París, 8 de diciembre — El equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de la UNESCO va a llevar a cabo una campaña dirigida a los jóvenes, #QuienEsResponsable, para promover el carácter exigible del derecho a la educación, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, que tiene lugar el 10 de diciembre.
Actualmente, en casi la mitad de los países del mundo hay ciudadanos que no pueden llevar a sus gobiernos ante la justicia si estos vulneran el derecho a la educación, a pesar de que todos los países han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que garantiza algún aspecto del derecho a la educación. Asimismo, este derecho está garantizado por el 82% de las constituciones nacionales del mundo, pero solo el 55% de los países permiten a sus ciudadanos llevar a sus gobiernos ante la justicia por vulnerar el derecho a la educación. Hasta la fecha, los ciudadanos han emprendido acciones legales solamente en el 41% de los países.
“Los jóvenes desempeñan una función esencial a la hora de pedir cuentas a los gobiernos sobre la prestación de una educación de calidad y equitativa”, afirma la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. “El Informe GEM muestra que podemos colaborar para mejorar los sistemas educativos y aportar nuestra contribución para alcanzar nuestro objetivo en materia de educación. Nos gustaría contar con su ayuda para pedir a los gobiernos que el derecho a la educación sea exigible jurídicamente”.
En los países donde son posibles, las acciones legales han dado lugar a la modificación de leyes y políticas injustas. Así, el poder judicial instó a Colombia a establecer la enseñanza primaria y secundaria gratuita. En Argentina, se consiguió incrementar el gasto en enseñanza preescolar. En la India, se logró la inclusión en el sistema educativo de los niños con VIH/sida, y en Sudáfrica los tribunales obtuvieron mejoras en las infraestructuras escolares.
En palabras de Manos Antoninis, Director del Informe GEM, “los gobiernos son responsables del derecho a la educación. Si los gobiernos no cumplen lo que prometieron, deberíamos poder reclamar judicialmente nuestro derecho a la educación. De lo contrario, los tratados internacionales de derechos humanos no son más que papel mojado”.
La campaña se llevará a cabo coincidiendo con la presentación de la versión dedicada a los jóvenes del Informe GEM de 2017/18, relativo a la rendición de cuentas, que pone de manifiesto la capacidad de los jóvenes para pedir cuentas a sus gobiernos sobre la prestación de una educación de calidad y equitativa.
En Chile, los estudiantes empezaron a protestar contra la privatización y la segregación socioeconómica de la educación en 2006. Debido a ello, el nuevo Gobierno introdujo las mayores reformas educativas realizadas en 30 años, destinadas a hacer frente a algunas de las peores consecuencias de la privatización. En 2016, la matrícula gratuita se amplió a los estudiantes más pobres de ciertos tipos de instituciones de educación terciaria.
“Si los estudiantes están pensando en movilizarse para reclamar su derecho a la educación, no existe una receta única”, comenta Camila Cociña, que participó en el movimiento estudiantil en Chile. “La única forma de conseguir una transformación profunda es organizarse, pensar colectivamente, definir las demandas principales y dar impulso a la movilización por distintos medios: ocupando las calles, negociando con los interesados, debatiendo, convenciendo y aprendiendo. En una causa colectiva como esta, se necesita a todo el mundo, pero nadie es imprescindible”.
Las protestas #FeesMustFall (“Hay que acabar con las tasas”), que tuvieron lugar en Sudáfrica en 2015, fueron las mayores movilizaciones estudiantiles a nivel nacional desde 1976 y tenían por objeto denunciar que los más pobres quedaban excluidos de las ayudas económicas para la enseñanza superior. Las protestas desembocaron en la congelación de las tasas de matrícula y en la realización de un estudio sobre las posibles soluciones. En uno de los paquetes de recomendaciones, publicado en noviembre de 2017, se prevé la creación de préstamos para estudiantes que solo se reembolsarían una vez que los ingresos de los graduados lleguen a un determinado nivel.
“El progreso nunca está tan lejos como uno piensa”, afirma Dylan Barry, que dirigió el equipo de investigación económica sobre las protestas estudiantiles #FeesMustFall en la universidad sudafricana de Witwatersrand en 2016. “La lucha para arreglar nuestro sistema de educación superior continúa, pero las protestas de #FeesMustFall mostraron el poder que aún tienen los estudiantes”.
Los gobiernos deben velar para que el derecho a la educación sea jurídicamente exigible. Para aumentar las posibilidades de que eso ocurra, se necesitan al menos tres condiciones: concienciación de la opinión pública sobre el derecho a la educación, apoyo jurídico por parte de organizaciones de la sociedad civil, y lucha para obtener la protección de derechos complementarios para las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Consulte este enlace para más información y para unirse a la campaña.
