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Expertos nacionales e internacionales coinciden en medidas para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas

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Además de los asesinatos, cualquier tipo de agresión contra periodistas requiere de la observancia por parte de las instituciones y de la sociedad civil para atender el problema sistémico y estructural de la violencia contra los profesionales de la información y el escenario de impunidad en América Latina, como las amenazas, la violencia cibernética y los delitos contra mujeres periodistas que llegan a ámbitos más amplios como delitos sexuales, comentaron especialistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil durante el seminario “Fortalecimiento de la Cooperación Regional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en América Latina” que realizó en México la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
 
En este sentido, el papel de las y los periodistas es crucial para mantener en la discusión pública cada uno de los casos de violencia contra sus compañeros del gremio, incluso para aportar datos que fortalezcan las investigaciones judiciales, para lo cual también es indispensable garantizar un entorno de prevención, protección y procuración de justicia, dijo Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información del Mercosur de la UNESCO, durante el acto global de la Oficina para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés).
 
Durante la Mesa 3, que abordó el caso de México, hubo coincidencia en que, para que exista un ambiente propicio que preserve la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, es necesario cortar las vías de financiamiento que permiten a diferentes actores abusar, sobornar y mantener los niveles de impunidad en sus crímenes, transformar las legislaciones para reducir el acoso a través de demandas por el llamado “daño moral”, que abren la puerta a la represión por parte de los objetos de investigación de los periodistas, mientras que para fortalecer las responsabilidades de prevención, protección y procuración de justicia, los países deben destinar mayor presupuesto.
 
En el debate moderado por la periodista Carmen Aristegui, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH), Luis Raúl González, recordó que una de las recomendaciones que ha emitido es que la Fiscalía federal y las 33 fiscalías estatales sean independientes del poder Ejecutivo. Además, durante el debate donde también participaron los titulares de Artículo 19 México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Directora del Semanario Zeta de Tijuana y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hizo un llamado a quitar los mantos de protección a la delincuencia y a cortar las vías de financiamiento que son las que les permiten abusar, sobornar y mantener los niveles de impunidad en sus crímenes.
 
Igualmente, se hizo un llamado a trabajar para invertir la balanza donde el costo político de las investigaciones periodísticas puede llegar a ser muy alto para los periodistas (acoso, represión, violencia) y el costo político por la represión es muy bajo todavía.
 
En el evento celebrado en el Auditorio “Jaime Torres Bodet” de Museo de Nacional de Antropología se señaló la urgencia de que las investigaciones se desarrollen con la debida diligencia, de manera imparcial y con enfoques especiales. Por ejemplo, evitar que los funcionarios públicos favorezcan hipótesis inverosímiles, priorizar la vinculación de los hechos con el trabajo de periodistas o activistas, agotar las indagatorias hasta el último de los actores involucrados para no sólo fincar responsabilidades a los actores físicos, sino también a los autores intelectuales de los crímenes.
 
Sobre la libertad de expresión y de opinión, durante las cuatro sesiones de discusión, las y los participantes expresaron que también se debe evitar cualquier tipo de estigma o criminalización contra la prensa que genere mayor vulnerabilidad y una doble agresión (revictimización) por parte de particulares o autoridades.