Estrada Chong debe medir con la misma vara.- De lo contrario estará en duda su labor anticorrupción.- No permita, señora Gobernadora, el agravio a la gente que utiliza el transporte público
Bernardo Elenes Habas
El miércoles 5, a partir de las 10:00 horas, comparecerá Manuel Montaño Gutiérrez, ex síndico municipal en la administración 2012-2015, ante un segmento de Cabildo de Cajeme.
Fue convocado por la Comisión Anticorrupción que en la estructura actual de regidores preside Enrique Estrada Chong, del partido Movimiento Ciudadano, con la pretensión de clarificar el programa de modernización del alumbrado público, aplicado en el trienio anterior.
Es de reconocerse la consistencia con que Estrada Chong viene actuando sobre dicho tema, no obstante que han surgido críticas preocupadas por parte de la ciudadanía y de la misma clase política, ya que detectan en él una supuesta raíz de conveniencia para posicionar a su partido –MC-, y por supuesto al aspirante a la alcaldía Gustavo Almada, en la conciencia de la gente, cuando faltan menos de tres meses (primeros nueve días de septiembre) para que el INE instale oficialmente el proceso electoral 2017-2018.
Esto podría ser –señalan algunos cajemenses-, una cosa buena que parece mala, o viceversa, porque pudo haberse promovido muchos meses antes y no sospechosamente en el núcleo de la efervescencia político-electoral, que conlleva a presumir una jugarreta para crear banderas, y no precisamente la convicción transparente de buscar que se aplique la justicia -de resultar delitos-, en dicho caso.
Tal vez por eso, varias personas le están sugiriendo a Montaño Gutiérrez, que durante su presentación abra un paréntesis y le pida a Estrada Chong, que con la autoridad que tiene en la mencionada Comisión, y con la misma pasión justiciera que está demostrando, llame igualmente a comparecer a un regidor de su propio partido –MC-, para que se ventile y clarifique un presunto acto delictivo contra el patrimonio municipal.
Claro que este cuestionamiento podría estar, también, dirigido para su información, a los líderes de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, María Dolores del Río y Gustavo Almada…
En Sonora, ni el Consejo Ciudadano del Transporte, ni el parlamento local, ni la gobernadora Claudia Pavlovich, han sopesado con sensibilidad humana, la dramática encrucijada a la que empujaron, indefensos, a miles de trabajadores, principalmente mujeres, con el incongruente aumento de tarifa en el sistema de transportación colectiva, de 7.00 a 11.50 pesos.
El salario mínimo es de 80 pesos, y lo recibe una gran cantidad de sonorenses que laboran en el comercio y en maquiladoras, aunque los gloriosos líderes de la CTM, dirigidos por Javier Villarreal Gámez, griten que es sólo un referente.
Pero esos discursos no los acepta quienes están condenados a la miseria, a la desesperación por no poder enfrentar gastos de alimentos, de agua, electricidad, vestido.
¿Cómo, las madres solteras que laboran en tiendas donde se vende ropa, zapatos, puestos del Mercado, y que devengan el salario mínimo podrán enfrentar esos retos inaplazables con 34 pesos… Sí, leyeron bien, con 34 miserables pesos diarios?
Y es que de los 80 pesos que ganan al día en sus agobiantes jornadas de trabajo las empleaditas, tienen que pagar, ahora, 46 pesos de transporte: El pasaje de las mañanas al trasladarse a sus centros de trabajo. Al mediodía al salir a comer y luego regresarse; y por las noches al retornar a sus hogares.
Y esto, sin contar a quienes deben abordar dos rutas para poder llegar a sus destinos.
¿Quién, pues, con 34 pesos mantiene un hogar, provee alimentos a su familia, paga luz y agua, y a veces hasta el arrendamiento de la vivienda?
¿Quién no se desespera con este tipo de dramatismos provocados por políticas públicas indiferentes, y siente la impotencia de las familias que se desintegran, los niños y adolescentes que se vuelven drogadictos y delincuentes, porque no tienen en casa los satisfactores indispensables, y sí los quema la pobreza extrema, el abandono social y humano?
Señora Gobernadora, no se suba a los camiones a cuestionar a los operadores por las fallas mecánicas en las unidades que no les pertenecen, y de lo que no tienen culpa. Emplace a los dueños de concesiones. Reúnase con ellos. Propóngales un plan de justicia histórica.
Dígales que procede ya a buscar los mecanismos legales capaces de confiscar las grandes fortunas que se llevaron los ladrones del “Nuevo Sonora”, para aplicarlos en acciones públicas dignas para la gente, como el transporte, de tal manera que los sonorenses trabajadores y humildes no tengan que restringir la alimentación de sus hijos para pagar un servicio necesario y de alta utilidad colectiva.
Si realmente existe voluntad y vocación de servir, se puede hacer esto y más. No permita el agravio para los más desprotegidos. Los más olvidados. Los que, a pesar de todo, siguen amando a Sonora y salen, día con día, no a triunfar, no a progresar, sino a sobrevivir…
Le saludo, lector.
