Seis años son suficientes para el crecimiento de árboles, mascotas, acumulación de conocimientos y arraigar costumbres, mañas y dejar herencias, y en la administración pública, un sexenio finca pesado lastre o en su caso, plataforma para seguir creciendo.
Ahora que está de moda el tema del transporte urbano se revela la existencia de otra bomba de tiempo sembrada durante el gobierno de Guillermo Padrés y hecha estallar en el marco de un sospechoso timing, que al menos obliga a un serio análisis e indagatoria, respecto a la actuación del Consejo Técnico Ciudadano del Transporte Sustentable del Estado de Sonora.
Estamos convencidos que por elemental lógica y sentido común, una tarifa vigente e inamovible durante seis años requiere de actualización y si bien para determinarla se requiere un abordaje técnico-financiero realizado por profesionales, tratándose de un servicio como lo es el transporte público, siempre deberá pesar mucho en cualquier tipo de decisión, la perspectiva social.
De origen resulta extraña la irrupción mediática este jueves pasado de ese fantasmal Comité Técnico Ciudadano, al empatar su propuesta de incremento tarifario con la divulgación de la espontánea aparición de la gobernadora Claudia Pavlovich, a bordo de un destartalado camión Urbano en Hermosillo y más extraño aún, el que algo de tan gran magnitud para efectos de opinión pública y en la economía de las familias, se haya dado a conocer en seco y sin ninguna socialización del tema.
Claudia Pavlovich
También irresponsable el que a pesar de la polvareda causada, los instalados en el pleno padrecismo en esos puestos, aún no den a conocer los criterios técnicos y factores que los llevaron a concluir que 11.50 pesos es el monto óptimo para que los concesionarios mantengan redituable su actividad y que mejoren el servicio que prestan.
Mucho deben tener qué decir al respecto el representante de la CANACO y presidente del comité, Jesús Elierse Caballero; Francisco López Brambila, del Colegio de Arquitectos; Jorge León Balderrama, del CIAD; Alejandro Madonia Guzmán, CANACINTRA; Liz Eleana Rodríguez, del Colegio de Economistas; Yesenia Molina Jiménez, del Colegio de Sonora; Luis Arturo Duarte, de los concesionarios; Hermenegildo Gutiérrez, de la CTM; Agustín Bartolini, de la UNISON, y Ernesto Acuña de la Unión de Usuarios.
Obviamente abrumados por el trabajo técnico que concluyó que la tarifa debe ser de 11.50 pesos y sin argumentos para rebatir, se asegura que los últimos tres citados se abstuvieron de votar a sabiendas que en toda votación, la abstención se suma a la mayoría.
Miren, ese grupo de personas tiene mucho que informar respecto a su actuación, porque inscritos en la nómina del estado con ingresos mensuales de los nada despreciables 30 mil pesos, bien harían que por lo pronto detallen como es que llegaron a la conclusión anunciada y si se puede, por qué lo dieron a conocer cuando la gobernadora acababa de experimentar en carne propia el mal estado y pésimo servicio de un camión urbano.
Al menos la gobernadora ya estableció paradas y pintó su raya al subrayar primero que de ninguna forma esa tarifa ya está en vigor y segundo, plantear la necesidad de encontrar una solución justa y razonable mediante un enfoque social del caso o sea viendo también el interés de los usuarios y sin duda, desde una perspectiva solidaria hacia la economía de las familias.
Miguel E. Pompa Corella
Difícil encontrar un punto de equilibrio en una decisión donde gravitan, por un lado, el tema tan sensible de la economía de las familias cuya movilidad a la escuela, al trabajo, para la diversión y mercadeo, depende del transporte urbano, y por el otro la necesidad de actualizar tarifas en un monto tal que permita hacer frente al evidente alza a los insumos para la operación de la flota y estar en condiciones de mejorar y ampliar el servicio.
Debe haber en el gobierno de Claudia Pavlovich quien encuentre la fórmula que armonice esos dos campos y creemos que por rumbos de la cancha del Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella ya se trabaja a ese respecto, en coordinación con Luis Iribe, director del Transporte e incluso con el titular de Economía, Jorge Vidal Ahumada.
Como no se trata simplemente de que Papá Gobierno responda con los tradicionales subsidios y asuma altos costos financieros o que como ocurrió durante el padrecismo, que sean los concesionarios los que los asuman, se requiere un abordaje más amplio donde el objetivo sea llegar a estructurar un transporte urbano subsidiario donde los usuarios paguen lo menos posible, tal como ocurre en las urbes más grandes del mundo.
