Sorteo fallido y fraudulento

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    El último corte del Sorteo Especial 235 de la Lotería Nacional que se han vendido cuatro millones 179 cachitos, lo cual representa una recaudación de dos mil 89.5 millones de pesos, a penas suficientes para pagar los presuntos 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y un remanente de menos de 100 millones de pesos para ser aplicados al sector salud. 

    Pero la verdad y la realidad son más dramáticas, ya que sólo dos millones de boletos fueron colocados entre compradores ciudadanos o sea, que sólo mil millones de pesos son recursos frescos y el resto son resultado de la compra masiva de cachitos de dependencias con recursos públicos 

    Pero además, para lograr ese volumen de venta, tanto el INSABI como diversas dependencias del gobierno federal, desviaron al menos 700 millones de pesos de sus presupuestos para la adquisición de boletos para distribuirlos de forma gratuita, en el marco de un ejercicio similar al que saca dinero de la bolsa derecha para meterlo a la bolsa izquierda con fuerte merma. 

    Y no estamos elucubrando ni sacando cuentas al vuelo, porque tales datos fueron dados a conocer por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y por el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, previo al sorteo que se llevará a cabo este martes, en el marco de una mañanera donde con engolada voz el incompetente inquilino de Palacio Nacional, anunció que todo el dinero obtenido será para comprar equipos médicos para hospitales públicos, se entiende que luego de pagar premios. 

    Muy forzado Enrique Clausen

    Obviamente no le salieron las cuentas en tan alocada fantasía, ya que contrario a lo prospectado, no hubo esos seis millones de mexicanos víctimas de la engañifa de una propaganda fraudulenta y por eso, en lugar de los mil millones de pesos de utilidades ya pagados los premios, todo se reduce a pérdidas por compras de boletos con cargo a presupuestos oficiales, dejando ver que que una cosa es que muchos mexicanos hayan caído en la trampa populista en la elección del 2018 y otra que se dejen ser robados. 

    Incluso, si hospitales públicos resultan agraciados por el azar y un boleto regalado les da premio de 20 millones de pesos, será como lo del agua al agua: dinero público destinado a instituciones públicas, en lo que se considera como un pernicioso círculo con idiotas atorados en un callejón sin salida. 

    Incluso, el exguarura de López Obrador, Carlos Sánchez Meneses, coordinador de Infraestructura Hospitalaria del INSABI, entregó mil 51 cachitos para ser distribuidos en los hospitales que atienden la pandemia en Sonora, desfiguro al que tuvo que someterse el de por sí quisquilloso secretario de salud, Enrique Clausen, quien sin duda debió preferir que le derivaran esos 525 mil pesos en lugar de quedar sujeto a cuestiones del azar. 

    Ese sorteo es un fraude y en condiciones normales los organizadores deberían ir a la cárcel, al no reunir condiciones mínimas de certeza y donde las posibilidades de ganar son de 1 en seis millones, cuando en los sorteos normales de la Lotería Nacional, las posibilidades son de 1-10 de ganar cualquier premio, incluidos reintegros o de 1-60,000 de ganar el premio mayor. 

    A ocho años, en memoria de Eduardo Castro Luque

    No obstante a tan irrefutables realidades, increíble que se sumen a esa engañifa y publiciten lealtades al amo, personajes que al menos creíamos serios y comprometidos con la verdad y la honestidad e incluso aleguen sacrificios para poder gastar los 500 pesos por ese ridículo papelito, cuando sabemos que ya tienen dos años comiendo con manteca y engordando nominas oficiales con familiares, en otras palabras, enriqueciéndose a costa del erario. 

    ¿Y el avión? Se preguntarán. Pues nada, porque sólo fue el artículo gancho de una fracasada estrategia de comercialización de cachitos, sin ser parte de la rifa o sorteo más allá de las incontinencias presidenciales mañaneras, cuando además se atoró el proceso de venderlo y se mantiene embodegado con todo y la irremediable depreciación. 

    Y así se mantendrá sabe hasta cuando un aparato que costó cinco mil 113 millones de pesos, de los cuales ya se habían pagado mil 622 millones y ahora está en venta por dos mil 757 millones de pesos y sin clientes a la vista, no descartándose que en un par de años el orate vuelva hacer otra rifa de ese avión, pero sin rifarlo. 

    Todo lo anterior en un contexto marrullero de distracción ante el drama de más de 70 mil muertos por la pandemia del Covid-19 y los 60 mil homicidios dolosos, así como la debacle económica del país y como ingrediente adicional la fracasada trama construida en torno al Caso Lozoya, tema del cual ya no dice nada López Obrador, luego de darse a conocer los videos donde su carnal Pío recibe miles de pesos de dudoso origen y de saber que hay mucho más de ese material. 

    Por lo demás, este 14 de septiembre se cumplieron 8 años del artero asesinato de Eduardo Castro Luque, quien luego de pasar por encima de Jesús Félix Holguín en la elección por una diputación local con cabecera en Ciudad Obregón, estaba por rendir protesta como integrante de la legislatura estatal. 

