Denuncian acoso

Inquietante la amenaza judicial contra Leopoldo González Allard, Carmen Patricia Salazar Campillo y Héctor Sigifredo Cruz Iñiguez, magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Sonora y sobre los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Daniel Rodarte Ramírez y Francisco Arturo Kitazawa Tostado. 

Con sello de recibido a las 12:10 horas del viernes 18 de septiembre, la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora envió un oficio a la titular del IEES, Guadalupe Taddei Zavala, para que cuanto antes haga llegar a esa instancia judicial, copias certificadas de los nombramientos, la dirección de sus domicilios donde puedan ser ubicados y localizados, así como las fotografías de magistradas, magistrados y consejeros electorales. 

Piensa más y le atinarás, dice el refrán popular, ya que todo indica la presencia de la impúdica estrategia federal con fines de intimidación de autoridades electorales, contra quienes prefiguran que no estarían de acuerdo con eventuales machincuepas de parte del partido oficial, sí, así como le hacían los del PRI o los del PAN. 

Hasta donde sabemos, el único que ha manifestado públicamente su extrañeza por ese acoso es el consejero Rodarte Ramírez, quien vía redes sociales informó que acudió junto a su colega Kitazawa Tostado a la delegación de la FGR en Hermosillo, en donde el agente del ministerio público que lleva la Carpeta de investigación FED/SON/HSO/0002209/2020, se negó a informarles sobre que se les imputa. 

Nos parece sumamente extraño el que a pesar del evidente agravio a la autonomía del IEES, la presidenta Taddei Zavala aún no haya dado la cara y asumido la defensa institucional que la ley la obliga en favor de integrantes del Consejo que encabeza, faltando sólo que tal omisión se deba a que ella es parte de las imputaciones, en un contexto de revanchas tan propias de esa instancia electoral. 

Lo anterior es solo una figuración al vuelo, que podría ser desvirtuada simplemente con emitir un posicionamiento público de apoyo a quienes sin razón pública, se les persigue y se les acosa en abierta estrategia de intimidación por una autoridad judicial incondicional a MORENA, apenas al iniciar el proceso electoral 2020-2021. 

Respecto a que a Taddei Zavala se le requiere información sobre magistrados del TEE, no tenemos la mayor idea si ella sea la instancia adecuada, toda vez que al igual que el IEES, el tribunal también es un organismo autónomo y los asuntos como ese deben ser atendidos por la presidencia, en este caso por Salazar Campillo. 

Habrá que esperar para saber las razones formales de la Fiscalía General de la República con las que se pretende intimidar a autoridades electorales de Sonora, en el marco de un camino muy andado de quienes planean cometer fraudes y no quieren magistrados ni consejeros autónomos. 

Por lo demás, a fines de marzo había severa crisis en Hermosillo en materia de vialidades, destrozadas por las atípicas lluvias durante los primeros meses del 2020 y motivo de fuertes reclamos ciudadanos contra la administración encabezada por Célida López Cárdenas. 

En ese entorno, a propuesta de la munícipe, el cabildo capitalino aprobó subastar una superficie de casi 100 mil metros cuadrados del área de La Sauceda, incluidos campos deportivos y áreas arboladas, a partir de un valor catastral de poco más de 186 millones de pesos, con el fin de aplicarlos en un intensivo programa de bacheo y apoyar a microempresas que pudieran resultar afectadas por la pandemia del Covid-19. 

Hubo retobos de la comunidad deportiva y de ambientalistas y también algunos escarceos entre éstos y la autoridad municipal, y todo quedó en calma a partir de mediados de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una partida de 25 mil millones de pesos para aplicar 500 millones de pesos en 50 municipios del país, entre ellos Hermosillo y Cajeme. 

Lógicas las fanfarrias subsiguientes, aunque luego el gozo se fue al pozo cuando a fines de ese mismo mes, desde la SEDATU se aclaró que tales recursos extraordinarios no serían para bacheo ni para vialidades, sino para mejoramiento y regulación de vivienda, así como para espacios públicos. 

