Dos temas en la agenda de hoy. El de los consejeros ciudadanos anticorrupción y el de la alerta de género para Cajeme. Más polémicos que trascendentes, más pólvora en infiernitos.
Comencemos.
Al cerrarse el plazo para el registro de aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, reportan 47 personas interesadas, que presentaron su documentación para ser evaluados a partir de hoy y hasta el 1 de agosto, fecha en que conoceremos los nombres de los 5 seleccionados.
Después de la media noche de ayer, se conocieron los nombre de esos 47 aspirantes, que usted podrá consultar ya en
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El proceso ha sido bastante escrupuloso, lo que indica que las cosas vienen en serio. Para empezar, se debe reconocer que esta vez los consejeros no serán electos por los diputados, como ha sucedido con otros Consejos sobre los que siempre se cierne la sombra de la duda acerca de los intereses políticos que pudieran permear entre sus integrantes.
Esta vez, los diputados establecieron un primer filtro al designar una comisión elegida de una lista de 25 aspirantes. De esta primera criba, quedaron seleccionados nueve ciudadanos que a su vez, tuvieron la responsabilidad de lanzar la convocatoria, recibir la documentación, analizar los perfiles y en estos días, evaluar y seleccionar a quienes a su juicio, cumplan con los requisitos exigidos y posean mayores atributos para formar parte de ese comité.
Básicamente, a los aspirantes se les exigió no pertenecer a partido político alguno; no trabajar en el gobierno y acreditar al menos cinco años de participación activa en temas relacionados con la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.
La Comisión de Selección está integrada por Marco Antonio Aguirre, Álvaro Bracamonte Sierra, Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal, Karina Gastelum Félix, Adolfo Jorge Harispuru Bórquez, Teresita Lanz Woolfolk, Luz Mercedes León Ruiz, Guillermo Noriega Esparza y José Javier Vales García.
Casi todos ellos acreditan sobradamente los requisitos exigidos para integrar el Comité de Participación Ciudadana, pero ninguno de ellos lo hará, pues ser parte de la Comisión de Selección los vuelve inelegibles, de acuerdo con los términos de la convocatoria.
Se supone que el 19 de julio es la fecha límite para que los estados tuvieran listos sus comités, para armonizar el sistema nacional anticorrupción pero eso no será posible. De hecho, Sonora, con ser una de las entidades con mayor avance, no podrá cumplir con ese plazo. Hay estados con un atraso mayor y en algunos ni siquiera han comenzado las reformas legales respectivas.
De hecho, en el nivel federal no se han nombrado al fiscal especial ni se han ratificado a los magistrados especializados, y difícilmente lo harán antes de la fecha límite, con lo que el sistema nacional anticorrupción comenzará cojo.
En Sonora, un día antes de vencer el plazo para el registro, había apenas una docena de aspirantes que habían presentado su documentación; el último día, la cifra se elevó a 47, al más puro estilo nacional de dejar todo para el último momento, o bien, ‘engordar’ la lista para proyectar la idea de una participación nutrida.
En realidad, no tendría por qué no serlo, ya que la comisión seleccionadora realizó una gira por los principales municipios del estado, difundiendo la convocatoria e invitando a la participación ciudadana. Lo cierto también es que no hay mucha gente en el estado, que pueda cumplir con los requisitos, especialmente el de los cinco años de participación en los temas mencionados líneas arriba, sobre todo si se condiciona a la no militancia y la no relación laboral con el gobierno.
Cabe mencionar que el cargo no es nada despreciable en términos de ingresos, pues se menciona un pago de entre 30 y 40 mil pesos mensuales (por honorarios y sin que genere contraprestación laboral alguna, aunque aun así no deja de ser atractivo).