Según estudiosos del tema, avanzar hacia esa meta requiere incorporar a actores económicos como comerciantes, industriales, maquileros, constructores, los propios concesionarios y por supuesto las instancias de gobierno, como entes subsidiarios cuya concurrencia garantice una buena movilidad de la gente-clientes-empleados, lo cual sin duda resultaría muy favorable para la economía de sus empresas.
Miguel A. Figueroa Gallegos
Es que por lo pronto, las representaciones empresariales y directamente impactados si el transporte urbano es bueno o es malo, sólo se mantienen como espectadoras y sus dirigentes se concretan a exigir soluciones y que no haya problemas, tal cual fue la reacción del dirigente de la FECANACO, Miguel Angel Figueroa Gallegos, como si fueran ajenos a la búsqueda de soluciones.
En fin, queda claro que la propuesta de ese comité heredado por el padrecismo es solo eso, una propuesta que no está en vigor de ninguna manera ese incremento, además que la gobernadora ya puso en claro que falta el trabajo de una mesa de diálogo donde se incorpore el enfoque social a una decisión de esa naturaleza.
Mientras tanto, al parecer no es una broma el que el exdiputado local y exdiputado federal, así como ex consentido de Manlio Fabio Beltrones, Samuel Moreno Terán, aspira a contender por la alcaldía de Hermosillo como candidato independiente y para ello procura ubicar piezas estratégicas aprovechando su papel ídem durante el gobierno de Padrés.
De acuerdo a fuentes de indubitable credibilidad, pretende conseguir un ascenso a Carlos Kitazawa Tostado a quien como parte de la negociación con el padrecismo, hizo director del jurídico del Instituto Estatal Electoral y ahora pretende hacerlo consejero, en el marco del proceso de selección de tres integrantes del organismo presidido por Guadalupe Taddei.
Samuel Moreno Terán
No tenemos la menor idea cómo caiga en el ánimo de quienes permanecerán en el IEES si el aparente agazapado nativo de Cananea se sale con la suya, aunque a decir verdad, sabe si le alcancen las influencias que alardea para que allá en el INE satisfagan sus deseos, entre los que se incluye también el apoyo del Secretario Ejecutivo del organismo, Roberto Félix, aliado también de Samuel.
Por cierto, quien despreció al tocayo y le negó el acceso a MORENA, el dirigente Alfonso Durazo anda más enredado que una sopa maruchán toda vez las cada vez más evidencias respecto a su connivencia con el narcoempresario padrecista David Alfonso González Morillas, quien como se sabe, bateó largo con la asignación de licitaciones y pago de obras no realizadas y fue enlace del exgobernador con el jefe de plaza de un cartel, Gualberto Gastélum López.
Y no sólo eso, porque ya se supo que González Morillas consiguió a Juventino Romero Buelna, cuñado del dirigente estatal de MORENA, un contrato con el gobierno por 80 millones de pesos para la modernización tecnológica de servicios a través de cajeros automáticos para el pago y expedición de licencias de manejo, cartas de no antecedente penales y para pago de servicios, que por supuesto no se ejecutó y el dinero sabe dónde quedó.
Quien paga la piscacha de seis mil pesos mensuales de renta de un edificio que bajita la mano su renta debe costar 50 mil pesos al mes, sabe cómo pudiera asegurar que sus únicas ligas con Padrés son “la crítica por su desastroso desempeño”, cuando los hechos dicen todo lo contrario.
Ana K. Maldonado Andrews
Y bueno el evento donde otra mujer de Sonora escala puesto de dirección en organismo empresarial, al asumir la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora, Ana Karina Maldonado Andrews, en evento presidido por la gobernadora Pavlovich y el presidente nacional de ese influyente gremio, Gustavo Arvayo Luján.
A leguas se advierte una nueva relación entre CMIC y gobierno basada en la transparencia, reglas claras, piso parejo y certeza jurídica, quedando atrás las mochadas, acuerdos en lo oscurito, adjudicación ilegal de licitaciones y falta de apoyo a empresas sonorenses.
Por ahí los alcaldes de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta y el de Cajeme, Faustino Félix Chávez, quien por cierto enfrenta duro trance por las delicadas condiciones de salud de su señor padre, Don Faustino Félix Escalante.
También un gusto al menos divisar a la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera, al secretario de gobierno, el ya mentado Potrillo, los diputados y diputadas Kikki Díaz Brown, Flor Ayala, Ulises Cristópulos, David Palafox, así como a la síndica Angelina Muñoz, a la comisionada de Vivienda, Elly Sallard, todos con boleto para la elección del año próximo.
