Más de corrupción panista

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    Más de corrupción panista

    De acuerdo a fuentes tradicionalmente muy confiables, detrás de la arrogancia de los empresarios chinos propietarios de la infraestructura en construcción en Bahía de Kino, está lo que consideraron el blindaje perfecto: la autorización para operar que les extendió Alejandro López Caballero y el hecho de que les hubiera conseguido quien les vendiera una concesión de propiedad federal.

    No tenemos más detalles sobre ese evidente trueque mercantil entre la representación de la empresa Mariscos Kansan y la anterior administración municipal, pero las batallas que libró el actual alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez para someter a la legalidad a esos inversionistas, señala la existencia de poderosas influencias que respaldan ese negocio.

    Incluso la reserva de información por cinco años sobre ese asunto por parte de la Semarnat, parece confirmar la presencia de influencias de alto nivel, que de acuerdo a nuestras fuentes, fueron trabajadas y amarradas por el exmunícipe capitalino, en lo que al parecer ser fue una cláusula de garantía por sus buenas relaciones en el gobierno federal.

    Obvio que los empresarios chinos se desesperaron y decidieron construir sobre una superficie concesionada a un tercero, además de replicar las enseñanzas de Roberto Romero López, respecto a que frente a lo engorroso y tardado de los trámites en instancias de gobierno, hay que avanzar en los proyectos de construcción, sin importar que no haya los permisos ni autorizaciones correspondientes.

    Alejandro López Caballero

    Desde mediados del año pasado ya se observaba el levantamiento de estructuras en lo que parecía ser una obra relativa al turismo, pero no, la ilegalidad emergió rampante cuando los lugareños se dieron cuenta de que se construía en el mismo pie de playa en abierta invasión a la zona federal.

    Desde enero pasado «El Maloro» no quita el dedo del renglón en el marco de sucesivas acciones de su administración para que esa ilegal obra fuera suspendida, frente a la aparente parsimonia de parte de la Semarnat y la Profepa.

    Sabe con qué objeto, hace alrededor de una semana se reservó la información relativa a ese litigio por cinco años, si este miércoles se dio a conocer que la Profepa ordenó la demolición de lo construido y emitió una clausura total y definitiva de ese proyecto, por infringir diversas leyes ambientales y patrimoniales; carecer de manifiesto de impacto ambiental en el ecosistema costero, ni la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre.

    Por más que insistimos, no pudimos conseguir la identidad del titular de la concesión de esa superficie propiedad federal y que luego de venderla a los empresarios orientales, inició el trámite de cesión de sus derechos, el cual aún está inconcluso, aunque eso no importó y arrancaron con la construcción de esa planta procesadora y almacenamiento de productos del mar.

    Manuel Ignacio Acosta

    Vale aclarar que dicha concesión sólo preveía la descarga de productos marinos de embarcaciones menores y no para erigir obras de construcción, y mucho menos que esas estructuras invadieran el cuerpo de agua del Mar de Cortes.

    Por lo pronto, ese desconocido concesionado fue multado con casi 38 mil pesos, en tanto que los representantes de la empresa deberán pagar poco más de medio millón de pesos, además que deberán demoler lo construido y restituir el área a su hábitat natural.

    Habrá que ver hasta cuando aguanta la reserva para mantener en la secrecía esa información, aunque tenemos la confianza en que nuestras fuentes hagan su chamba y en estos días nos faciliten esos datos e identidades, que por lo visto son importantes para algún personaje importante.

    La verdad es que no tenemos dudas que detrás de ese negocito esté la tradicional trama corrupta que se popularizó durante el gobierno de Guillermo Padrés y que tan bien replicaron en sus prácticas representantes de segmentos del sector empresarial.

    Es que el incompetente y ratero asilado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México cubrió mucho terreno e incluso llevó sus porquerías a otros estados del país, toda vez su obsesión por ganarse una fama de excelencia como operador de procesos electorales entre la nomenclatura panista.

