La apuesta por el caos

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    La apuesta por el caos

    Arturo Soto Munguia / 2017-07-04
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    El 10 de diciembre de 2011, dos camiones urbanos que concesionarios en protesta habían colocado en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, fueron incendiados intencionalmente, según el peritaje de las autoridades. 10 días antes, otro camión utilizado en las protestas por actualización de tarifas, también fue incendiado por manos anónimas.

    Un año después, en septiembre de 2012, nueve camiones estacionados en el centro de pernocta de la Sociedad Integradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), fueron consumidos por las llamas en un incidente que jamás fue del todo aclarado.

    El servicio público de transporte urbano es un negocio redituable, económica y políticamente. Siempre lo ha sido. Y como tal, estuvo en la mira del recién estrenado gobierno de Guillermo Padrés, a través de su ‘operador político’ por excelencia, Roberto Romero López, de quien los concesionarios tienen muchas historias negras que contar, especialmente de aquellos primeros años del padrecismo, cuando el gobierno intentó sacarlos del negocio para apropiarse del mismo.

    Romero López tomó protesta como secretario de Gobierno el seis de enero de 2012, pero es de todos conocido que desde el inicio de ese sexenio, era la voz que soplaba en la oreja del gobernador y el hombre que se hacía cargo de los principales asuntos políticos y sociales, con mano dura e intransigencia proverbial. Hoy, los dos están en la cárcel.

    Es necesario citar estos capítulos de la historia reciente, para ubicar en su justo contexto las formas de abordar los conflictos, particularmente los que se generan en ese sector, el del transporte urbano que, reitero, no sólo representa un negocio de cientos de millones de pesos al año, sino que por sus características, también representa un coto de poder político importante.

    Entre 2011 y 2012 se dio la última actualización de las tarifas. El choque entre concesionarios y gobierno tuvo matices violentos, que incluyeron al sindicato de operadores, cuyos integrantes protagonizaron varios sainetes con choferes contratados para continuar prestando el servicio ante la amenaza de un paro camionero.

    El «manual de operación política», el «librito» de Roberto Romero se convirtió en predecible: la confrontación, la violencia, la imposición, el aparato de Estado para reprimir y amedrentar; vandalizar, secuestrar y hasta matar era la tónica de aquellos gobernantes a quienes desde algún lugar hoy observan María Jesús Coronado «La China»; Gisela Peraza, los voceros de la etnia yaqui y todos los perseguidos del sexenio.

    De ese ‘manual del horror’ no decían nada en esos años los ‘güero-nieves’ y troles de menor valía que hoy se tiran al piso, pataleando porque el conflicto que parecía inminente con el asunto del aumento a las tarifas del transporte público, se desactivó por la vía de la negociación, el diálogo, la propuesta y la vocación para resolverlo sin que la sangre llegara al río.

    Para ellos, ese sería el escenario ideal. Que estallara la violencia como la hicieron estallar en aquellos años, para ver si así capitalizan el conflicto como en su momento lo hicieron los priistas para posicionar la idea de un mal gobierno. Pero se quedaron con la carabina al hombro.

    Después del gasolinazo y sus consecuencias en el encarecimiento de la vida, la actualización de tarifas era necesaria, pero el gobierno no podía permitir que el incremento lesionara de muerte al presupuesto familiar de los usuarios.

    La gobernadora hizo pública su postura ayer, en ese sentido. Actualización, sí, pero sin un costo excesivo para las familias que utilizan el transporte urbano. Subsidio, sí, pero con la exigencia a los concesionarios, de que mejoren el servicio.

    No hay incremento en las unidades que no cumplan requerimientos de ley en cuanto a condiciones mecánicas y de confort para el usuario, especialmente en lo que se refiere al aire acondicionado. Las unidades que no estén en esas condiciones, serán retiradas de las calles.

    Los apoyos para estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad, se mantienen. La tarifa propuesta por la gobernadora es de nueve pesos, y no de 11.50 como propuso el Consejo Técnico Ciudadano, un ente creado por el padrecismo, bastante oneroso y por lo visto, aún a su servicio, si se considera que de allí se filtró el tema del aumento tarifario, sin que la propuesta estuviera acabada, según reveló ayer el secretario del transporte de la CTM, Hermenegildo Gutiérrez, que también forma parte de ese Consejo.

    Es decir, el conflicto fue detonado desde el Consejo. Le pregunté a Hermenegildo si sospechaban de alguien y qué sentido tendría revolver las aguas de un tema que no estaba suficientemente discutido, y salió por peteneras. Que estaban ocupados en otros asuntos y que ni siquiera les interesaba preocuparse por eso, dijo.

