El éxodo de panistas a Morena favorece al PRI

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    La dirigencia estatal del PAN minimizó la salida de unos 350 militantes que anunciaron su adhesión a Morena, no como partido, precisaron, sino como movimiento. Más que minimizarlo, algunos dirigentes y militantes afines hasta hicieron mofa de ello en las redes sociales.

    El tema no es despreciable. La mayoría de los ‘migrantes’ provienen de pueblos de la sierra y el Río Sonora, donde las elecciones se deciden por un margen mínimo de votos; esos pueblos tienen un padrón de electores muy reducido, algunos no llegan a 300 y los resultados casi son definidos en el ámbito familiar. Vaya, la historia registra hasta un par de empates.

    Así, menos de diez personas que cambien el sentido de su voto en algunos casos, inclinan definitivamente la balanza entre una y otra opción política. La migración de panistas a Morena, no me cabe duda, favorece al PRI, en municipios donde las principales fuerzas políticas en disputa son este partido y el PAN. Minar la base social del segundo quizá le alcance a Morena para posicionarse a futuro, pero en 2018 creo que la resta al PAN beneficia al PRI.

    A la sede estatal del PAN acudieron varios militantes, entre ellos Jesús María «El Chuma» Martínez, diputado suplente del aguapretense Carlos Fú. Apareció con una lista de 350 militantes de aquella región para presentar su renuncia. No fue recibido por los dirigentes estatales David Galván y Alejandra López Noriega, sino que los atendió un funcionario menor.

    De allí se dirigieron a la sede de Morena, donde el dirigente estatal Alfonso Durazo encabezó una larga rueda de prensa para darles la bienvenida y responder preguntas de los reporteros.

    No fue un buen día, pues el evento coincidió con la información difundida en la víspera por el periódico Reforma, según la cual un hombre detenido hace dos años en Hermosillo, Gualberto Gastélum señaló al empresario Alfonso González, como enlace entre el cártel de Sinaloa y el gobernador Guillermo Padrés, para proteger actividades del narcotráfico en Sonora.

    Alfonso González es un empresario de la construcción favorecido con contratos durante la administración padrecista, y con quien el narcotraficante comparte su afición por las carreras de caballos, de la que también es partícipe el ex gobernador.

    Pero Alfonso González apareció luego como apoyador financiero de Morena en Sonora. Incluso, el edificio que alberga las oficinas de ese partido en Hermosillo es de su propiedad. El edificio lo renta Morena y aparece en los gastos que el partido tiene que reportar al INE, pero eventualmente esto podría acarrear consecuencias.

    Alfonso Durazo calificó la información de Reforma como «malintencionada», pero sostuvo que en todo caso, debe ser el propio Alfonso González quien aclare las imputaciones que se le hacen.

    Por cierto, entre otras cosas, el sexenio pasado este empresario constructor, cuyo paradero se desconoce, ganó el concurso para construir la presa de Nacozari y ya había comenzado a trabajar en los caminos, pero el actual gobierno le canceló el contrato.

    Tampoco en las redes sociales les fue bien a los morenos. La mayoría de las menciones fueron en el sentido de que estaba recogiendo y reciclando lo peor del PAN y del padrecismo, aunque él dijo que no recolectarían cascajo ni peso muerto. Pero la inclusión de personajes como Raúl «El Pollo» Castelo, auténtica ficha de la corrupción padrecista en el sur del estado, levantó muchas sospechas, lo mismo que Rafael Vidrio, ex alcalde panista de Altar, donde se ha alternado la presidencia municipal con su madre, en un caso dinástico similar al que ocurría en Agua Prieta con la familia Terán.

    En resumen, la ‘desbandada’ en el PAN no fue de las dimensiones anunciadas, aunque no deja de abrirles un regular boquete, sobre todo en la zona serrana; los fichajes de Morena quizá le ayuden a aparecer en el mapa político-electoral en 2018, pero lejos aún de una representatividad importante y, antes bien, Durazo y compañía están obligados a desmarcarse de cargas negativas como la de Alfonso González, que eventualmente puede aparecer esposado un día de estos.

    Para cerrar, acusamos recibo de la aclaración de don Gustavo de Unanue Galla en el sentido de que él no se sumará a Morena. Conocemos a don Gustavo desde hace un par de décadas y nos consta su condición de político profesional y serio. Reconozco que confié un una fuente en la que no vuelvo a confiar, pero ya ven cómo es esto, que al mejor cocinero se le quema alguna vez la sopa. Esa misma fuente me dijo que Emma Larios también migraba, y aunque ella no lo ha desmentido, la versión queda en calidad de ‘news fake’, por las mismas razones.

