Sólo en el peor de los desastres conoce uno la auténtica valía de los hombres
Santiago Posteguillo
El desastre ecológico en Guaymas representa intereses politicos, ecológicos, ambientalistas, sindicales/cooperativistas y empresariales. Pero también pone en evidencia las tremendas lagunas y vacíos en la organización y estructura de políticas públicas federales. Mire usted.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Sonora está representada por la abogada Beatriz Eugenia Carranza Meza, y la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (Semarnat) lo está por la también abogada y subdelegada jurídica, Dulce Villarreal, ambas como encargadas de despacho.
Ambas son expertas, a fuerza de décadas de experiencia, en el manejo de contingencias ambientales y los protocolos de emergencia para contenerlas, pero en la Profepa a nivel nacional no quieren aceptar el hecho de errores administrativos cometidos al despedir personal experto, y se resisten a trabajar coordinados por quienes suponen parte de la oligarquía, del prianismo o de la mafia del poder, aunque le sepan bien al tema.
Se niegan rotundamente a seguir recomendaciones, y a seguir planes de acción propuestos por ajenos a su propia ideologia politica.
Por su parte, Jorge Taddei Bringas, responsable de la Secretaría del Bienestar sabe que este asunto es tan delicado, que ha sostenido pírricas reuniones solo para “comunicar” que él nada tiene que decir, acomodándose a placer con la politica de no comunicación, dictada “desde arriba”.
A este tema hay que sumarle las intervenciones de diputados y senadores exigiendo el retiro de la concesión a Grupo México, castigos ejemplares a los responsables del desastre, y el llamado a juicio para German Larrea. Además, la declaración en Sonora como persona non grata ¿? del empresario minero y principal accionista de Grupo México.
Preciso en este momento dar un dato histórico: el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia en Cananea y Nacozari, exigió hace más de diez años que la concesión de explotación de ambas minas, la de La Caridad y la Minera de Cananea (hoy Buena Vista del Cobre), le fuera entrega al sindicato minero del ahora senador por Morena.
Así que, en la licuadora, meta usted a una Profepa y a una Semarnat federal dando palos de ciego; a un delegado federal en Sonora no solo inoperante, sino totalmente ignorante de temas ambientalistas; a un grupo de legisladores locales y federales con facturas pendientes contra Grupo México y Germán Larrea, una pésima estrategia de comunicación, a un senador con ínfulas de empresario minero, y a una ley de austeridad republicana que ha causado mas daño que beneficio a las instituciones de gobierno, y aquí la explicación de esto:
La austeridad de la 4T cortó la cabeza del subprocurador de Industria, Arturo Rodríguez Abitia, quien trabajaba en la Profepa nacional.
Él conocía al dedillo los protocolos del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), que recibe reportes de emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas, y coordina todas las acciones para su contención.
El Coatea opera desde la Profepa a nivel nacional, pero asi como lo despidieron a él en lo nacional, también en el centro del país sufrieron la misma suerte decenas de empleados como él.
Cuando las válvulas en Guaymas fallan, y los tres mil litros de ácido sulfúrico empiezan a derramarse en el Mar de Cortés, Grupo México activa todos su protocolos de seguridad, y da inmediato aviso de la contingencia a diversas instancias, entre ellas al Coatea.
Y es aquí donde la puerca torció el rabo: no hubo en la Profepa nacional nadie que supiera a ciencia cierta qué hacer. Nadie. Y en Sonora no autorizaron a quienes si sabían, para que tomaran iniciativa propia en la remediación del desastre.
Fue más rápida la viralización del video en redes sociales, donde se observa el derrame del ácido, que la movilización de la Profepa para solucionarlo.
Por eso es por lo que el gobierno federal ha sido tan consecuente con el tema. Se sabe responsable, pero se niega rotundamente a reconocerlo. Sabe que ante desastres como este está indefenso, pero su orgullo republicano no les deja pedir ayuda experta.
Además, y sin ánimo de defender a Grupo México, el derrame no fue lo suficientemente grande como para provocar daños serios. Ya se estableció que la tortuga encontrada muerta no tuvo nada que ver con el desastre y, además, cualquier experto en el tema le dira a usted que el ácido sulfúrico se evapora al contacto con el agua.
No se fije usted solo en el tema ambientalista para responsabilizar a Grupo México, porque también hay que responsabilizar a la Profepa, que a nivel federal actúa negligentemente. Ponga atención también a lo político, y a los personales intereses de quienes se ven operando las minas en México. Lo más grave de todo, es que la Profepa en Sonora está reducida, por órdenes jerárquicas, a una simple ventanilla de atención al público.
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