La peligrosa tentación del exterminio

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    Y las redes sociales lo volvieron a hacer. Ayer se viralizaron al menos un par de videos en los que aparece un joven aparentemente drogado y amenazando con un machete a una decena de policías municipales de Navojoa, que lucieron en todo su esplendor la incapacidad, la poca preparación, el desconocimiento de protocolos mínimos para guiar sus acciones, si es que éste existe.

    Los reportes indican que el muchacho, dedicado al lavado de autos en los alrededores de una estación de gasolina, tenía conflictos personales con un empleado de la misma, al que atacó con el machete; posteriormente llegaron los agentes y el tipo no sólo los mantuvo a raya amagándolos con el arma, sino que se dio el lujo de bailarles mientras le sacaba filo al machete con la banqueta. Los hizo correr, los amenazó, hizo que uno de ellos cayera al suelo. Se burló de los policías.

    Finalmente el tipo se dirigió a las bombas de gasolina con los agentes tras él, pero sin acercársele lo suficiente. De hecho, algunos policías portaban lo que parecen ser tubos, con los que intentaron golpear al rijoso, pero no atinaron a darle un solo golpe. La grabación en video sería muy cómica si no resultara tan dramática por lo que refleja: la ausencia total de protocolos para este tipo de eventos.

    Ya en las bombas, y aparentemente cuidándose de los policías, el joven es sorprendido por un ciudadano que lo somete, y entonces sí le caen en montón los genízaros y lo detienen.

    Estos eventos donde salen a relucir machetes como armas, se están repitiendo en varias ciudades del estado y al viralizarse en redes sociales contribuyen al incremento en las críticas contra las corporaciones policiacas, pero también, y esto es más grave, comienzan a inocular en el ánimo de los ciudadanos la idea del ‘ojo por ojo’, sin importar que nos quedemos ciegos.

    Fueron muchas las personas que hicieron comentarios en las redes sociales, en reuniones familiares y de amigos; en los diferentes espacios de tertulia cotidiana, en el sentido de que al rijoso le debieron disparar sin miramientos. Finalmente, argumentaban algunos, a ese tipo de gente no la va a extrañar nadie. O bien, dijeron otros, puede resultar lamentable que se pierda una vida, pero quizá con eso se estén salvando otras.

    Alguien más sostuvo que, perdidos en las drogas, esos hombres y mujeres que bajo el influjo de las mismas, son capaces de asesinar a sangre fría y con brutal ferocidad a cualquiera, representan una carga y un pesado fardo de mortificaciones para sus propias familias, que quizá respiren más tranquilas sabiendo que están enterrados en el panteón y no en las calles.

    ¿Deshumanización? ¿Hartazgo? ¿Impotencia? Creo que es todo eso, y más, junto.

    Esa validación de una suerte de política de exterminio contra delincuentes drogados y peligrosos comienza a permear en el ánimo ciudadano, y se fortaleció ayer mismo, cuando en diferentes hechos ocurridos entre la noche del sábado y la mañana del domingo en Hermosillo, un par de sujetos que agredieron a policías estatales (uno con armas blancas, otro con arma de fuego), cayeron abatidos por las balas de los agentes.

    Casi nadie tuvo una palabra de compasión por los muertos. Antes bien, felicitaron a los policías, aplaudieron sus acciones y los pusieron como ejemplo de lo que debe hacerse en esos casos. Mano dura, exigieron.

    Y eso es producto del hartazgo, sin duda. Como lo es la festinación de linchamientos, golpes, encueradas y madrizas que en varios casos se han registrado, cuando vecinos afectados por los delincuentes atrapan a uno de ellos y les hacen ver su suerte.

    En el caso de los agentes, ellos están facultados para usar sus armas de cargo en casos donde se pone en peligro su vida o la de terceros. El caso de los ciudadanos es distinto. Hacer justicia por propia mano, aun cuando su vida y patrimonio esté amenazado, puede resultar contraproducente y llevarlos a la cárcel.

