrés Elías, con el fin de esclarecer los expedientes de investigación que los acusan de corrupción.
Ambos ex funcionarios enfrentan demandas federales por los delitos de abuso de funciones, atribuciones de facultares y peculado por utilizar 85 millones de pesos en apoyos del campo que brinda la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de fondos federales y aplicarlos en su rancho, ubicado al poniente de Hermosillo.
Según las investigaciones, Roberto Romero tampoco pudo comprobar el destino de 415 millones de pesos destinados a apoyo social para grupos vulnerables de la Secretaría de Gobierno.
Catea fiscalía el rancho del matrimonio
Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora catearon el rancho de la familia Romero Robles, ubicado en El Tazajal a 40 kilómetros de Hermosillo.
Salvador Ávila Cortés, vocero de la dependencia, señaló que la diligencia se realizó con el fin de recabar pruebas en contra de ex funcionarios públicos o redes de complicidad que pudieran desprenderse de las investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción.
El 30 de junio de 2015, agentes de la Gendarmería Nacional sitiaron el rancho, como parte de las investigaciones por la alteración del cauce federal del río San Miguel, que ocasionó la inundación de 50 hogares del ejido La Victoria, donde decenas de familias fueron evacuadas y perdieron su patrimonio.
