La mañana de ayer, agentes de la Fiscalía Especial Anticorrupción catearon el rancho de Roberto Romero López; en el operativo participó personal de la Comisión Nacional del Agua y de la secretaría de Agricultura estatal.
El rancho está ubicado en la ribera oriental del Río San Miguel, donde el propio ex secretario de gobierno mandó levantar un gran bordo de tierra para proteger su propiedad ante las eventuales crecidas de ese río en tiempos de lluvia.
Este asunto se complicó hace unos cuatro años, cuando pobladores de El Tazajal sufrieron las consecuencias de esa obra, ya que las aguas inundaron sus viviendas y negocios una vez que fue alterado el cauce natural del río. Desde luego, a las plantaciones de nogal recién sembrados en el rancho del nuevo rico del pueblo, no les pasó absolutamente nada.
Roberto Romero López fue detenido el pasado 22 de mayo en Estados Unidos, luego de que su permanencia en ese país lo colocaba en un status de ilegal, ya que su permiso había vencido. Fue capturado junto con su esposa, Mónica Paola Robles Manzanedo.
Al ex secretario de Gobierno de Guillermo Padrés se le sigue un proceso en México, por el desvío de al menos 500 millones de pesos; operación en la que habría participado también Robles Manzanedo, ex diputada local, quien habría sido el brazo ejecutor de gestiones en dependencias federales relacionadas con el sector agropecuario, para ‘bajar’ fondos millonarios que jamás llegaron a productores, sino que fueron aplicados en sus propiedades, tanto en el rancho de referencia (donde sembraron alrededor de 30 hectáreas de nogales), y otras en el sur del estado, donde la pareja se convirtió súbitamente en arrendatarios de miles de hectáreas para sembrar trigo.
Sobre ellos, la Interpol había emitido una ficha roja para buscarlos en 182 países, aunque había muchas versiones en el sentido de que ambos se paseaban en el vecino estado de Arizona, donde fueron capturados cuando acudieron a renovar su permiso, de acuerdo a la versión oficial sobre el tema.
Los dos se encuentran detenidos en el Centro de Procesamiento Migratorio de Florence, Arizona, y ayer, de acuerdo con una nota aparecida en el periódico La Jornada, acudieron a declarar ante el juez de Migración de Eloy, Arizona, en relación a los presuntos actos de corrupción que se les imputan.
Mientras tanto, la PGR continúa los trámites para la deportación a México de esta pareja, para ser juzgados aquí.
Romero López y Mónica Robles forman parte de una lista de al menos 23 ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés (lista que encabezan el ex gobernador y su hijo), que han sido encarcelados por diversos delitos, todos relacionados con los abusos de poder que fueron el signo del padrecismo: tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, entre otros, y en la que aparecen también algunos empresarios, como Mario Aguirre, el más reciente aprehendido.
Integran esa herencia maldita de un sexenio para la historia negra de la política en Sonora, que finalmente llevó a su partido, Acción Nacional, a perder las elecciones en 2015, imposibilitados como estaban, para cubrir el desastre financiero y las secuelas que el atraco despiadado al presupuesto dejaron en materia de infraestructura urbana y descomposición del tejido social.
Una herencia que los panistas sonorenses llevan a cuestas, y que los descalifica cada vez que levantan la voz para cuestionar errores y omisiones del actual gobierno, tanto estatal como municipal. Y ojo: no significa que estos gobiernos vayan por la vida en un mar calmo de eficiencia y pulcritud, pero mueve a risa, por lo menos, que los responsables del deterioro sistemático en pueblos y ciudades, se tiren al piso pataleando puerilmente por temas de poca monta, pero además, en los que su pésimo desempeño como gobernantes tuvo mucho que ver.
Es patético ver la operación en redes sociales para descalificar la obra pública que ellos no solamente no hicieron, sino que descuidaron irresponsablemente. El caso de Hermosillo y sus vialidades es ejemplar. Lo mencionábamos en anteriores despachos: la ciudad quedó hecha un asco después de las administraciones de Javier Gándara y Alejandro López Caballero.
Los esfuerzos por reconstruir el cochinero que dejaron, han sido notables. La pavimentación, recarpeteo, bacheo y reparación de vialidades principales está a la vista y los trabajos continúan. Sin embargo, hay reconocidos militantes del PAN, ex funcionarios de gobierno y ex diputados, montados en una campaña para lloriquear hasta por las ‘rayitas’ que no habían pintado en esas calles reconstruidas, que ellos dejaron en el olvido, porque seguramente se embolsaron el dinero destinado para su mantenimiento.
El discurso crítico es válido y necesario. Los señalamientos sobre ineficiencia gubernamental, también. Pero que éstos vengan de quienes provocaron ese desmadre, hace recordar el cuento del ratero que grita “¡Al ladrón, al ladrón!”, para generar el caos que les permita seguir gozando del botín arteramente robado.
Una veintena de sus cómplices, desde las austeras celdas de diferentes cárceles del país y del extranjero, les recuerdan sin embargo que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y lo siento mucho, pero no la tienen.
II
Ayer se escribió otro capítulo de la crónica de un dedazo anunciado, mediante el cual fue impuesto Ignacio Lagarda Lagarda como cronista de la ciudad de Hermosillo, cargo que a partir de este año, será vitalicio.
En el camino quedaron tres aspirantes: el doctor en Historia Ismael Valencia, con quien me tocó compartir páginas durante varios años en el extinto Semanario De Acá; Mario Munguía Murillo, periodista e historiador, y René Morera, que más que cronista, es una crónica viviente. Ninguno de ellos, a juicio de los regidores de la comisión respectiva, cumplió con los requisitos exigidos.
El proceso fue, más que sinuoso, retorcido, pero finalmente se consumó lo que se veía venir, y el coordinador de asesores del alcalde Maloro Acosta ya es el cronista de la ciudad. Pero mejor les recomiendo leer la columna del colega y amigo Mario Munguía, donde explica detalladamente cómo se dieron las cosas. Usted la puede consultar en este, su portal favorito: http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=12053&categoria=3
III
La primera acción que llevó a cabo el nuevo Comisario de Policía y Tránsito, Jorge Andrés Suilo Orozco, fue remover al director de la Policía Preventiva, Julio César Rivera, designando en su lugar a Gerardo Jiménez.
El ex secretario del Ayuntamiento adelantó que también fueron removidos todos los Responsables de Zona, sustituyéndolos por agentes de la misma corporación, movimientos con los que busca la reestructuración del cuerpo policiaco, de manera que esté en mejores condiciones para abordar las exigencias ciudadanas de mayor seguridad en la ciudad, cual es la instrucción del alcalde Maloro Acosta.
“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que las cosas pasen; vamos a meter orden, disciplina, supervisión, estrategia, coordinación e inteligencia”, sostuvo en una entrevista de radio ayer por la tarde, con los colegas Jesús Olivas y Alfredo Ochoa, adelantando también que se queda en su cargo como Directora de Tránsito, Janet López.
Interesante también el anuncio en el sentido de que endurecerán sus políticas contra dueños de automóviles que circulan sin placas, con placas sobrepuestas o de organizaciones ‘Pafas’, estableciendo sanciones y en algunos casos, retirando los vehículos de circulación.
Vamos a ver cómo cae este anuncio entre los cientos, si no es que miles de propietarios de autos ‘chuecos’, que seguramente pondrán el grito en el cielo si el nuevo comisario les aplica el rigor de la ley.
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