PRD sumado al PAN, un cero a la izquierda

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    Hace unas semanas, un político de primer nivel en la estructura nacional del PRI me confiaba que la única manera de conservar la gubernatura en el Estado de México, y con ello mantener viva la esperanza de repetir en Los Pinos en 2018, era apoyar a Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN.

    La única ruta es ‘terciar’ la votación. Si Josefina se nos cae, aseguraba el priista, Delfina (la candidata de Morena) se nos va arriba. Si la inflamos (a Josefina), la votación se ‘tercia’ y tenemos posibilidades de ganar apostándole al voto duro y a la movilización el día de la jornada electoral.

    Debo confesar que esta revelación me sorprendió. (Sé que a estas alturas cualquier cosa puede suceder en nuestra política mexicana, pero el día que perdamos la capacidad de asombro entonces ya no tendremos nada).

    Imaginar a los panistas dejándose querer por los priistas, aceptando cualquier tipo de apoyos (incluyendo chorros de dinero, supongo), cuando algunos de ellos acribillan cotidianamente a los tricolores en redes sociales, me hizo imaginar a esos amantes furtivos que se ignoran y se repelen en público, pero en privado se pegan unos fajes de antología.

    Sin embargo, Josefina es tan mala candidata, que ni inflada por el PRI pudo levantar en esa contienda. Entonces se exploró otra ruta: la de la alianza PAN-PRD, que adelantaron ayer los dirigentes nacionales de esos partidos, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente.

    La alianza, dicen, es con rumbo a la elección presidencial de 2018, y en la que prácticamente el único requisito es que El Peje no sea el candidato. Pero es dable suponer que también buscan impactar la elección en el Estado de México, terciando la votación entre esa alianza, el PRI y Morena, cuyo jefe de jefes, Andrés Manuel López Obrador ya salió a la palestra para calificar a panistas y perredistas como «lambiscones y paleros al servicio de la mafia del poder».

    La reacción del Peje acusó el golpe recibido, pero además tiene una muy buena justificación en el autoritarismo y el desplante de arrogancia con que el tabasqueño pretendió una alianza con esas y otras fuerzas políticas, sí y sólo si, su candidata (y desde luego él mismo) la encabezara.

    Al propio PT, que se abrió a la posibilidad de aliarse con Morena, le mandó decir que primero decline a favor de Delfina, y luego discutirían los términos de la alianza.

    Obviamente, nadie aceptó, y al menos panistas y perredistas ya abrieron la posibilidad de ir juntos rumbo a 2018. Sin El Peje como candidato, claro.

    Ahora bien, no sería la primera vez que el PAN y el PRD se aliaran en elecciones estatales. Ya lo han hecho en Oaxaca, Puebla, BCS, Sinaloa, Veracruz, y en algunos de esos estados han llevado como candidatos a ex militantes del PRI. El pragmatismo electoral que mejor resume el miedo a vivir fuera del presupuesto, envueltos en la bandera que esconde esas intenciones bajo la premisa aglutinadora de que el Peje es un peligro para México.

    Lo han dicho connotados panistas como el Jefe Diego, Javier Lozano, Ricardo Anaya, entre otros. Tampoco es un asunto novedoso.

    El PAN también ha establecido alianzas de facto con el PRI, como en 1988 y 2006, para cerrarle el paso a Cuauhtémoc Cárdenas y al propio Andrés Manuel en cada una de esas elecciones.

    II

    Gina Domínguez Colío, la vocera de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz hoy preso en una cárcel de Guatemala, fue detenida ayer acusada del desvío de recursos por al menos cien millones de pesos, aunque hay una denuncia que data de 2014 según la cual habría desviado 505 millones a empresas fantasma, por supuestos gastos de difusión de actividades del gobierno al que perteneció.

    Junto a Gina Domínguez, también está acusado Alberto Silva, quien la sustituyó en el cargo en 2014. Hoy es diputado y lo protege el fuero, pero la fiscalía veracruzana ya prepara la solicitud para iniciar el juicio de desafuero a ese personaje.

    Cito el caso porque guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en Sonora durante el padrecismo. De hecho, el secretario de Comunicación de Guillermo Padrés durante sus seis años, Jorge Morales Borbón estuvo preso durante casi doce meses, acusado de extorsión a particulares (una empresa de comunicación); actualmente enfrenta el juicio en libertad bajo fianza, y la semana pasada fue llamado a comparecer nuevamente en el Fiscalía Anticorrupción.

