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La investigación del Consejo de Derechos Humanos detalla como los gobiernos de Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como los hutíes y los comités populares afiliados, han gozado de una “falta de responsabilidad generalizada” tras múltiples violaciones entre las que se incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, uso de minas terrestres y violencia sexual y de género.

Un informe sobre Yemen de un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos publicado este martes denuncia una serie de posibles crímenes de guerra cometidos por las diversas partes envueltas en el conflicto del país árabe durante los últimos cinco años.

Entre las violaciones humanitarias que describe el informe preparado por el Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales sobre Yemen se incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, y el bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria.

El Grupo, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encontró que tanto los gobiernos de Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, como los hutíes y los comités populares afiliados, gozaron de una “falta de responsabilidad generalizada” en cuanto a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El informe pide el cese inmediato de todos los actos violentos cometidos contra los civiles y exige a las partes que adopten medidas para protegerlos y garantizar la administración de justicia para todas las víctimas.

Insta a terceros Estados a abstenerse de suministrar armas que puedan utilizarse en el conflicto y les recuerda que están obligados “a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario por todas las partes en el conflicto”.

Cinco años de violaciones continuas

El Grupo de Expertos realizó más de 600 entrevistas a víctimas y testigos, examinó múltiples documentos e investigó casos representativos que sirvieron para establecer pautas de conducta que mostraran presuntas violaciones de los derechos humanos en Yemen desde septiembre de 2014.

El presidente del Grupo, Kamel Jendoubi, señaló que “las violaciones contra civiles yemeníes continúan sin cesar tras cinco años de conflicto, con un total desprecio por la difícil situación de la población y la falta de acción internacional para exigir responsabilidades a las partes en el conflicto”.

Los expertos encontraron “motivos razonables” para creer que las hostilidades de las partes en conflicto causaron un impacto extremo en la población civil y que muchas de ellas “podían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

Del mismo modo argumentaron que los actores implicados son responsables de la privación arbitraria del derecho a la vida, de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura, malos tratos, reclutamiento de niños, violaciones de las libertades fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales.

El Grupo identificó a un número indeterminado de personas que podrían ser responsables de crímenes internacionales y presentaron una lista confidencial de nombres a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo, especificó que, en caso de no poder identificar a algún individuo, se reconoció al grupo responsable.

La comunidad internacional, responsable por omisión

“Esta impunidad endémica -por las violaciones y abusos cometidos por todas las partes en el conflicto- no puede tolerarse más. Las investigaciones imparciales e independientes deben habilitarse para exigir responsabilidad a quienes no respeten los derechos del pueblo yemení. La comunidad internacional tiene que dejar de hacer la vista gorda ante estas violacionesy la intolerable situación humanitaria”, dijo el presidente del Grupo.

Jendoubi calificó como “inhumana” la falta de acceso a medicinas, agua y alimentación que sufre la población yemení y dijo que esta restricción “debe cesar de inmediato”. Añadió que “la supervivencia de los 24 millones de personas necesitadas debería ser la prioridad“.

El Grupo también mostró su contrariedad ante el posible uso del hambre como método de combate “ya que esos actos contribuían a privar a la población de cosas indispensables para su supervivencia”.

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