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Se le suman más corruptelas al ex gobernador Guillermo Padrés, al abrir la PGR dos investigaciones por presunto desvío de 450 millones de pesos de recursos federales para obras de infraestructura urbana en municipios.

La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncia penal contra el ex mandatario estatal panista, al detectar en sus auditorías que 450 millones de pesos federales nunca fueron aplicados en obras de beneficio social para lo cual estaban etiquetados.

Esos recursos estaban destinados a proyectos de obra pública en distintos municipios, pero no hay evidencia de que se hayan ejercido de forma correcta.

La primera denuncia, presentada el 19 de abril, es resultado de la auditoría 1107, que se aplicó al Gobierno de Sonora por la firma de un convenio con el cual el gobierno federal transfirió recursos para la realización de 31 obras y proyectos en la entidad, que tendrían beneficio social.

Por este convenio en específico, la administración de Padrés recibió 347 millones 999 mil pesos. De ese total hay 137 millones 618 mil pesos que el gobierno asegura que se ejercieron pero no existe comprobación alguna de su destino. Los recursos tampoco fueron devueltos.

Además de esta denuncia penal por desvíos de recursos federales que investiga la PGR, el ex gobernador Padrés acumula juicios en su contra por crimen organizado, por defraudación fiscal y presunto lavado de dinero por un monto de 8.8 millones de dólares, por lo que solo un milagro lo sacaría de la cárcel en estos momentos o en un corto tiempo.

Para los sonorenses no es ninguna novedad que se denuncie o investigue a Padrés por desvíos de recursos públicos ya sea federales o estatales, pues desde el inicio de su administración era público y notorio el estancamiento económico derivado del descarado “manoteo” del presupuesto, corruptelas que generaron una nueva casta de millonarios, a costa de dejar sin obras sociales a los municipios.

La segunda carpeta de investigación iniciada por la PGR es por la denuncia penal que presentó el pasado 20 de abril a ASF derivada de la auditoría 1111 practicada al Gobierno de Padres. En dicha auditoría se analizó el gasto de 547 millones 334 mil pesos que se recibieron del gobierno federal para la ejecución de 98 obras en el estado.

Lo que los auditores denunciaron es que existen 295 millones 789 mil pesos (más del 50 por ciento de los recursos transferidos), que no se saben dónde están. La administración de Padrés no los transfirió a los municipios pero tampoco los regresó, ni mostró documentos comprobatorios que acrediten su destino.

El dinero desaparecido debió invertirse en obras sociales como pavimentación, reparación o mantenimiento de alcantarillado y drenaje, iluminación, entre otros.

Además de estos casos, la Auditoría aún tiene detectados más de dos mil 500 millones de pesos que el Gobierno de Sonora bajo la administración de Padrés tiene pendientes por solventar y comprobar, pues no hay evidencias de que hayan sido usados para los programas en los que fueron etiquetados en los ejercicios del 2011 al 2015.

Esas corruptelas son la verdadera cara del PAN en el gobierno, la cual ahora tratan de esconder con una máscara de un nuevo PAN que de nuevo no tiene nada al ser los mismos ex funcionarios padresistas los que dirigen al partido albiazul, los cuales no tienen calidad moral para exigir resultados a la nueva administración estatal.

PARTIDIZAN PANISTAS EL TEMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA

Al carecer de un trabajo serio en las colonias para tratar de recuperar la confianza perdida de los ciudadanos por los seis años de corrupción del padresismo, la dirigencia local y estatal del PAN agarró como bandera política el tema de la seguridad pública, manipulando con una encuesta los índices delictivos.

El dirigente del PRI en Hermosillo Edgardo Briceño consideró como incongruente y cínica la postura del PAN y los padresistas David Galván, Alejandra López y Ramon Díaz quienes el pasado lunes presentaron de nuevo una encuesta completamente sesgada para partidizar el tema de la seguridad pública.

El dirigente tricolor en Hermosillo cuestionó la validez de la encuesta, pues deliberadamente fue realizado en las colonias de mayor incidencia delictiva para que resultara más alarmista y, en ese sentido, aseguró que los padresistas que hoy dirigen el PAN en Hermosillo y en Sonora no tienen calidad moral para exigir que en 18 meses se reconstruya el tejido social que dejaron destruido.

A su vez, los diputados del PRI Epifanio “Pano” Salido, Kitty Gutiérrez Mazón, Flor Ayala, Iris Sánchez y David Palafox, condenaron que el PAN busque sacar raja política al tema de seguridad pública por lo que exhortaron a que saque las manos de ese tema.

“No creemos que sea lo mejor para Hermosillo que se partidice la seguridad pública; el tema de la seguridad pública es un tema muy serio que debemos enfrentar con muchísima responsabilidad cada uno de nosotros”, declaró el Pano Salido.

El dirigente estatal de la CNOP Humberto Robles Pompa, expuso que el secretario general del CEN del PAN Damián Zepeda y su partido en Sonora manipulan la información de la seguridad en Hermosillo, ignorando los casos de Nogales, Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco donde los índices delictivos van a la alza en esos municipios con gobiernos emanados de Acción Nacional.

APRUEBAN LA NUEVA LEY ELECTORAL DE CLAUDIA

Como se veía venir, el Congreso del Estado aprobó este jueves la nueva Ley Electoral propuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich, que fija nuevas reglas para la competencia electoral en la entidad dando prioridad a la participación de la mujer, al rechazo a la violencia contra féminas, la equidad, el recorte en gastos y tiempos de campaña y la eliminación de la propaganda basura y contaminación visual.

En otras columnas hemos tratado varios aspectos de la iniciativa enviada por la gobernadora al Congreso del Estado cuyo dictamen fue aprobado este jueves aceptando propuestas de diputados de otros partidos para enriquecer la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero llama la atención el recorte a gastos y tiempos de campaña.

En la nueva legislación electoral propuesta en la iniciativa de la gobernadora Pavlovich, se establece el recorte al tiempo de campaña al pasar de 63 días a solo 43 días, con lo cual los candidatos tendrán que realizar su proselitismo a marchas forzadas.

“Los candidatos deberán estar cerca de la gente y convencer de que su propuesta es mejor que la del otro candidato sin denostar ni gastar recursos económicos exorbitantes y sobre todo, hacerlo en un periodo de tiempo prudente”, opinó la diputada tricolor Flor Ayala.

Y en efecto, ahora los aspirantes a puestos de elección popular estarán obligados a realizar “trabajo terrestre” desde antes del proceso electoral, con mayor trabajo en las colonias para estar en contacto y cercanos a la gente, y no solo visitarlas cuando van a pedir el voto. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)

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