Este lunes 31 de julio habrán de rendir protesta como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuatro de los cinco integrantes que eligió la Comisión de Selección.
Cuatro de cinco, porque después de cuestionamientos sobre su militancia partidista, una de las elegidas, Reyna Elizabeth García Moraga decidió declinar. La Comisión seleccionadora tampoco salió ilesa, pues en la recta final del proceso, renunció Leticia Cuesta, presidenta de la AC Sonora Ciudadana.
Así, siete de los nueve integrantes de dicha comisión (Javier José Vales García se encontraba fuera de la ciudad), decidieron ayer abrir un compás de 90 días para elegir a la quinta integrante (por equidad de género debe ser mujer) y en perspectiva se perfilaban María Teresa González Saavedra y Olga Armida Grijalva Otero.
Ambas tienen el pequeño problemilla de aparecer, de un modo u otro, ligadas a proyectos partidistas: la primera con el PRI, la segunda con Morena. Tendrían pues, en todo caso, agravantes similares a las que llevaron a García Moraga a declinar su participación.
Acaso considerando este detalle, los comisionados decidieron, a propuesta del académico Álvaro Bracamonte Sierra, lanzar una nueva convocatoria sólo para mujeres y reponer el procedimiento sólo para esa nueva integrante. Con esto se desecha la posibilidad de reponer todo el procedimiento, lo cual no sólo implicaría una convocatoria para los cinco, sino reiniciar el cabildeo entre los diputados locales para nombrar incluso una nueva comisión seleccionadora.
Esto no sólo sería más tardado y desgastante; también contribuiría a darle, antes que mayor certeza, una nueva dosis de incertidumbre al proceso, pues como comentábamos en el despacho anterior, difícilmente se encontrará, entre ciudadanos con experiencia en políticas públicas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, a alguien que acredite tales asignaturas sin haber estado en el servicio público, en la vida partidista o de organizaciones afines a partidos.
A menos, claro, que la convocatoria se amplíe a Santa ├Ürsula y sus 11 mil vírgenes, y aun así no faltará quien ponga en duda la doncellez de alguna de ellas, argumentando que si se salvó de los hunos y de Atila, no debió ser gratis.
El escrutinio sobre este proceso se inscribe en un contexto en el que todo el ejercicio de gobierno, todo acto de autoridad se encuentra bajo la observación no tanto de una mayoría ciudadana más ocupada en resolver sus cotidianeidades, sino de grupos, partidos, sectores, organizaciones interesadas, de buena y de mala fe, en impugnar esas decisiones, lo cual no es malo en el primero de los casos (cuando se impugna con elementos de juicio serios), pero en el segundo, cuando se manipula, se miente, se tergiversa la información o se esconde deliberadamente, sí.
El proceso para elegir al CPC fue ejemplar desde el inicio y abrió la expectativa por el descubrimiento de metodologías puntuales y transparentes para encausar la participación ciudadana al margen de simulaciones. En la recta final, sin embargo y argumentando principios de protección de datos personales (entre otras cosas), se opacó la deliberación última, de manera que al aparecer la lista de los cinco seleccionados, las críticas no se hicieron esperar, y el resultado es lo que hoy tenemos: un sistema estatal anticorrupción que nace impugnado, para no desentonar con el sistema nacional, donde ni siquiera se han nombrado al fiscal especial ni a los magistrados especializados.
Estos nombramientos, júrelo usted, no estarán exentos de impugnaciones.
Es parte de un proceso de aprendizaje que no tiene cursos intensivos. El combate a la corrupción se enfrenta a inercias que suman décadas y que no será fácil romper.
En materia electoral, por ejemplo, las reformas que comenzaron en los años 70 del siglo pasado, tras la masacre estudiantil del 68, tuvieron que esperar 20 años para probar su inoperancia y generar nuevas reformas legales y la reconstrucción de un entramado institucional que hoy, 30 años después, desembocan en procesos tan desaseados como los del Estado de México y Coahuila, por citar dos de los más recientes.
Y si algo ha obstaculizado los avances en ese y otros temas, es una práctica muy sobada entre los partidos políticos, que parece partir de la premisa de que “lo importante no es ganar, sino hacer que pierda el otro”.
En temas más a la mano, lo estamos viendo con lo que ocurre en torno a la construcción del nuevo hospital general de especialidades en Hermosillo. Vecinos de la zona en que será edificado hicieron públicas sus dudas y reclamos, argumentando razones válidas y otras más bien permeadas por prejuicios que abrieron la puerta a un debate sobre la convivencia de clases sociales en la ciudad.
El tema, que está tratando de resolverse por el camino del diálogo y la socialización de la información, ya se contaminó con la intervención de connotados personajes del pasado reciente, que en su momento, siendo parte del gobierno, no sólo fueron incapaces de resolver problemas y proyectar el futuro de la ciudad y del estado, sino que abordaron esos temas desde un maniqueísmo atroz, fomentando desde el gobierno la exclusión, la polarización y el enfrentamiento social.
El trato con proveedores del gobierno, el tema del acueducto El Novillo o el del movimiento de ‘malnacidos’, por citar algunos siempre tuvieron como ingredientes, antes que el diálogo y la concertación, la amenaza, la persecución, la violencia física.
Hoy, desde alguna parte del actual gobierno que no entiende lo nocivo que puede resultar repetir esa historia, y desde un padrecismo diezmado, acorralado y sin más propuesta que la discordia y el encono, se insiste en la descalificación mutua.
Es triste ver que los mismos dirigentes del PAN, ya ni siquiera sus ‘troles’, sino los propios dirigentes partidistas han retomado esa práctica de manipular, mentir, tergiversar, difamar, apostarle al caos y la desinformación, para sacar raja política de un tema como el del Hospital de Especialidades que, por donde quiera que se le vea tiene más pros que contras.
Operar en redes sociales para mentir deliberadamente sobre la propiedad del terreno en el que será construido el nuevo hospital no es un argumento político, sino un acto de mala fe que los pinta de cuerpo entero. Insisto, si fueran sólo esos ‘troles’ que vienen haciendo lo mismo desde 2010, no sería tan grave, porque en todos estos años se han quedado chapoteando en su propio estercolero de autoconsumo.
Pero que a esas campañas se sumen diputados federales y locales; senadores, dirigentes estatales y municipales, todos ellos abigarrados en un padrecismo que ha logrado excluir del PAN a una buena parte de sus correligionarios que no coinciden con esas prácticas, puede ganarles algunas simpatías coyunturales, pero en general, los aísla más.
La elección 2018 será un referéndum sobre esto. Ya se verá.
II
No va el ‘padre’ Tomás Herrera a la capilla de San Pedro El Saucito. El arzobispo Ruy Rendón informó ayer que el acuerdo verbal para asignarlo a esa parroquia se deshace, mientras estudian más a fondo el caso.
En realidad, no tiene mucho que estudiarle. Tomás Herrera es una vergüenza para la iglesia católica y un peligro para la feligresía, especialmente para los jóvenes mancebos que buscando una guía al cielo se encuentren con el camino al infierno. O a un puesto público de segundo o tercer nivel desde el cual troleen sin consideración, si es que vuelve a ganar el PAN en Sonora otra vez, como lo hacían algunos de sus ‘protegidos’ (y que de hecho lo siguen haciendo, aunque ya fuera del gobierno).
En fin, con estos bueyes hay que arar.
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