SORPRESAS: cuando secretarios del gabinete de Claudia Pavlovich anuncian inversiones y obras y muestran maquetas o mamparas bien fregonas, la Gobernadora les advierte respecto a la obligación que tienen de que todo lo bonito que describieron, sea una realidad al concluir lo anunciado.
Quisquillosa la mandataria estatal en la verificación de todos los aspectos de la obra pública, desde la transparencia en los procesos de licitación, hasta los costos, calidad y tiempos de entrega, con el agregado que a ella no le van a contar, porque personalmente hace las supervisiones sobre el terreno.
Esa actitud vigilante también aplica en todo lo relativo a los servicios que presta el Estado e instancias en la que su gobierno es garante y por eso de pronto, sin mayor compañía que de José Gilberto “El Chino” Salazar, Lupita Soto, Manuel Puebla o de Germán Robles, se ha hecho la aparecida en Agencias Fiscales, Hospital General, Registro Civil, entre otras de atención al público, para verificar como andan las cosas y platicar con la gente.
TIMING: así ocurrió el pasado jueves cuando como el más común de los mortales, la mandataria se subió a una unidad del transporte urbano, la primera que pasó, con tan buena o mala suerte que en el criterio aleatorio, random o algo así, le tocó un camión en pésimas condiciones y como es natural la reacción no se hizo esperar y fue registrada por anónimo ciudadano que subió a las redes el material.
Luis Iribe
Un par de horas más tarde se hizo público el anuncio donde el Consejo Ciudadano de Transporte propone una tarifa de 11.50 para el transporte urbano en varias ciudades de la entidad, hecho que para los tradicionalistas en el manejo de medios de comunicación, generó la percepción de que ambas circunstancias estaban concatenadas de forma intencional.
Por nuestra parte no le dimos ningún crédito a dicha intencionalidad, por no tener pies ni cabeza los derivados de exhibir las pésimas condiciones de la unidad donde se trasladó la gobernadora, por un lado, y por el otro, dar a conocer el resultado del análisis de costos de los concesionarios para prestar ese servicio y la prospectiva de incrementar casi al doble las tarifas.
FALLIDOS: en el comunicado del consejo del transporte debió incluirse lo que bien precisó el director del rubro, Luis Iribe Murrieta: sólo se trató de una conclusión derivada de análisis técnicos y financieros, cuya aplicación deberá ser ponderada por la autoridad estatal, en función de un abordaje que agregue aspectos de orden social.
Esa precisión debería calmar las ansias oportunistas de esos tradicionales histéricos de la política, que urgidos de banderas que justifiquen el aire que respiran, incurren en francas estupideces como lo es el culpar a la misma gobernadora o incluso al alcalde Manuel Ignacio Acosta sobre un hecho hipotético y en el que en esta atapa no tienen nada que ver en el caso de la mandataria estatal, que en el caso del munícipe ni al caso.
Miguel A. Armenta
Por cierto, Miguel Angel Armenta, bisoño dirigente del PRD en Sonora y también en el uso de las redes sociales, bien haría en moderar ínfulas para no exhibir instintos propios de cretinos, como lo es acusar a la gobernadora de pretender robar a los usuarios del transporte, ubicándose ese sujeto incluso más abajo de la actuación simplona y cortoplacista de la nomenclatura del PAN.
MEDIANÍA: el debate ya inició con todos esos asegunes y luce como un hecho que el diferendo culminará con un incremento o actualización de las tarifas, cuando por lo pronto ya el panista dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, dejó ver que un peso más sería aceptable, rendija que confirma la condescendencia del representante de la UU en el Consejo Ciudadano que se abstuvo de votar, cuando técnicamente debe saber que la abstención en cualquier votación se suma a la mayoría.
Podríamos adelantar que seguramente, en el mediano plazo se concretará una amalgama en la que se decida un incremento de tres pesos, con la concurrencia de un subsidio del Gobierno Estatal, con especial énfasis a estudiantes y personas de tercera edad, la solidaridad del sector comercio e industrial, receptores directos de los beneficios o perjuicios de la movilidad de la gente, así como la responsabilidad de los concesionarios, todo enfocado en el objetivo de avanzar en la modernización del transporte urbano de la entidad.