    Lo cierto también es que ya es la segunda ocasión en que el ex gobernador Padrés aparece relacionado con la delincuencia organizada, concretamente con narcotraficantes, lo que coloca en una situación muy incómoda a los padrecistas que se andan desgarrando las vestiduras con el tema de la inseguridad pública, pero se voltean a otro lado cuando aparece información en el sentido de que fueron ellos los que institucionalizaron (más) el bandidaje, la corrupción y los nexos gubernamentales con el narcotráfico para envenenar masivamente a esos que andan hoy por las calles asaltando y agrediendo.

    IIKino los reporteros.

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    Y eso fue precisamente lo que les contestó el alcalde Maloro Acosta a los regidores blaquiazules que anticiparon su voto en contra de la cuenta pública 2016-2017, argumentando que el ayuntamiento estaba invirtiendo en obras no prioritarias como las paradas de camiones, descuidando aspectos de seguridad.

    Pa’ pronto, el alcalde les recordó lo omisos que fueron en el tema de seguridad, especialmente ese que hoy ocupa las primeras planas vinculando a Padrés con el narco para dejarlos operar libremente.

    A la andanada se sumó el profe Manuel Madero, regidor del PANAL, quien les recordó que este gobierno ha invertido 260 millones de pesos en recarpeteo de calles este año, «para quienes andamos en carro, pero ustedes están enojados porque se invierten 24 millones en obras para los de a pie».

    Y para remachar el clavo, el regidor Raymundo Rodríguez les dijo que en lugar de estar sembrando el odio en la gente, deberían pedir perdón por lo que hicieron cuando gobernaron, recordándoles que la Secretaría de la Función Pública está requiriendo al ex secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendívil, para que regrese 370 millones de pesos cuyo destino no ha podido justificar.

    O sea, algo así que como para tener la lengua larga, se necesita tener la cola corta y los padrecistas no la tienen.

    Y ya para cerrar, el colega y amigo Humberto Anaya nos hace llegar la fotografía del cierre del Festival del Pitic, con el concierto Sonora International Opera Competition Francisco Araiza, en la que se observa al alcalde y su esposa Martha Antúnez de Acosta aplaudiendo de pie, en medio de toda la gente y sin la parafernalia de seguridad que suele aparecer en estos casos.

    El alcalde, con todo lo que se diga, pasó la prueba del ácido al compartir junto a miles de hermosillenses en la plaza pública, el cierre del Festival del Pitic.

    III

    Y a propósito de seguridad pública y su capitalización política, no faltó quien quisiera aprovechar unas declaraciones del alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez en el sentido de que la violencia y los actos delictivos se han vuelto insoportables en aquella ciudad y que falta más coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pero omitieron decir que en el balance, el alcalde fue claro al precisar que la escalada de violencia comenzó en 2009.

    Todos habrán de recordar que en años subsecuentes, la Procuraduría estatal cerró al menos 19 bases de la Policía Estatal Investigadora, y en algún momento retiró TODO el personal policiaco que tenía asignado a Ciudad Obregón. Tuvo que llegarse un acuerdo entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacios y el alcalde en turno, Rogelio Díaz Brown, para que el Ayuntamiento apoyara a los estatales con viáticos y gasolina, porque desde el estado no fluían los recursos.

    La plaza se descuidó y la operación de grupos delictivos, organizados y no, fue en aumento, hasta llegar a ubicar a Cajeme como una de las ciudades más violentas del país. Los primeros meses de la actual administración, el problema se controló, pero a partir de mayo del año pasado volvió a recrudecerse, admitió el alcalde.

    Más allá del amarre de navajas que algunos pretendieron hacer con este tema, entre la autoridad estatal y la municipal, existen evidencias de que se ha estado trabajando en la prevención y el combate a la delincuencia.

    Desde septiembre de 2015, en Cajeme se han asegurado a 701 personas por diversos delitos, 66 de ellos considerados objetivos criminales pertenecientes a células delictivas.

    También se ha logrado sacar del mercado más de 552 mil dosis de diferentes drogas, más de 20 mil de ellas corresponden a la conocida como Crystal, que se ha convertido en el detonador de otros delitos, señaladamente el robo, los asaltos y agresiones.

    En patrullajes se han recuperado 89 vehículos con reporte de robo y asegurado 88 armas de fuego, una granada de fragmentación y más de 600 cartuchos de diferentes calibres.

    O sea, trabajo sí hay, pero el problema escaló de tal manera, que urge reforzarlo coordinadamente.

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