Las redes sociales son, a no dudarlo, e independientemente de los necesarios filtros para procesar la información que en ellas fluye, un indicador válido del ánimo ciudadano respecto a temas que atañen, sobre todo en su entorno inmediato.
El tema del transporte público, por ejemplo.
El paro camionero que realizaron ayer los concesionarios agrupados en Sictuhsa fue exitosamente desactivado por un operativo organizado desde el gobierno y en colaboración con otros concesionarios (taxistas y camioneros) y, aunque no faltaron los que aprovecharon el río revuelto para pescar unos pesos de más, en términos generales no se registró el caos que algunos preveían.
No es, como decíamos ayer, la primera vez que se registra un encontronazo entre concesionarios y gobierno, aunque esta vez las cosas podrían tomar un derrotero distinto.
El gobierno ya inició el proceso de rescisión de las concesiones, argumentando adeudos e incumplimientos, una medida que en su mayoría fue celebrada en la opinión pública, entre usuarios y distintas voces que se manifestaron a través de las redes. Todo parece indicar que la gente ya está harta de este conflicto recurrente en el que sólo se ha “pateado el bote” dejando de lado una solución definitiva.
Quizás en esta decisión también haya influido el hecho de que la vieja premisa en el sentido de que el sector transportista representaba una importante cantidad de votos para el partido en el gobierno (cualquiera que éste sea) y por ello valía más un mal arreglo que un buen pleito, ha dejado de tener validez. Sobre todo, a raíz de los resultados del pasado primero de julio.
Es decir, pareciera que esta vez, el gobierno del estado gana más de lo que pierde en términos de consenso ciudadano, si se anima a rescindir las concesiones y replantear un esquema más eficiente para otorgar el servicio, ya sin los mismos protagonistas de una trama en la que todos se benefician, menos el usuario.
Por lo pronto, ayer por la tarde el director del Transporte en el estado, Carlos Morales Buelna anunció que ese proceso de recisión ya inició con las notificaciones correspondientes, pero al mismo tiempo, se rescindieron contratos sobre 79 unidades que el gobierno del estado arrienda a concesionarios a razón de 20 mil pesos mensuales. Ese sí es un hecho consumado.
Los dirigentes de Sictuhsa, por su parte, resintieron esta medida y anunciaron que este miércoles repetirán la dosis y no saldrán a las calles a prestar el servicio. Desde el gobierno, anunciaron que a su vez repetirán el operativo para no dejar a los usuarios sin alternativas de movilidad.
Advirtieron también que el cobro de una tarifa superior a la establecida en la ley (8 y 9) pesos, es causal de cancelación de la concesión.
La escalada en este conflicto viene en serio y así lo advertimos ayer por la mañana, cuando entrevistando a la gobernadora sobre el tema, se mostró bastante determinada a no ceder a chantajes (así lo definió) y al advertir que el retiro de las concesiones es un tema que, junto con otros, permanece en la mesa.
Veremos hasta dónde Sictuhsa estirará la liga de sus presiones, y qué tan sincera es su disposición a devolver las concesiones que han explotado durante décadas.
Por lo pronto, este miércoles hay un nuevo paro de camiones y un nuevo operativo de transporte alterno.
II
Paréntesis para dejar constancia de lo ocurrido hoy en el senado de la República, donde el inefable Partido Verde, que recientemente anunció su abandono de la alianza con el PRI “para votar con mayor independencia”, abonó su primera dosis de lealtad al nuevo patrón, en este caso Morena, a cambio de que los senadores de este partido aprobaran el regreso del gobernador Manuel Velasco a sus funciones como tal en Chiapas, para terminar su gestión.
Velasco modificó la constitución de su estado para permitirle acceder a un escaño en el senado como candidato de lista, rendir protesta, solicitar licencia y regresar al ejecutivo estatal para concluir su mandato, y luego regresar al senado.
En una primera votación, Morena votó en contra de la licencia, pero al votarse por segunda ocasión, cambiaron el sentido de su voto y validaron las intenciones del gobernador chiapaneco. Después se supo que el Partido Verde (al que pertenece Velasco), cedió cinco de sus senadores para que Morena cuente con la mayoría absoluta en el senado.
Cualquier parecido con las viejas prácticas priistas de negociación y cooptación, no es mera coincidencia.
Por cierto, la senadora por Sonora, Lilly Téllez votó a favor de la machincuepa del gobernador Tucán. Alfonso Durazo estuvo ausente.
III
Donde las reformas constitucionales recientemente aprobadas comienzan a aplicarse en la vida institucional del estado, concretamente en el Poder Judicial, donde por primera vez es el presidente del mismo quien asume un papel protagónico en la designación de nuevos magistrados.
La práctica común era que el titular del Poder Ejecutivo decidiera sobre esos cambios, y en el pasado reciente se cometieron algunos excesos, como el recordado proceso que culminó con el nombramiento de Sebastián Sotomayor como presidente del STJE, en aquel bizarro episodio en el que, ante la imposibilidad de que dicho nombramiento fuera aprobado en el pleno del Congreso, el trámite se hizo por correo electrónico y sanseacabó.
Esta vez, fue el presidente (por cierto, relevo de Sebastián Sotomayor) del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez Rodríguez quien se hizo cargo del relevo de dos magistrados que dejaron su encargo al llegarse la fecha de su jubilación.
Gutiérrez Rodríguez recogió la propuesta del pleno del STJE para que Elvia Zataráin Andablo y Javier Enríquez Enríquez sustituyeran a Sandra Luz Verdugo Palacios e Irma Vega; propuesta que fue presentada a la titular del Ejecutivo, respetando ésta la decisión del pleno del Poder Judicial.
El siguiente paso es que la gobernadora envíe las propuestas al Congreso del Estado y sea ese Poder quien las apruebe o las rechace. Son pues, las nuevas reglas del juego para el equilibrio de poderes en Sonora.
IV
En los últimos días se ha notado una cargada mediática para llevar a la hoguera al ex alcalde Maloro Acosta que, si bien dejó asignaturas pendientes, también presentó buenas cuentas en varios rubros.
La administración que le tocó concluir a Angelina Muñoz Fernández deja números positivos, por ejemplo, en materia de rendición de cuentas, y eso sólo puede valorarse si se contrasta con los números dejados por otros alcaldes.
Veamos: en su tercer año de gestión, Alejandro López Caballero dejó una cuenta pública calificada con 6.9; para 2017 esa calificación subió a 8.2 y se espera que la cifra mejore al cierre del trienio.
Otro dato generado por los organismos encargados de las auditorías y rendición de cuentas establece que de un 68% en transparencia obtenido en 2015, creció a 98.8% en 2017, lo que llevó a Hermosillo al segundo lugar nacional de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Las cuentas públicas del ayuntamiento han sido de las menos observadas en los últimos años, y la sospechosista lectora, el avezado lector se preguntarán no sin razón, por qué entonces la crisis de liquidez que estamos observando en estos días y que heredará la próxima alcaldesa Célida López.
Si nos atenemos a esos datos, no es que se hayan desviado recursos, sino que, como dijo aquél famoso alcalde de un pueblo de la sierra durante su último y brevísimo informe de gobierno que constó sólo de cuatro palabras: “lo que entró, salió”.
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