No sabemos si la alcaldesa López Cárdenas y el mismo Sergio Pablo Mariscal de Cajeme, lograron que parte de esos recursos se pudieran aplicar a bacheo, aunque el mismo titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, puso en claro que las reglas de operación del programa de Mejoramiento Urbano, obligan a que tales recursos deban utilizarse para equipamiento y acciones de vivienda. 

Los meses han pasado y ni una cosa ni la otra se han concretado, aunque el tema fue puesto sobre la mesa en la mitotera presidencial de este lunes, para repetirse la misma historia: López Obrador aseguró que se ocupó de ese tema toda la semana pasada y que en el curso de ésta esos recursos serán liberados, justificando la demora por un elefante que es difícil de empujar y estupideces por el estilo. 

A pesar de la respuesta “alentadora” del presidente, tenemos la impresión de que no sabía de qué hablaba al aludir circunstancias ajenas al destino de esos recursos, que ya Meyer Falcón puso muy en claro, aunque obviamente no le informó al respecto a su patrón. 

Pero a fin de cuentas de algo de consuelo debe ser el saberse que al igual que Hermosillo y Cajeme, así están 48 municipios más del país, hasta donde no les ha llegado ni un cinco de esos 25 mil millones de pesos que anunciara López Obrador el 15 de abril pasado y que hasta ahora sólo ha resultado una promesa más de las tantas incumplidas por ese demagogo. 

Cinco meses de espera pudieran ser suficientes para desengañar a cualquiera, pero en el caso de los hermosillenses, al menos la alcaldesa ha podido mantener en activo a las brigadas de bacheo y algo es algo con eso, que por otra parte no tenemos idea de la reacción de Doña Célida ante la negativa del presidente a opinar sobre su propuesta de fusilar a narcos, toda vez que la consideró electorera. 

Por cierto, dramáticos los intentos que realiza el dirigente estatal de MORENA –de facto—Adolfo Salazar Razo, para hacer creer que la representación legislativa de ese partido en Sonora y la federal sirven para maldita la cosa y por eso, de reconocerse la juntada que les organizó este lunes frente a medios de comunicación para justificar el aire que respiran y sobre su actuación ante el paquete económico 2021 que aprobarán sin chistar. 

Reconocemos que perdimos un rato el tiempo escuchando las incoherencias, balbuceos e incongruencias de Javier Lamarque o las tradicionales demagogias y retóricas mamfleys de Lorenia Valles sobre el tema presupuestal y mejor nos dimos a la fuga ante tantas estulticias, quedándonos la duda si el que dijo tantas de esas a nombre del Partido Verde fue el diputado Luis Mario Rivera. 

Lo que pasa es que convocada como rueda de prensa colectiva de MORENA, luego se divulgaron versiones respecto a que se trataba de una reunión de la coalición de ese partido con el PT y PES, y el agregadijo de la rémora ambientalista y que el tema presupuestal fue secundario, ya que la prioridad para ellos es lo electoral. 

Por lo pronto, mucho más deberá hacer Salazar Razo para generar una imagen favorable ante la opinión pública de quienes en lo local y en lo federal y en términos generales están pésimamente calificados por los sonorenses, y para demostrarlo no se requieren sumatorias de sus ignorancias, omisiones y chambismos.  

Por lo demás, el sector de inteligencia y de seguridad nacional debe tener información confidencial respecto a acciones que ponen en riesgo la vida del presidente López Obrador, porque sólo así se entiende el blindaje que ha sido colocado en torno a Palacio Nacional, El Zócalo y a amplio sector del Centro histórico de la capital del país. 

Miles de vallas metálicas impiden el acceso a personas a ese sector y a pesar del menosprecio a las movilizaciones sociales de estos días, al parecer sí hay miedo y su tamaño los hace actuar en contra de sus sobados discursos en favor de la democracia y las libertades.