Hermosillo, Son., septiembre 14 de 2020.- Por considerar que la Ley que crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios ha quedado desfasada y sirve de poco a las necesidades del sector inmobiliario, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano aprobaron un proyecto de nueva ley de servicios inmobiliarios para el Estado de Sonora, misma que será presentada a aprobación del Pleno del Congreso del Estado en una próxima sesión.
Los diputados de la comisión que preside la diputada Gricelda Lorena Soto Almada votaron a favor del proyecto que se basó en una iniciativa del diputado Jorge Villaescusa Aguayo, quien informó que con esta nueva legislación, el Estado de Sonora estará a la vanguardia por dos factores: su alto crecimiento y su ubicación como entidad fronteriza.
La Ley que actualmente rige la materia se publicó el 23 de mayo de 2002 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y, en su momento, puso a Sonora a la vanguardia al ser una de las primeras entidades del país que creó un registro estatal inmobiliario, obligando a los asesores profesionales en esta materia a cumplir con ciertos requisitos para llevar a cabo su labor, con lo que se logró otorgar mayor certeza a las transacciones de bienes inmuebles, destaca uno de los considerandos.
“Sin embargo, a casi dos décadas de su entrada en vigor y tomando en consideración las escasas adecuaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, queda claro que la referida Ley que crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios ha quedado desfasada y sirve de poco a las necesidades del sector inmobiliario”, agrega.
El diputado Villaescusa Aguayo expuso que gracias al crecimiento en el Estado ha proliferado un número importante de empresas dedicadas a bienes raíces, y aumentado el número de agentes inmobiliarios, de ahí la importancia de sentar las bases con una nueva Ley.
La Comisión de Desarrollo Urbano, en conjunto con la de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, con base a una iniciativa del diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz.
Se trata de incluir, como parte de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios que operen en el Estado, que las casas habitación que se entreguen a los adquirientes de estas, cuenten con, por lo menos, un árbol plantado dentro del inmueble entregado, que sea de naturaleza endémica y que contribuya a la mejora de la calidad del medio ambiente, además de fomentar la cultura del cuidado y protección del medio ambiente.
“Contar con árboles endémicos en cada casa habitación que se construya en el Estado representa grandes beneficios para los adquirientes, pero también para la sociedad en su conjunto, toda vez la vegetación ayuda a disminuir los contaminantes a través del proceso natural de absorción de dióxido de carbono que realizan todas las plantas, especialmente los árboles”, expresó el diputado Chaira Ortiz.
Con este proyecto, que fue aprobado por mayoría, se busca reformar el párrafo tercero y adicionar un párrafo cuarto a la fracción I del Artículo 79 de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, en el entendido de que todo proceso de construcción para urbanización y asentamientos humanos, aún y cuando se trata de procesos necesarios y de innegable importancia para el desarrollo de la sociedad, no dejan de provocar daño y deterioro ambiental constante, tanto durante su construcción como a lo largo de su vida útil.
La Comisión de Desarrollo Urbano aprobó otro proyecto de decreto para reformar los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 11 de junio de 2018 e impone en sus disposiciones transitorias diversas obligaciones a cargo de las autoridades estatales y municipales en la materia, con el fin de que ajusten sus actuaciones a lo que dispone.
La diputada Gricelda Lorena Soto Almada, autora de la iniciativa, explicó que los plazos establecidos en los transitorios tercero, cuarto y quinto de la legislación ya concluyeron, sin que la totalidad de las autoridades en la materia hayan dado cumplimiento a los mismos, especialmente las autoridades municipales que no cuentan con los recursos para acatar cabalmente dichas disposiciones.
Agregó que además de generar responsabilidades administrativas para los sujetos obligados, también podría ocasionar problemas en lo relativo a la legalidad de las autorizaciones para urbanización que expidan las autoridades, con base en la propia Ley, precisamente por no haber satisfecho los requisitos que emanan de los transitorios, además de los problemas que podrían derivarse hacia los particulares en el fundamento legal de sus inmuebles.
Un ejemplo es el Artículo Quinto Transitorio, en el que se estableció un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma (12 de junio de 2018), para que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales convocaran a las sesiones de instalación de los consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, sin que se cumpliera con lo aquí establece.
Los integrantes de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático aprobaron enseguida el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado de Sonora, y el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, una vez estudiadas las iniciativas que presentó el diputado Luis Mario Rivera Aguilar.
En la primera de las propuestas el propósito es que las autoridades estatales y municipales garanticen la existencia de una proporción de nueve metros cuadrados de área verde por cada habitante en zonas urbanas, y se contemple para su forestación la selección de especies endémicas.
En el segundo proyecto se busca definir una serie de parámetros legales para garantizar la creación de espacios públicos verdes en las zonas urbanas del Estado, que cuenten con vegetación nativa o de bajo consumo hídrico y la infraestructura urbana que proporcione a la población servicios ambientales y sociales, como la captura de carbono, protección de biodiversidad, mejora de la calidad del aire, control de temperatura urbana, calidad de vida, integración social y actividad física para los usuarios.
A consideración de la dictaminadora, ambas iniciativas se complementan entre sí, ya que afectan dos ordenamientos distintos con un propósito similar: garantizar la calidad y la cantidad de áreas verdes dentro de las urbanizaciones del Estado, como una forma de combatir la contaminación y mejorar el medio ambiente, ya que la falta de acceso a las áreas verdes tiene una fuerte correlación con el deterioro de la salud física y mental de la población.
Los cuatro proyectos aprobados serán remitidos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sean presentados ante el Pleno en la sesión ordinaria que corresponda.
