No al trabajo infantil

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    El objetivo es que para el 2025 en ningún país del mundo haya menores de 15 años trabajando, cuando la Organización Internacional del Trabajo estima que actualmente el trabajo infantil cobra 168 millones de víctimas, de las cuales 85 millones realizan labores peligrosas.

    De acuerdo al INEGI, al asumir la gubernatura la gobernadora Claudia Pavlovich, en Sonora se tenía un registro de 47 mil menores trabajando al margen de la ley, porque habrán de saber, que la ley prohíbe emplear a menores de edad y se prevén duras sanciones a quien lo haga.

    A través de la Secretaría del Trabajo, el Gobierno Estatal firmó convenios de colaboración, tanto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, como el Instituto Tecnológico de Hermosillo y así disponer de un diagnóstico de ese problema, que entre otras cosas se determinó que en Hermosillo había 198 menores de edad en trabajos asalariados.

    Al fin mujer, la gobernadora estructuró un frente multisectorial para enfrentar un fenómeno repelente desde cualquier punto de vista y desde la perspectiva de que «El Trabajo no es cosa de Niños», instaló la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, donde están representadas todas las secretarías del gobierno estatal, federal y de los 72 ayuntamientos, además del sector académico y privado.

    Claudia Pavlovich

    Los resultados no se hicieron esperar y es por eso que nuestra entidad ya destaca a nivel nacional por las distintas acciones que combaten esa aberración, logrando que la Secretaría del Trabajo en Sonora se hiciera acreedora del Distintivo México Sin Trabajo Infantil 2016, que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

    En ese contexto se llevó a cabo la celebración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, cuya sede en Sonora fue el Palacio de Gobierno, luego de una intensa mañana de activismo en diversos cruceros de vialidades capitalinas, en donde encabezados por la gobernadora, funcionarios estatales, municipales y federales, distribuyeron material alusivo a ese propósito.

    Sacar a niñas y niños de las calles para incorporarlos a las aulas y a ocupaciones propias de su edad no es cualquier cosa y requiere una estrategia que va desde lo legal para desestimular la contratación de mano de obra infantil, hasta toda una diversidad de acciones y programas sociales como becas, estancias infantiles, estímulos a padres de familia en condiciones de pobreza que mantengan a sus hijos en la escuela, entre otras.

    Hace unos días platicamos sobre el tema con el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela y lo vimos muy comprometido en ese tan sensible rubro de su compleja responsabilidad, que incluye la inspección constante para verificar que ningún centro de trabajo emplee a menores de 15 años.

    Las premisas de esa chamba son muy claras: la ley castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general a quien ocupa a menores de edad al margen de la ley; el trabajo infantil priva a los niños y niñas de su niñez, su potencial, su dignidad, dañando su desarrollo físico y mental; se permite el trabajo de menores de 15 años, en actividades que incentiven sus habilidades, talento artístico, científico, deportivo o musical, en cualquiera de sus manifestaciones.

    Horacio Valenzuela

    Miren, la ley contempla la posibilidad de que los padres otorguen un permiso a adolescentes de entre 15 y 17 años para que puedan trabajar y los permisos correspondientes se otorgan a través del área de Inspección del Trabajo.

    Afortunadamente el trabajo infantil en Sonora no tiene las dimensiones dramáticas de otras partes del mundo, aunque los riesgos están plenamente vigentes por los efectos del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, que ubica a los menores de edad en estado sumamente vulnerable si son deportados sin compañía de sus padres.

    También son riesgosas las condiciones de marginación en que viven cientos de familias en regiones agrícolas de Sonora, pero como bien lo comentó el delegado de la SEDESOL, Rosario Rodríguez, son varios los programas que confluyen para que la mano de obra infantil en los campos ya no sea opción y que en lugar de ello esos menores de edad vayan a la escuela.

