Hermosillo no se merece esa clase política instalada en la pequeña loma desde la que se observa, con nostálgica tristeza o con hipocresía infinita, el futuro con la nuca.
Así como no es cierto que en materia de política y democracia todo tiempo pasado fue mejor, tampoco es cierto que a la hora de abrir los caminos a un desarrollo más incluyente, lo mejor sea moverse bajo la premisa de que lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
Eso parece estar sucediendo desde hace varios años, pero de manera más marcada en los últimos 18 meses, con una oposición que no termina de lamer las heridas de una derrota que creían impensable, y que los dejó patidifusos, noqueados, desarticulados en la búsqueda de culpables dentro y fuera de su partido; enfrentados entre sí.
De pronto se vieron no solamente fuera de la nómina y lo que ello representa en términos de poder político y económico; sino preocupados por la rendición de cuentas que se veía venir, la exigencia social de llamar a cuentas a un gobierno que dejó la ciudad destrozada y en desamparo.
No es difícil hacer un ejercicio de memoria, porque no ha pasado tanto tiempo, para recordar cómo estaban las calles de Hermosillo en el invierno de 2015. Las lluvias extraordinarias de esas fechas sólo vinieron a mostrar en toda su crudeza la falta de inversión en mantenimiento, pavimentación, recarpeteo.
En el norte de la ciudad, las principales rúas que conectan con el centro (Olivares y López del Castillo; Reforma y Monteverde; Margarita Maza de Juárez, Piña, Reyes, por citar algunas), estaban convertidas en auténticos potreros. No tenían baches; simplemente, en algunos tramos, ni siquiera tenían pavimentos. Cualquier usuario de esas rutas habrá de recordarlo con claridad.
En materia de seguridad pública las cosas no estaban mejores. De hecho, la organización de ‘autodefensas vecinales’ se hizo presente por diversos puntos de la ciudad, porque ya no aguantaban a los malandros. Lo que no había, en todo caso, era una estrategia articulada y sistemática de la oposición que en ese entonces era el PRI, para capitalizar políticamente ese drama. Al menos, no de la forma en que el PAN lo está haciendo en estos meses.
Y esa campaña la desarrollan a partir de esa corta memoria, esa lengua larga y una buena dosis de cinismo; haciendo abstracción de las condiciones en que dejaron la ciudad, al menos en esos dos aspectos que traigo a colación acaso por ser los más sensibles en estos momentos.
El deterioro de la ciudad no comenzó hace tres o seis años, sino hace décadas. Y no hay que perder de vista que al menos en los últimos 20 años, desde 1997, es el PAN el que ha estado a cargo de la administración municipal, salvo en el periodo 2006-2009 que gobernó (y bien) Ernesto Gándara, y los 18 meses que lleva el Maloro.
Pero hay una saga de al menos 20 años en los que se fueron descuidando aspectos de inversión en obra social, en infraestructura urbana, en programas de prevención del delito, en atracción de inversión productiva, en la generación de condiciones aceptables para una vida cotidiana aceptablemente armoniosa.
Y en eso hay responsabilidades claras de quienes hoy ponen el grito en el cielo por el estado de cosas que fueron construyendo durante esas dos décadas y que ahora está haciendo crisis. Con el agregado, y esos son datos objetivos, de que durante aquellos años el presupuesto federal fue bastante generoso, antes de la caída de los precios internacionales del petróleo. Nada más en Seguridad Pública, a los gobiernos de Alejandro López Caballero y Javier Gándara Magaña les tocó administrar más de mil millones de pesos anuales. Y aun así se les cayó el tinglado, al grado de dejar sólo 20 patrullas funcionando, para una ciudad cercana al millón de habitantes.
Si eso es un ejemplo de buena administración, pues entonces algo anda mal. Pero bueno, siempre será más fácil ponerse a trabajar en una estrategia mediática para pasear por todas las redes sociales el cadáver de un enfermero muerto a navajazos, que elaborar una propuesta de política pública en la materia, que evidentemente no tienen, pues si la tuvieran la habrían desarrollado siendo gobierno y no lo hicieron.
Ahora bien, el gobierno del Maloro tampoco puede quedarse en la zona de confort desde la cual supondría que le basta con mantener una línea discursiva según la cual todo es culpa de las administraciones anteriores.
Independientemente del largo proceso en el que se descuidaron áreas sustantivas de la administración municipal, el hecho cierto es que hay reclamos ciudadanos válidos y legítimos. No hablamos de los panistas, que obviamente están en lo suyo y lo extraño fuera que no lo hicieran, que no capitalizaran cada uno de los errores del gobierno actual y no magnificaran cada bache y cada atraco, cada crimen.
No. Hablamos de la gente que reclama su derecho a vivir en paz y en una ciudad habitable, sin averiguar quién tuvo la culpa de que las cosas llegaran a niveles preocupantes.
Y a esa gente hay que responderle, no con el reparto de culpas, sino con un gobierno que resuelva sus demandas.
Lo hemos asentado en otros despachos. Asumir que las críticas al gobierno vienen sólo de los panistas despechados, dolidos, enojados, reduce hasta lo más mínimo la visión de un gobierno que, en justicia, se está ocupando de cosas más importantes, pero la dinámica del reparto de culpas a veces no deja ver lo otro.
Por ejemplo, retomando el tema de la seguridad pública, donde uno de los aspectos que contribuyó a la crisis fue la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entre otras cosas flexibilizó las reglas de la prisión preventiva para presuntos delincuentes (sobre todo acusados de robo domiciliario, uno de los principales problemas en Hermosillo), permitiéndoles seguir en libertad luego de un acuerdo reparatorio.
En los hechos, eso permitió que los presuntos, aun capturados en flagrancia en ciertos casos, no pisaran la cárcel y en cambio, anduvieran por las calles inopinadamente.
Desde octubre del año pasado, el alcalde presentó a la Cámara de Diputados federal, una iniciativa para reformar el Código Penal Nacional, para incluir de nueva cuenta la prisión preventiva en esos casos. Tal iniciativa parte del reconocimiento de un problema y el planteamiento de una propuesta para solucionarlo. Pero la iniciativa no ha caminado a pesar de que los propios diputados federales de su partido sostuvieron que la harían suya.
Hasta hoy no se ha sabido de avances en este tema en San Lázaro, pero evidentemente ya se encendieron focos rojos, pues ayer el fiscal general del estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, reveló en un encuentro con empresarios de la construcción, que la Fiscalía a su cargo ya trabaja en coordinación con el Poder Judicial, para que se aplique prisión preventiva oficiosa a quienes cometan robo a casa habitación o a comercio.
Es decir, el gobierno municipal no está cruzado de brazos en este tema. De hecho, se adelantó a los tiempos porque desde octubre del año pasado ya se veía venir lo que hoy está siendo aceptado por la autoridad estatal y federal.
Este tipo de asuntos, como el de la reconstrucción en materia de vialidades, que no soporta un comparativo respecto al invierno de 2015, no se publicitan mucho, o al menos, no adecuadamente, lo cual abre la puerta a las notas de escándalo que tan bien están capitalizando los que añoran regresar al gobierno, con un nutrido pliego de quejas, pero muy flaca agenda de propuestas.
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