Con todo y el trabajo realizado para la culminación de este proceso, pulcro y transparente, no se ha podido despejar la sombra de la duda en el sentido de que finalmente, en los criterios para la selección prevalezcan las afinidades políticas. Y es que las experiencias en otros casos indican que la multicitada ciudadanización de las políticas públicas a través de estos consejos o comités, no se han traducido en eso, sino en instancias de validación de iniciativas gubernamentales, por lo regular lesivas al interés mayoritario de la sociedad.
El balón está en la cancha de la Comisión Seleccionadora. Como se preveía, en la lista de los 47 aparecen varios personajes que no pueden negar la cruz de su parroquia político-partidista, por lo que esa comisión estará bajo la lupa del escrutinio público de aquí al 1 de agosto, cuando darán a conocer a los cinco seleccionados.
Entonces se verá si los filtros, la metodología, el esmero con que se diseñó y operó el proceso de selección se traduce en un organismo verdaderamente ciudadanizado, o es más pan con lo mismo. Esta última opción enviaría una mala señal, considerando que desde el inicio de su gobierno, Claudia Pavlovich ha puesto especial empeño en el combate a la corrupción y en los temas de transparencia y rendición de cuentas.
En tres semanas más se sabrá.
II
Casi se ponía bueno el debate en la sesión de la Diputación Permanente, al abordar el tema de la solicitud para declarar la Alerta de Violencia de Género en Cajeme, que han demandado grupos de mujeres organizadas y que rápidamente hizo suya el PAN, con la misma premura y desmemoria con que se han sumado a cuanta demanda surja en los últimos meses, así sea que éstas tengan su origen en el desgobierno que les costó durar apenas un sexenio al frente de los destinos del estado.
A la sesión acudió el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, quien les recordó que la solicitud de alerta de género se presentó desde marzo de 2015, sin que se tomaran cartas en el asunto.
Obvio, estaban a unos meses de las elecciones y la prioridad del gobierno de Guillermo Padrés era otra más relacionada con sus aspiraciones transexenales y no con el tema de la violencia de género y los feminicidios, que ahora retoman a toro pasado.
De entrada, el responsable de la política interior en Sonora expuso que aquella solicitud, que inicialmente era para Cajeme, se retomó para todo el estado, investigando todo homicidio contra mujeres, como feminicidio. Esa solicitud ya se hizo y Sonora, junto a otros 11 estados de la república, permanece atenta a la calificación que se haga en la Secretaría de Gobernación, lo que aún no ha ocurrido.
Explicó que decretar la alerta de género no se traduce en mayor presupuesto para atender el tema, pero tampoco están esperando a que se apruebe, ya que desde el inicio de la actual administración se han atendido 12 recomendaciones sobre el tema, en coordinación con el Congreso y el Poder Judicial.
Dijo también que en aquellos estados o municipios donde se ha decretado la alerta de género, se ordenan seis acciones:
-Creación de un grupo multidisciplinario para atender el tema.
– Acciones preventivas.
– Elaboración de reportes e indicadores.
– Asignación de recursos.
– Campañas de comunicación y concientización.
– Definir zonas de implementación.
Esas acciones, subrayó, que se debieron tomar desde marzo de 2015, cuando se solicitó por primera vez la alerta de género, pero no se tomaron cartas en el asunto, comenzaron desde los primeros días de esta administración.
En resumen, la propuesta se votó en la Permanente y no pasó. Se envió a la Comisión de Igualdad de Género, para su estudio.
Esa comisión está compuesta, hipotéticamente por una mayoría panista (6), a saber: Angélica Payán, Moisés Gómez Reyna, Sandra Hernández, Luis Serrato, Carolina Lara y Lina Acosta.
Claro, Carolina Lara ya no está en ese grupo, y eventualmente, Sandra Hernández tampoco.
Del lado de los priistas hay cinco: Pano Salido, Kikky Díaz Brown, Ana Luisa Valdés e Iris Sánchez.
También la integran Fermín Trujillo, del PANAL; Charly León, de Movimiento Ciudadano y Juan José Lam, del PRD.
Ya pueden cruzar apuestas por si llega o no llega la solicitud al pleno.
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