    Por eso, urge que las autoridades brinden información clara y precisa, no solamente sobre los protocolos a seguir por sus agentes de policía, con lo que quizá algunos malandros la piensen dos veces antes de ‘aventarse un jale’. Y digo algunos, porque hay muchos más que, ya bien ‘fokemones’, no hay nada que los persuada o disuada de cometer un crimen.

    El Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, ya envió una señal clara en ese sentido. Después de los hechos de este fin de semana en Hermosillo, donde agentes ministeriales abatieron a tiros a dos presuntos delincuentes, el Fiscal sentenció que «no habrá tolerancia contra quienes desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentes, por lo que éstos utilizarán sus armas de cargo en legítima defensa».

    El Fiscal recoge así, la exigencia de mano dura contra la delincuencia, que los ciudadanos reclaman, sopesando que es mejor enterarse que la policía mata a un presunto delincuente, que ver a una docena de policías asustados y sin saber qué hacer frente a un solitario machetero.

    ¿Cómo hemos llegado a este punto, tan cercano a la barbarie? Quién sabe, pero baste recordar que en Puerto Peñasco, dos conocidos raterillos locales amanecieron muertos, con las manos mutiladas y con sendas cartulinas sobre sus pechos, donde se leía el motivo de sus ejecuciones: por ratas. Y los robos disminuyeron notablemente después de eso.

    ¿El exterminio es el camino? No lo creo. Pensar así es validar el regreso a la barbarie y abrir la puerta a una vorágine de violencia en la que ya nadie estará a salvo.

    El camino es, en todo caso, el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención de delito; el fomento del deporte, la educación, la cultura; el combate al crimen con inteligencia y fuerza, lo mismo que a la corrupción en las filas policiacas; la capacitación de los agentes, entre otras cosas.

    Pero bueno, esa es la situación ideal. La otra, es la que estamos viviendo, enfrentando.

    II

    Las cosas comienzan a quedar más claras en el tema de los ‘parabuses’ de Hermosillo, después de una semana de intensa metralla mediática que debería servir, también, como lección para no hacer cosas buenas que parezcan malas.

    La falta de información detallada y oportuna sobre el costo de este proyecto, que incluye no sólo los módulos de las paradas, sino las banquetas y el pavimento en áreas aledañas (más de tres kilómetros); guarniciones, rampas para personas con discapacidad, paneles solares, arborización y sistema de riego por goteo, entre otras cosas, levantó polémica y de ella se colgaron alegremente los que desde el 7 de junio de 2015 han tenido que pedir saliva prestada para lamer sus heridas.

    Ojo. No estoy hablando de los ciudadanos que con asombro se enteraron del costo de cada parada, equivalente a 2.5 millones de pesos, sino a quienes manipularon dolosamente esa información y generaron toda una campaña de linchamiento, cuando en realidad las paradas costaron poco más de 400 mil pesos, y el resto de la inversión se aplicó en infraestructura que, o bien no existía, o bien estaba en completo estado de abandono.

    De eso, por supuesto, no se habla. Por ejemplo, en la calle José S.Healy, desde la Soyopa hasta el bulevar Solidaridad, se construyeron banquetas, porque no existían. No es que estuvieran en mal estado: no había banquetas y lo que existía era una parada para cuatro personas, al ras del suelo. Tampoco había banqueta en esa parte que rodea al estadio Héctor Espino y el estacionamiento del tianguis, donde se estacionaban carros en batería sin dejar paso al peatón.

    En la Secundaria 6 tampoco había banquetas y se construyeron, mientras que en la Central Camionera y en la parada de la Prevo-IMSS, se reconstruyeron y ampliaron las banquetas, que eran de un metro y medio y ahora son de cuatro metros, para sumar en total nueve mil metros de concreto hidráulico para reconstruir esos espacios que son, ahora sí que como diría el colega y amigo Fernando Oropeza, para los de a pie.

    En realidad, el grueso de la inversión en este proyecto, se aplica en la urbanización de las zonas aledañas, y no tanto en las paradas como tales.

    Lo cierto también es que el ayuntamiento debería dar a conocer estos detalles como un ejercicio de transparencia, y no como un recurso para control de daños. Ojo.

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