Para exigir un aumento a la tarifa y entrega de subsidios, de manera sorpresiva los concesionaros del transporte urbano agremiados en Sictuhsa amenazaron con un paro camionero este martes en varias ciudades, rechazando el gobierno estatal el chantaje al organizar un plan emergente con flotillas de taxis y camiones.
El gobierno de Claudia Pavlovich ha entregado casi 640 millones de pesos en subsidio a los concesionarios del transporte urbano, pero los voraces camioneros exigen además un aumento a la tarifa para pasar de 9 a 12 pesos, lo cual es rechazado de manera rotunda por el gobierno estatal.
El dirigente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), Luis Gerardo Moreno, anunció el paro camionero para este martes en Hermosillo, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa y Agua Prieta, debido a que no cuentan con los recursos necesarios para su adecuada operación.
“En lo que el Consejo Ciudadano (del Transporte) decide (aumentar la tarifa), pues la prestación del servicio es insostenible, el último año los costos se incrementaron demasiado, el diesel en lo que va del año se ha incrementado en casi cuatro pesos, eso para nosotros es nuestro principal insumo, nos impide prestar el servicio, cubrir los costos del combustible y cubrir las nóminas, es por eso que decidimos ya no salir el día de mañana hasta lograr un resultado”, dijo el dirigente de Sictuhsa.
El titular de la Dirección del Transporte, Carlos Morales Buelna, consideró una medida abusiva e injusta para el usuario la que tomaron algunas empresas integradoras del transporte, pues a pesar de los millones de pesos en subsidios entregados, siguen con su mismo “modus operandi” de chantajear al Estado, y prestando un servicio deficiente a los ciudadanos.
Además del pago de subsidios por 640 millones de pesos a los concesionarios del transporte, Morales Buelna dijo que les han brindado apoyos para la compra de unidades y la mejora de las mismas, sin embargo, a pesar de contar con estos recursos siguen con un manejo ineficiente de la administración de los recursos, al adeudar alrededor de 345 millones de pesos desde el 2012, en distintos rubros como son IMSS e Infonavit.
“El Gobierno del Estado rechaza y por supuesto está en contra de la medida abusiva, agresiva e injusta contra el usuario que algunos concesionarios del transporte urbano anunciaron en algunas ciudades de Sonora, el Gobierno no está de acuerdo con el chantaje que están montando estas empresas integradoras”, dijo el titular del Transporte estatal.
Así las cosas, la verdad de que no es nueva la medición de fuerzas entre los concesionarios y el gobierno estatal, pues si la memoria no me falla viene desde el gobierno de Beltrones cuando los camioneros retaron a la administración estatal realizando un plantón de cientos de camiones frente a la Casa de la Cultura en Hermosillo, donde ahora está el Centro Cultural Musas.
Y no hubo requisa ni cambios a la ley del transporte, sino que los concesionarios siguieron de aliados del gobierno estatal en turno y beneficiados de ese matrimonio por conveniencia.
En el gobierno de Eduardo Bours, los concesionarios del transporte recibieron millonarios apoyos a cambio de una modernización del servicio que nunca llegó, pues a pesar de que se les autorizó el aumento a las tarifas incumplieron con prestar el servicio con aire acondicionado y con la ampliación de rutas y horarios. En el boursismo nació el subsidio generalizado al pasaje de los estudiantes, mismo que después se redujo a solo dos viajes al día porque el costo del subsidio era estratosférico. Y lo sigue siendo al alcanzar los 15 millones de pesos al mes.
Cuando llegó la alternancia política a Sonora, el gobernador Guillermo Padrés intentó quitarse el yugo de los camioneros inventando hasta nuevas empresas de concesionarios, para tratar de eliminar a los camioneros agremiados a Sictuhsa por considerar que eran del PRI.
En esa medición de fuerzas entre Padrés y los concesionarios, hay quienes aseguran que el gobierno estatal estuvo detrás del atentado que le costó la vida a varios líderes del transporte de Ciudad Obregón, cuando se dirigían por la noche a Hermosillo a organizar una manifestación. Nadie investigó las ejecuciones de los líderes transportistas, ni hubo exigencia de justicia por parte de las organizaciones gremiales. Sus asesinatos quedaron impunes.
En el gobierno de Padrés, se llegó al colmo de robarles a los concesionarios 600 millones de pesos de un crédito aprobado por el Congreso del Estado para modernizar el sistema de transporte urbano. Los 600 millones de pesos nunca llegaron al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot). Los 600 millones de pesos son parte de los desvíos documentados contra el gobierno padresista que nadie sabe dónde quedaron, pero sospechan que en campañas panistas y en bolsillos de padresistas.
Para tratar de corregir el mal sistema del transporte urbano, el gobierno de Claudia Pavlovich planteó el mes pasado reformar la legislación para municipalizarlo, pero por las lagunas en las reformas y porque no había facultades plenas para los municipios para decidir en entrega de y quita de concesiones y en alzas de tarifas, se generó una polémica que obligó a retirar la propuesta, o se quedó “congelada” en el Congreso del Estado a pesar de que ya estaba aprobaba en comisiones.
Con esa postura de los concesionarios de retar al gobierno estatal, tal vez habría que replantear la reforma a la ley del transporte para municipalizar el servicio o reorganizar el sistema a fin de exigir transparencia en el manejo de recursos, porque no se puede estar premiando la ineficiencia entregando subsidios millonarios ni autorizando alzas de tarifas cada vez que se les poncha una llanta.
Veremos en que termina este nuevo capítulo de este cuento interminable, donde los camioneros siempre ganan. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
