Prevalece impunidad en contaminación minera

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    A tres años del más grave problema de contaminación minera en el País, los habitantes de los siete municipios serranos dañados por el derrame tóxico reclaman que la empresa minera Grupo México cumpla con el compromiso de remediación del lugar, que construya las clínicas de atención a la salud, aporte recursos del Fidecomiso y construya las plantas potabilizadoras.

    Como vemos, a tres años del desastre ambiental causado por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, los siete municipios fueron abandonados a su suerte por la empresa cuprífera y por el gobierno federal.

    Los más de 22 mil habitantes serranos afectados por la contaminación minera en los ríos Sonora y Bacanuchi, no se han dado por vencido y siguen en pie de guerra por sus derechos, a pesar de que el Grupo México y Salud, Semarnat, Profepa y otras dependencias federales ya han dado carpetazo al caso del derrame tóxico.

    En esa perversa complicidad con empresa minera y gobierno federal han participado algunos jueces de distrito y el Tribunal Unitario que han desechado acciones legales contra el Grupo México, pero por fortuna la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción en la demanda promovida por la Asociación Civil Defensa Colectiva, para dejar un precedente en acciones colectivas en materia ambiental.

    Si bien en una reciente visita a Sonora, el secretario de Salud José Narro Robles, reconoció que falta atención en los problemas de salud de 360 habitantes sierreños afectados por el derrame tóxico de arsénico, plomo y aluminio así como otras sustancias contaminantes, consideró que el problema es más que de prevención que remediación del lugar contaminado, por lo que en nada ayuda esa visión a resolver el problema.

    Diversas investigaciones (Unison, UNAM, Semarnat) han demostrado a tres años del derrame tóxico, que aún persisten altas concentraciones de aluminio, plomo, arsénico, bario, etc., en estado soluble y subterráneo en el cauce del Río Sonora y Bacanuchi, lo cual ha afectado las actividades económicas, razón por la cual demandan que siga operando el Fideicomiso del Río Sonora por 15 años como fue pactado para resarcir los daños causados.

    Por parte del Ejecutivo estatal y del Congreso del Estado, se ha apoyado a la región serrana afectada por la empresa minera de Cananea, creando la Zona Económica Especial del Río Sonora para impulsar la comercialización de sus productos regionales, pero los habitantes de los siete municipios buscan que se reabra el Fideicomiso del Río Sonora, para que les entreguen los casi mil millones de pesos (de los dos mil millones de pesos del fondo) que faltó de entregar.

    La complicidad del Grupo México con el gobierno federal al decretar el carpetazo al Caso de contaminación minera al Río Sonora, es una muy mala señal para los siete municipios afectados por la empresa minera, por lo que nada se puede esperar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está más preocupada por cómo atender las acciones colectivas que el daño ambiental causado por el derrame tóxico.

    Sobre la lucha de los siete pueblos afectados por la contaminación minera, el dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, consideró que las acciones legales, colectivas e individuales, a que tienen derecho los afectados deben ser atendidas por el Grupo México, y en su caso, por los tribunales, para que la justicia lo alcance en la responsabilidad que le corresponde, así como a quienes en su momento como autoridad fueron omisos en el cumplimiento de su deber legal.

    SOLICITA CLAUDIA A SEGOB DECLARE ZONA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS

    Ante los graves daños causados por las pasadas intensas lluvias a la población en Hermosillo y Nogales, la gobernadora Claudia Pavlovich, solicitó a la Secretaría de Gobernación que declare Zona de Emergencia a ambos municipios.

    Por instrucciones de la gobernadora, fue el secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, quien hizo la solicitud oficial a Gobernación de declarar Zona de Desastre a Hermosillo y Nogales a fin de acceder a recursos financieros del Fonden para atender a 80 mil sonorenses afectados en ambas ciudades.

    El gobierno federal ha respondido en forma inmediata en otras ocasiones a la demanda de apoyo de emergencia de la gobernadora Pavlovich, para apoyar a los afectados en casos de desastres naturales causados por intensas lluvias, y esta vez no será la excepción para apoyar a Hermosillo y Nogales.

    En esto de las intensas lluvias, recordamos las históricas inundaciones en Empalme, las cuales han pasado a la historia luego de que hace un año la gobernadora Pavlovich ordenó realizar las obras de contención necesarias para evitar más daños a las familias que vivían en la zozobra en temporada de lluvias por temor a amanecer con el agua hasta el cuello.

    Ha propósito de enchiladas del Fonden, mismo que en gobiernos anteriores llegaba años después, si es que llegaba, por parte del gobierno estatal habría que ver si el Fondo Estatal para Atender Desastres Naturales, aprobado hace varios años por el Congreso del Estado, lo dejaron los padresistas con fondos económicos, si es que alguna vez funcionó, porque tal parece que esa ley nació muerta.

    DEMANDA CONGRESO A AYUNTAMIENTOS APLICAR LEY ANTICASINOS

    Otra ley del Legislativo que nació muerta, o no se atiende (tal vez porque choca con leyes federales o con complicidades) es la Ley Anticasinos promovida si no mal recuerdo por el entonces diputado local Samuel Moreno Terán, la cual establece reglas de operación contra los jugosos negocios de juegos y apuestas, a fin de combatir la ludopatía o vicio o enfermedad a las apuestas.

    El que vuelve a «poner el dedo en la llaga» en el combate a las adicciones, es el diputado local cajemense y presidente en turno del Congreso, Emeterio Ochoa Bazúa, quien propuso reglamentar los centros de apuestas para limitar el tiempo de funcionamiento.

    Ochoa Bazúa, propuso que los ayuntamientos expidan un reglamento para regular el otorgamiento de anuncias de operación a casinos, así como su funcionamiento, tal como lo establece la Ley publicada el 27 de junio del 2013 en el Boletín Oficial.

    Sonora tiene la tasa más alta de casinos del País con uno por cada 100 mil habitantes con 31 salas de juego. En Hermosillo están registrados 11 casinos; en Cajeme, 3; en Nogales, 5; en SLRC, 4; en Guaymas, 3; entre otros municipios como Navojoa, Caborca, Agua Prieta y Huatabampo.

    Es muy buena la propuesta del diputado Emeterio Ochoa, para luchar contra las adicciones, pero ¿Saben que va a pasar?. Nada, como nada pasó en el pasado, ni pasará en el presente, ni en el futuro. Los Casinos, son intocables. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)

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