    Se trata, evidentemente, de asuntos distintos al que se le sigue por extorsión, y que pudieran tener relación precisamente con los delitos que hoy tienen a Gina Domínguez en la cárcel, y que están relacionados con el enriquecimiento inexplicable y el desvío de recursos públicos a empresas fantasma, generalmente relacionadas con la comunicación, especialmente portales de internet que durante el padrecismo aparecieron como hongos y de los que en su momento se dijo, no tenían mayor impacto en la sociedad, pero sí servían para facturar mensualmente sumas millonarias, mediante convenios de los que presuntamente Morales Borbón cobraba sus respectivos ‘moches’.

    La Fiscalía Especial Anticorrupción de Sonora es muy hermética en el manejo de esta información para no afectar el curso de las investigaciones, pero entre la gente relacionada con medios de comunicación, siempre han corrido las versiones sobre el enriquecimiento del ex funcionario y algunos de sus colaboradores, señaladamente el subsecretario Luis Enrique Montejano.

    En el caso de Veracruz también está en la mira el ex jefe administrativo de Comunicación Social, Luis Manuel Salgado González, pariente de Roberto Rubio Salgado, accionista de una empresa constructora llamada ‘Cordocons’, a la que habrían pagado unos 24 millones de pesos por ¡difusión de la actividad gubernamental!, pero en general, la Fiscalía veracruzana mantiene tres expedientes abiertos contra Gina y Alberto Silva, por presunto desvío de 3 mil millones de pesos durante todo el sexenio. ¡3 mil millones de pesos!

    Ignoro si en Sonora se hayan tenido esos alcances en el manoteo desaseado a las finanzas estatales, pero es un hecho que la Fiscalía ya está jalando los hilos de la madeja, y se podrían esperar sorpresas en las próximas semanas.

    Y a propósito de la Fiscalía Especial Anticorrupción, ayer se informó que obtuvo sentencia condenatoria para Hilario Valeriano Mendoza Agüero, ex alcalde de San Javier, condenado hoy a dos años y un mes de prisión, inhabilitación por ese mismo lapso y una multa de 3 mil 575 pesos.

    Este angelito, por cierto de filiación priista, se había ‘autovendido’ un predio propiedad del ayuntamiento, utilizando para la transacción, recursos del propio ayuntamiento, inmueble con valor de 365 mil pesos que ya ha sido recuperado, así como una suma de 38 mil pesos, mediante un convenio de reparación del daño.

    El sentenciado actualmente se encuentra libre bajo fianza, y podrá acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la sanción, así como también, podrá interponer el recurso respectivo contra la sentencia citada.

    III

    Como lo adelantamos desde la semana pasada, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la captura de cuatro sujetos, entre ellos tres menores de edad, y un adulto relacionados con el homicidio de Martín Pacheco, enfermero del Isssteson con quien mantenían rencillas personales.

    Fue un crimen que conmocionó a la sociedad hermosillense, sobre todo por el hecho de que Martín Pacheco ya había sido agredido por esas mismas personas una semana antes.

    Agentes de la AMIC y la Fiscalía General se aplicaron en las investigaciones y lograron identificar y ubicar a los agresores, que ya se encuentran tras las rejas. El adulto, que aparece como autor intelectual del homicidio podría alcanzar una pena de hasta 50 años de cárcel, mientras que los menores hasta cinco años.

    El crimen, lamentable por cualquier ángulo del que se le observe, tiene una arista aún más dolorosa: la participación de jóvenes entre 15 y 17 años sin el más mínimo respeto por la vida humana; dispuestos al asesinato a sangre fría y sin temor a las consecuencias, acaso pensando en la meritocracia que valora el crimen organizado para reclutar cuadros.

    No es un caso excepcional. Prácticamente en todos los hechos de sangre, enfrentamientos con armas de fuego, ejecuciones y tiroteos desde hace varios años, aparecen jóvenes que no rebasan los 25 años y en no pocas ocasiones, menores de edad.

    Algo muy serio debe estar pasando en la sociedad, y algo no se está haciendo bien desde el gobierno para que estemos ante una situación tan lamentable.

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