    Dejados con la carabina al hombro, los panistas se lamentan de que la salida encontrada a ese conflicto que ya comenzaba a polarizar de nueva cuenta a la sociedad, tuvo como telón de fondo una estrategia mediática para presentar posturas aparentemente irreconciliables, para luego hacer aparecer al gobierno como amigable componedor.

    Los datos que tengo indican que no es así. De hecho, los concesionarios están convencidos de que la tarifa técnica no debió ser de 11.50, sino de 13.50, lo que representaría no un cobro directo al usuario que sería imposible pagar, sino un subsidio más alto. La negociación no fue sencilla, hubieron que ‘arrastrar el lápiz’ durante semanas para cuadrar los números.

    Pero bueno, para los padrecistas (a quienes por cierto ya deberían de llamar a cuentas por los 600 millones de pesos que ‘desaparecieron’ del FEMOT) lo ideal hubiera sido la escalada del conflicto. El ‘Manual de Roberto Romero’, pues, que incluye quema de camiones, bloqueos de calles, violencia física, prácticas que aplaudían como focas hace apenas unos años.

    II

    Hay que admitir que a la Legión Troll, esa entidad amorfa y desorientada a la que se redujo el padrecismo, le interesa sobremanera alimentar el odio y la cizaña, porque es la mejor cortina de humo para cubrir su fracaso como alternativa de gobierno que no resiste la más mínima ojeada retrospectiva.

    Y para prueba, la renuncia de Ramón Felipe Valdez, un joven panista que expone en una elocuente misiva sus razones para abdicar de la actual dirigencia. Excesos, irresponsabilidad, soberbia, culto a la personalidad. Decepción, tristeza, son algunos de los conceptos en su carta de renuncia.

    «Me voy profundamente decepcionado del partido por lo que representa. Lo convirtieron, desde el Comité Ejecutivo Nacional en una mafia al servicio del dirigente nacional, que se empeña en ser candidato presidencial acosta de todo y de todos, con la complicidad y el servilismo de las estructuras estatales que están bajo sus órdenes», dice, entre otras cosas, en su misiva a David Galván.

    No conozco a este muchacho, nunca lo he visto, aunque me ha troleado en Twitter y hemos discutido, a veces no de buen modo. Se va del PAN y expone sus razones. Se va también Tania Alcántar, que hace días me dijo que buscaría nuevos horizontes políticos en Movimiento Ciudadano y que le dolía mucho la manera en que la actual dirigencia del PAN se ha cerrado de tal forma que sólo tiene lugar para los padrecistas.

    Entiendo que ni Ramón ni Tania son cuadros dirigentes, pero también entiendo que durante el tiempo que militaron en el PAN, se entregaron con fuerza y convicción a lo que suponían un proyecto político correcto. Ya no más. Se fueron del PAN, como se están yendo otros, lo cual es música para los oídos de los padrecistas en las dirigencias nacional y estatal del partido, que festinan al ritmo de que entre menos burros más candidaturas.

    Con lo que no cuentan, quizá, es que esa gente que se va, lo hace dolida. Decepcionada. Con la tristeza de abandonar un proyecto en el que creyeron, y que descubrieron más corrupto que todo aquello que estaban teóricamente combatiendo.

    III

    Lo peor, o lo mejor, dependiendo de qué lado de la nomenklatura estén, es que el tiempo les está dando la razón. Apenas ayer comentábamos el reciclaje de la ingobernabilidad en el bello puerto de Guaymas, cuando casi simultáneamente circuló en redes sociales un video con imágenes de la sesión de cabildo en la que los regidores de distintas fuerzas políticas acrisolaron un discurso en el que lo más bello que se dijeron fue «chamaco pendejo».

    Estuvo a nada de llegar al moquetazo limpio, frente a la mirada entre complaciente y displicente del alcalde Lorenzo de Cima, un cuadro del PAN que podría ser más valioso, si no estuviera secuestrado por el padrecismo que lo hizo llegar a la oficina más refrigerada del Palacio de Piedra, del que quién sabe cómo salga.

    Por cierto y ya para despedirme, una fe de erratas. En el despacho de ayer escribí que Lorenzo de Cima llegó a la alcaldía venciendo al candidato del PRI, su primo Walter de Cima. No es así. El candidato del PRI a la alcaldía del puerto en 2015 fue el doctor Luis Marcos León Perea.

    Por los inconvenientes que pudo causar ese error, ofrezco disculpas.

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