Ignacio Peinado
ENERGÍA: la persistencia y claridad de objetivos del experto en transversalidad para atacar rezagos sociales rinde nuevos y más frutos, al resultar todo un éxito el arranque en Hermosillo de la Segunda Temporada de la Feria de la Energía y la afiliación de al menos 10 mil 500 familias para que puedan acceder a reducciones importantes en el costo de sus consumos de energía eléctrica.
Muy bien le fue al guaymense Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien desde hace siete años promueve la generación de energías limpias aprovechando el alto potencial de nuestra entidad, tanto en lo que se refiere a la solar como a la eólica, contando ya con un aerogenerador en operación en Puerto Peñasco, y otro similar en proceso de instalación en ese mismo lugar y que entrará en funcionamiento para octubre próximo.
Fueron cientos los asistentes al evento llevado a cabo en populoso sector capitalino, interesados en reducir los costos del consumo de luz y departir con el aún joven valor de la política sonorense, quien estuvo acompañado de su esposa Patty y sus hijas Patty y María Paula, así como por el alcalde “El Maloro” y el acuerpamiento de por ejemplo el diputado federal, Ulises Cristópulos; los diputados locales, David Palafox, Iris Sánchez, Flor Ayala, Kitty Gutiérrez y el representante de la gobernadora, el titular de la SEC, Ernesto de Lucas Hópkins, todos con boleto para el 2018.
Antonio Astiazarán
ANTECEDENTE: en efecto, puntual la información respecto a los antecedentes del titular del membrete Observatorio Ciudadano Sonora, Manuel Emilio Hoyos, quien por supuesto debe saber mucho de asuntos de seguridad pública, por su privilegiada posición en la entonces Policía Judicial del Estado en los tiempos del gobierno de Armando López Nogales.
Duro el referente cuando la contraloría estatal entonces a cargo de Guillermo Balderrama, reveló que la PJE había sido convertida en un negocio de familia encabezada por el jefe del clan, Manuel Emilio Hoyos, padre, titular de la corporación, quien luego de la balconeada, debió desmantelar la franquicia.
Incluso, en esos tiempos se le señaló como “cobrador” de bases de la corporación y ya agotado el sexenio lopeznogalista, el ahora protagónico inquisidor en todo lo que se refiera a todo lo relativo a la seguridad, fue detenido en el cruce de la frontera en Nogales, por conducir un lujoso vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.
No tenemos idea si esos antecedentes lo descalifiquen para su renovada perspectiva o pongan en duda el manejo que hace de sus quesitos y barritas estadísticas o que últimamente ya esté dando color partidista, y se acrecienten rencores familiares en contra del “sistema priista”.
Lorenzo de Cima
TROGLODITA: luego de ser sometido de forma indigna por la dirigencia estatal del PAN y dejar se pisoteara la autonomía del municipio de Guaymas, el alcalde Lorenzo de Cima encontró quienes se la pagaran y no fueron otros que los regidores de ese ayuntamiento, al amenazarlos con darles de garrotazos, tal como según dijo, ocurría en el pasado.
Sin duda son riesgos de la democracia el que sujetos de esa catadura puedan acceder a puestos públicos de tanta responsabilidad y que se atreve a fantasear sobre un pasado que nunca ocurrió con el fin de justificar reacciones violentas em contra de quienes cuestionan su frívola y alocada actuación al frente de la comuna porteña.
Miren, a pesar de escenarios complicados durante sucesivas administraciones en Guaymas, ni por asomo han ocurrido hechos que requirieran garrotear a funcionarios municipales o a regidores, agresiones que según el orate él siempre detestó, en el marco de un estado mental que debería ser tratado por profesionales de la psiquiatría.
Las cosas andan mal para el orate y no por nada 12 de los 21 regidores, incluidos varios del PAN, firmaron un documento donde se retira el voto de confianza para el nombramiento de funcionarios, para de esa forma, el cuerpo edilicio recupere dicha prerrogativa de ley, que obviamente ahora no está en buenas manos.