    Célida López

    En la mañana de ese 14 de septiembre de hace 8 años, Castro Luke, Luis Alfredo Carrasco, Abraham Montijo y Abel Murrieta, también diputados electos, habían sostenido un desayuno con representantes del sector empresarial de Hermosillo, para escucharlos y profundizar en los datos por los que en el sur de Sonora se rechazaba la construcción del acueducto El Novillo. 

    Ya lo conocíamos y habíamos interactuado ocasionalmente durante las movilizaciones en contra de esa obra y en eventos de la campaña, pero ese día del desayuno, fue el más contundente y el más claridoso en su posicionamiento y respuestas, o sea, dio la nota, que en nuestro caso, la complementamos con una muy buena plática posterior antes de que se regresara a Ciudad Obregón. 

    Esa misma noche, al llegar a su casa fue atacado a balazos y asesinado, en el marco de una sórdida trama, que de acuerdo al resultado de la indagatoria, organizó su suplente Manuel Alberto Fernández Félix y ejecutaron con diversos grados de participación, Manuel Rodríguez, Wilfredo Alvarez, Joel Sánchez y Sergio Román Gil, quienes a los pocos días fueron detenidos, no así el autor intelectual de la marranada, quien a penas hace un año fue atorado en Jalisco. 

    Lamentables aquellos hechos que crisparon a la sociedad sonorense ya de por sí confrontada por el autoritarismo y soberbia del gobierno de Padrés, desnudando además el grado de bestialidad humana que puede generar la ambición política de un joven, que para lograr su meta decidió mandar matar a quien era presuntamente su amigo y aliado y que incluso, se atrevió acudir a su sepelio para dar sus condolencias a la esposa de la víctima, Rossana Coboj quien unos meses después asumiría la diputación que estaba reservada para Eduardo. 

    Mientras tanto, este fue un buen lunes para la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ya que mediante una inversión de 15 millones 657 mil 792 pesos en tres etapas, inauguró el Centro “Transformando Vidas”, que ubicado a espaldas del aeropuerto Ignacio Pesqueira, ofrecerá atención integral a menores infractores consumidores de drogas. 

    Rosario Quintero

    Dicho centro inicia operaciones con 20 menores, aunque cuenta con capacidad para 86, con áreas de dormitorio, tres médicos incluyendo a la directora del Centro, Angélica Mariel Martínez; un pediatra, un psiquiatra, tras psicólogos, dos trabajadores sociales y ocho enfermeros, bajo el esquema de un patronato integrado por Gabriel Urquides Coppel, como presidente; Cecilia Escalante Garza, secretaria; Lilian Mayitza Estrella Gil, tesorera y el médico Rogelio Rafael Sotelo Mundo, como vocal. 

    Por rumbos del congreso del estado reportan que por lo pronto salvaron el pellejo la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero y el de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, ya que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, votó en contra de la procedencia de juicio político, que en el caso de la alcaldesa mayita, en verdad se me hace aberrante dicha negativa. 

    A reserva de interiorizarnos más en la argumentación que puede considerarse exculpatoria de parte del legislativo, hasta donde estamos informados hay razones de sobra para someter a juicio político y destitución de esa señora, que en el caso del de Cajeme, no disponemos de elementos suficientes, solo que durante la mayor parte de la pandemia se la ha pasado de weva, sin reuniones de cabildo y tomando decisiones unilaterales. 

    Hasta donde sabemos, la argumentación de la mayoría de la comisión que preside Jesús Alonso Montes Piña, es que los señalados como corruptos, tienen procesos abiertos de investigación en otras instancias como lo son la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y que serán dichas instancias las que determinarán si se aplican sanciones, que también podrían llevar a la destitución del cargo. 

    Por supuesto que el coordinador de la bancada del PAN, Gildardo Real Ramírez reaccionó muy encabronado frente a la renuncia del legislativo de asumir lo que la constitución le faculta, que ya veremos cuales son los derivados de este halo protector tendido sobre dos autoridades municipales emanadas de MORENA, no faltando los amantes de teorías conspirativas que elucubran sobre acuerdos “de alto nivel”. 

    Cuentas públicas entregadas en el Congreso del Estado

    El único que votó a favor del juicio de procedencia fue el diputado del PAN, Jesús Eduardo Urbina, gravitando serias acusaciones de su parte en contra de los otros comisionados, incluida María Dolores del Río, Jorge Villaescusa, Montes Piña, entre otros no de MORENA, que en el caso de los comisionados por dicho partido, por supuesto que para eso están en el Congreso: proteger a los corruptos de su partido. 

    Y tal como lo adelantamos en el despacho anterior, este día el auditor Mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, entregó al Congreso del Estado el informe de resultados de las cuentas públicas del Estado, municipios, organismos autónomos de la administración estatal y municipios, así como sindicatos, en el marco de un proceso de rendición de cuentas que debe ser dictaminado por el Poder Legislativo de la entidad. 

    La recepción estuvo a cargo del diputado presidente, Luis Armando Colosio; el presidente de la comisión de fiscalización, Fermín Trujillo, la ya mantada Lola del Río y el ya mentado Villaescusa, entre otros. 

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