    Bueno el evento en el Salón Gobernadores de la Sede del Poder Ejecutivo Estatal, en donde desde nuestro punto de vista, fue grata la revelación de Karina Zárate Félix, con su cálido mensaje, prácticamente improvisando y sobre todo, comprometido y sensible frente al reto de construir un mejor futuro para niños y niñas que aún trabajan y para sus familias.

    Karina Zárate

    Fregón el mensaje de la directora del DIF Estatal, incluida por supuesto, la disección que hiciera al describir las personalidades que ocupaban el presídium, como fue el caso del Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella o la del mismo Horacio Valenzuela; la de la diputada Kiky Díaz Brown, presidenta de la comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud o la de la presidenta del DIF-Sonora, Margarita Ibarra de Torres.

    Zárate Lugo es de «Las Peques», es de las más cercanas a los afectos de la gobernadora Pavlovich y por supuesto la más comprometida por sacar la chamba y se ve que le ha aprendido mucho a La Jefa, particularmente en el rubro de comunicarse con la gente, no faltando quienes le pronostiquen una diputación local en su futuro inmediato.

    En nuestra vuelta por el Palacio de Gobierno, nos dio mucho gusto saludar a nuestro amigo el nogalense y líder del Sector Popular del PRI, el siempre bragado y combativo, Humberto Robles Pompa, el afamado Buitre, como siempre bien enterado de asuntos de su partido el PRI y por supuesto de la fronteriza comunidad, de la cual, sin duda, alguna vez será alcalde.

    Por otra parte, intereses ajenos a la tribu yaqui y en atención a una reducida facción de la etnia, siguen crispadas las cosas en Loma de Bácum en donde se despliega la resistencia en contra del paso del gasoducto, infraestructura cuya instalación no tuvo problemas en otras comunidades yaquis.

    Humberto Robles Pompa

    Este lunes reportan fuerte tensión, toda vez que luego de algunos daños perpetrados por irresponsables que bien pudieron provocar una tragedia de grandes dimensiones, técnicos especializados se abocaron a las reparaciones bajo fuerte resguardo de su seguridad por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Federal División de Fuerzas Federales y la Policía Federal.

    Se trata de evitar riesgos a la población, precisó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, al precisar que las medidas preventivas se derivaron de la alerta emitida por la Unidad Estatal de Protección Civil y el exhorto que hiciera a la empresa propietaria del gasoducto, Gasoducto Agua Prieta de R.L. de C.V., para reparar a la brevedad posible esos daños.

    Habrá que ver cuánto tiempo duran las reparaciones y cuántos daños más causen esos emboscados que se niegan a aceptar que dicha infraestructura pase por su territorio, en el marco de una difícil negociación frente a radicales posturas en las que subyace un voraz interés financiero, muy superior al paquete de beneficios que la empresa entregó a otras comunidades yaquis.

    Estamos en la indagatoria de ese asunto, pero por lo pronto, nos informan que detrás del rechazo en Loma de Bacum está el maestro del ITSON, Rodrigo González Enríquez, quien de acuerdo a esas mismas fuentes, exigió a la empresa la friolera de 200 millones de pesos a cambio de conseguir la condescendencia del grupo inconforme.

    Wenceslao Cota Montoya

    El diálogo se ha tornado muy difícil, destacando la belicosidad de algunos liderazgos emergentes de la tribu que en el pasado fueron esquiroles aliados del PAN-Gobierno de Padrés, en la lucha contra el Acueducto El Novillo, surgiendo este lunes una variante en la posición contra el gasoducto: sabe si sea una propuesta oficial, pero al parecer esos liderazgos aceptarían el paso del gasoducto por territorio yaqui si el tubo se instala al menos a 30 kilómetros de pueblos y comunidades.

    Como sea, esa sería una alternativa, sin que tengamos idea si es costeable para la empresa o en todo caso, por lo lejano hacer más vulnerable a esa obra, así como encarecer su mantenimiento.