    Para efectos mediáticos, el caso más relevante de la exportación del mapachismo padrecista fue en Coahuila, dados los afectos mutuos entre los Memos, el encarcelado exgobernador y el aspirante por segunda vez a la gubernatura de ese estado, Guillermo Anaya, quien en su primera intentona fue aplastado a pesar del millonario apoyo de su tocayo sonorense, aunque si bien en política les fue mal, en materia de negocios les fue muy bien.

    David Tinajero

    El embarradero padrecista en el PAN coahuilense no queda solo en el esquema de la compra venta de carbón a través de una fantasmal oficina gubernamental denominada PRODEREM, donde ahora hasta se investigan vínculos entre los políticos señalados y el crimen organizado, y que para más señas, era manejada directamente por el titular de Impulsor, David Tinajero, considerado estos días como prófugo de la justicia.

    No, la herencia maldita del Memo de Sonora se extiende a cuestiones tan simples como la designación como candidata a una diputación local, de la sonorense Claudia Andrade Elizalde, mujer muy cercana a los detenidos en Arizona, Romero López, número dos de la administración padrecista y del exsecretario de finanzas, Carlos Villalobos Organista, así como de su antecesor en ese cargo, el ya mentado López Caballero.

    Para no hacer largo el cuento, la flamante candidata del PAN a la diputación local por el segundo distrito con cabecera en Piedras Negras, fue destituida e inhabilitada por la contraloría del Estado de Sonora en mayo del 2015, por graves irregularidades cometidas como titular del Registro Público de la Propiedad en Puerto Peñasco, actuaciones que causaron daños millonarios a particulares al anular o cancelar un fideicomiso con obvias intenciones fraudulentas.

    Las transas las cometió desde el 2012 y el hecho de que haya sido sancionada por la misma administración del PAN y que no haya recibido el beneficio del encubrimiento tal como fue el estilo de la contralora María Guadalupe Ruiz Durazo, es la mejor muestra de la gravedad de los actos cometidos por quien ante esos hechos emigró a Coahuila con la efectiva recomendación al PAN de por aquel rumbo del entonces aún gobernador de Sonora, logrando en tan poco tiempo escalar posiciones y ahora ser candidata a diputada local.

    Claudia Andrade

    Todo indica que ese rápido ascenso y candidatura es parte de la reciprocidad de la nomenclatura panista de ese estado y del mismo Anaya, ante los favores recibidos de Padrés desde el proceso electoral del 2011 y parte de los convenios que derivan de la oscura y tenebrosa operación de compra venta de carbón mineral, esa que despide fuerte tufo de la participación del narco.

    ¿Cómo fue posible que el PAN de Coahuila haya postulado a una persona con antecedentes de corrupción y además inhabilitada por la contraloría estatal sonorense? porque las faltas cometidas por Claudia Andrade Elizalde no son menores, ya que alteró escrituras públicas de predios y terrenos de gran valor por estar en zona de desarrollo turístico, además de pretender el despojo de los mismos.

    Y como se trata de también decir lo bueno, pues no tenemos ningún problema para reconocer, como ya lo hicimos más o menos en estas fechas el año pasado, los aspectos positivos de la propuesta de iniciativa de ley presentada por la diputada Célida López para proteger a periodistas, específicamente en el apartado de la creación de un fondo de protección previsto en el presupuesto de egresos, que se aplique en medidas inmediatas de protección y resguardo frente a amenazas o agresiones contra representantes de medios de comunicación.

    Célida López

    Se nos figura que dicha propuesta reúne condiciones prácticas de aplicabilidad indiscutible y nosotros insistiríamos en agregar que ese fondo contingente también cubra gastos hospitalarios en caso de agresiones y funerarios en caso de muerte, incluyendo además una pensión para sus familiares directos, que ya en las propuestas de seguridad social y demás cuestiones, como son los casos del endurecimiento de sanciones contra los agresores, está bien, pero lo primero es lo primero.

    Eso sí, la loquilla diputada por Puerto Peñasco como que exageró en su parafernalia para replantear su propuesta, aunque se entiende que trate de divulgar algo positivo de su partido, luego que durante tanto tiempo han estado adentro de esa negrísima burbuja mediática.